El sector del porcino de capa blanca constituye uno de los sectores claves de la actividad agraria y un soporte importante en el territorio rural. Los datos: un censo que supera los 30 millones de animales, algo más de 86.000 explotaciones, el sacrificio de más de 40 millones de cabezas, con una producción de carne en el entorno de los cinco millones de toneladas por un valor de unos 11.000 millones de euros, unas exportaciones medias de 2,9 millones entre carnes y productos derivados de casi 9.000 millones de euros en un centenar de países que le convierten en uno de los sectores de referencia en el mundo.
Frente a estas cifras que reflejan la existencia de una actividad potente, los ganaderos se enfrentan hoy también a dos riesgos que pueden afectar al rumbo de su trabajo. De una parte, las nuevas exigencias en materia de bienestar animal emanadas de un reglamento comunitario y adoptado ya por la Administración española. Por otro lado, aún con interrogantes, los efectos que ocasionaría una batalla arancelaria en los mercados mundiales provocada por Estados Unidos.
En materia de bienestar animal, además de diferentes exigencias en cuanto el tipo de comederos, bebederos, transporte, técnicas de sacrificio…, los ganaderos deberán aumentar el espacio disponible por cada animal en libertad, lo que para el conjunto de la explotación se estima entre un 14% y un 17% para mantener el mismo número de cabezas. Estas nuevas exigencias suponen una amenaza y, a la vez, un reto los ganaderos. Estudios técnicos señalan la necesidad de una inversión de unos 300 millones para adaptar las actuales instalaciones en España, cifra que se elevaría a más de 500 si se amplían las mismas con el objetivo de mantener la producción. La otra salida es no invertir y el abandono de la actividad. Administración y sector negocian la modificación de la normativa tanto para ampliar los plazos de ejecución, como de las propias exigencias de bienestar animal.
La aplicación en las granjas de las normas sobre bienestar animal emanadas de la normativa comunitaria se concretaron en un real decreto de 2023 por el que se daba un plazo de dos años hasta el 8 de marzo de este año para la ejecución de las mismas. Finalmente, ese periodo para la aplicación de esa disposición, consecuencia de las negociaciones de la Administración con las organizaciones agrarias, se aplazó para su entrada en vigor a los tres años, hasta marzo de 2026, según una reciente y última disposición del Ministerio de Agricultura.
La nueva disposición regula, en primer lugar, al espacio disponible en la granja para cada animal y que va de 0,20 metros para un animal con menos de 10 kilos, 0,65 para uno de entre 50 y 60 kilos, de 0,65 a 0,74 para animales de cebo hasta 1,3 metros cuando los mismos superasen los 130 kilos. Agricultura contemplaba también la vigencia de controles en base a la redacción de un Plan de Bienestar animal en las explotaciones, conectarse con el Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal, más protección para los animales en las tareas de matanza y, en la propia granja, evitar ruidos, gases, disponer de luz suficiente y el mantenimiento adecuado de comederos y bebederos
Las organizaciones agrarias coinciden en la defensa del bienestar animal como un plus para la producción de calidad. Entienden que es irrenunciable para el sector y para la sociedad. Asaja y Coag han solicitado a la Administración que su entrada en vigor se aplace hasta el año 2028 para facilitar a los ganaderos los procesos de reestructuración de la explotaciones para seguir y en muchos casos prolongar la actividad hasta el abandono. Desde UPA señalan la necesidad de un equilibrio entre la mejora del bienestar que supone elevadas inversiones para aumentar el tamaño de las granjas para producir lo mismo, con incrementando los costes y la rentabilidad de las explotaciones.
Además de las mayores exigencias sobre bienestar animal, el sector de pequeñas y medianas empresas debe sortear el relevo generacional y el poder de las macrogranjas en manos de grandes grupos.
