Las pensiones son palabras mayores. Dan y quitan victorias electorales. Hablamos de más de nueve millones de personas. El PP sabe que es un colectivo tan heterogéneo como sensible, y ayer decidió romper una de sus reglas no escritas -la de no anunciar el sentido del voto hasta el momento mismo de la votación en el Congreso– para demostrar su compromiso con él. Los populares comunicaron que votarán a favor del nuevo decreto ómnibus, troceado y recortado, sí, pero que contiene no sólo la revalorización de las pensiones con respecto al IPC (2,8%) y las ayudas a la dana y al transporte público, sino, también, algunas de las medidas que el PP rechazaba de manera categórica una semana antes.
Por ejemplo, el traspaso del palacete de París al PNV. Pero hay una salvedad: cuando pulse el botón de «sí», el partido de Alberto Núñez Feijóo no votará a favor de que se le ceda a los nacionalistas el edificio. Aunque lo ponga en el decreto. ¿Por qué no? Por la sencilla razón de que el inmueble ya es propiedad del PNV, que lo registró durante el mes de vigencia del decreto que tumbó la semana pasada el Congreso. Lo que hace el nuevo decreto es ratificarlo en busca de mayor seguridad jurídica.
Conque el PP se pone una pinza en la nariz respecto al palacete y anuncia que votará a favor del decreto para escenificar su apoyo a los pensionistas, a los afectados por la dana y a los usuarios de transporte público. Aunque los votos populares ya no sean imprescindibles, toda vez que Junts ha pasado por el aro y Sánchez ya tiene atada la mayoría absoluta.
«No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte». Así lo anunciaron ayer fuentes del PP. «Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece», añadieron. Sobre todo, el PP valida el troceo del decreto y, por tanto, no ve con malos ojos apoyarlo. «Ya han caído medidas de las que pretendían colar. Y seguiremos. Rechazaremos la subida del IVA en el plan fiscal, seguiremos defendiendo el desalojo inmediato de okupas y llegaremos hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos», añaden. «Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde», se figuran las mismas fuentes.
La decisión de apoyar el decreto se produjo tras un debate interno en el que claramente ganaron la partida los autodenominados «moderados» del PP. «Hay mucho debate entre los moderados y los bruscos, pero todos compartimos que los pensionistas están por encima de cualquier tacticismo de Sánchez y de cualquier estrategia de oposición», asegura a este diario uno de los principales dirigentes de Génova.
Otros miembros del ala moderada de los populares también celebraban ayer que, con el anuncio del voto favorable, Sánchez ya no podrá activar su plan de aglutinar a sus partidarios por contraposición al PP: «Rompiendo el relato a Sánchez». De hecho, en Génova creen que el presidente del Gobierno incluyó el palacete del PNV, aunque ya esté transferido, para forzar que el PP votara «no» y poder así acusarlo de zancadillear a los pensionistas.
Esas mismas fuentes destacaron que fue Feijóo quien capitaneó personalmente la decisión de anunciar el sentido del voto y quebrarle así los esquemas a Pedro Sánchez. En los cuarteles generales del poder territorial del PP también cayó muy bien el giro de guion.
Fuentes de algunas de las principales baronías coinciden unánimemente en el verbo «acertar». Y aseguran que ellos, en términos generales, no habían reclamado este movimiento, pero sí reconocen que lo ansiaban, porque una vez que el decreto queda reducido a las medidas fundamentales, el caso del palacete quedaba en segundo plano. Sobre todo, cuando su inclusión es simbólica -el PNV ya lo registró- y busca principalmente dotar de «seguridad jurídica» al traspaso, por si Vox y el PP abren una batalla legal.
Génova se reserva acciones jurídicas contra la transferencia del palacete de 1.309 metros cuadrados, ya que cree que no ha quedado acreditado en ningún caso que la titularidad del edificio fuera del PNV, por mucho que este partido impulsase la compra. Sí que se ha constatado que la iniciativa de comprarlo fue de los jeltzales, pero para que fuera sede del Gobierno vasco en el exilio. De hecho, nunca fue sede del PNV y nunca se consideró formalmente una cesión del partido al Ejecutivo regional.
Hay otra derivada no menor de esta decisión del PP: haber desvelado ya que apoyará la convalidación del decreto-ley le quita toda la presión que iba a verter sobre él el PSOE durante el tiempo que tarde el Congreso en votar la norma -el plazo máximo es un mes-.
Además, le permite al PP cambiar el paso y enfocarse en su nuevo plan de vivienda, que Feijóo presentará este mismo jueves en Madrid, sin que el decreto planee sobre cada cosa que diga.
Para el PP, «España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado». «Ni siquiera es capaz de presentar un Presupuesto. España necesita política que sirve», añadieron las fuentes de Génova.
En el Gobierno creen que el PP ha cambiado de posición por miedo a quedarse sólo en su voto contra los pensionistas. Portavoces del Ejecutivo repitieron ayer que Feijóo está en contra de esta revalorización, pero lo cierto es que el pasado miércoles 22, cuando se tumbó el decreto ómniobus en el Congreso, el PP ya presentó una iniciativa casi idéntica a la del PSOE para actualizar estas prestaciones con arreglo al IPC, o sea, un 2,8%.,
El Gobierno logró salvar su decreto de medidas sociales en una negociación llevada al límite con Junts que implicó dos nuevas cesiones a los independentistas: aceptar que el Congreso debata si Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza y trocear el decreto, dejando fuera todo el paquete económico. Dos asuntos a los que, hasta ayer, se había negado La Moncloa. Pese a ello, desde el Gobierno defienden que todo obedece a la «complejidad» y «dificultad» parlamentaria y no al hecho de que estén sometidos a lo que dictamine Carles Puigdemont en cada ocasión.
