Entre los centenares de medidas que ha firmado Donald Trump en su segundo mandato como presidente de EE UU, una de las primeras fue la suspensión del programa nacional de admisión de refugiados. Esta orden ejecutiva asesta un golpe mortal al programa de reasentamiento de la ONU, ya que EE UU es el país del mundo que aceptaba al mayor número de beneficiarios: un 69% del total en 2024.
La medida fue bloqueada tan solo un mes después por un juez federal con el argumento de que tal decisión excedía las responsabilidades de la Administración. A esta siguieron otras órdenes judiciales pero, de facto, el Departamento de Estado ha rescindido los contratos con las principales organizaciones nacionales que trabajaban en la implementación del programa, y tanto la prohibición indefinida de aceptar refugiados como la congelación de fondos siguen vigentes a pesar de los llamamientos de todas las organizaciones.
Este lunes se volvió a pronunciar el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ya ha bloqueado otras medidas antiinmigración de Trump, indicando que la Administración debe reasentar a miles de refugiados que ya tenían vuelos programados hacia EE UU antes del 20 de enero (cuando Trump tomó posesión) y que fueron cancelados debido a la orden ejecutiva. Previamente, el Gobierno había declarado que solo reasentará a 65 refugiados afganos en los próximos meses.
El reasentamiento es una herramienta poco conocida, pero esencial para aquellos solicitantes de asilo y refugiados más vulnerables. Consiste en el traslado de estos desde un país en el que ya habían buscado protección a un tercero que les concede un permiso de residencia permanente o de larga duración. Está dirigido a aquellas personas más vulnerables que necesitan una protección urgente, como supervivientes de violencia o tortura, mujeres y niños en riesgo y otros individuos con necesidades de protección físicas o legales.
Más del 50% de los beneficiarios son mujeres y niñas, pues ellas a menudo enfrentan riesgos muy graves en sus países de acogida donde suelen vivir en campos de refugiados, recuerda Haruno Nakashiba, coordinadora sénior de reasentamiento y vías complementarias del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur). “Para ellas, puede ser una solución que les salve la vida y su única oportunidad para reconstruir un futuro en condiciones de seguridad”, señala esta representante en un correo electrónico.
Los beneficiarios de este programa son identificados y seleccionados por Acnur, aunque la decisión final queda a discreción del país de acogida. En 2024 fueron reasentadas en todo el mundo 116.528 personas. De ellas, alrededor de 80.000 (el 69%) fueron admitidas en Estados Unidos. El resto fueron principalmente a Canadá, Australia, Alemania y otros países de Europa y de la región de Asia-Pacífico. España, que desde hace más de una década incumple sus cuotas para reasentar refugiados, ha admitido a “más de 5.000 desde 2011″, según datos del Ministerio del Interior, y 742 en 2024, según Acnur.
La decisión empeora una situación que ya era preocupante antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, ya que los 116.528 refugiados reasentados efectivamente el año pasado suponen una parte ínfima de los 2,4 millones que necesitaban serlo.
Con la retirada estadounidense, la cifra que quedará será significativamente menor, y a esto se suma que en 2025 las proyecciones no son muy halagüeñas: Acnur calcula que 2,9 millones de personas necesitarán ser reasentadas, es decir, un 20% o 500.000 más que el año anterior. La razón de este incremento es la prolongación de situaciones que provocan desplazamientos masivos de población, como la guerra en Siria —donde, pese a la caída del régimen de Bachar el Asad el pasado diciembre, todavía 6,2 millones de sirios viven como refugiados fuera del país—. También contribuyen el surgimiento de nuevos conflictos, como en la República Democrática del Congo, o los impactos del cambio climático en forma de inundaciones, terremotos o sequías, que en 2024 obligaron a 6,6 millones de personas a abandonar sus hogares, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).
Ante el nuevo escenario, con el programa herido de muerte, Acnur ha pedido a los Estados que redoblen sus esfuerzos para garantizar que quienes más necesitan el reasentamiento tengan acceso a él. “Cada plaza de reasentamiento cuenta y debe valorarse, ya que puede ayudar a salvar una vida del peligro. Incluso una cuota considerada relativamente pequeña es un gesto importante de solidaridad y valorado por los países de acogida de refugiados”, subraya Nakashiba.
Las consecuencias en EE UU
Estados Unidos creó su programa de reasentamiento en 1980, con la aprobación por unanimidad del Acta de Refugiados en el Congreso, y por eso el juez federal de Seattle Jamal Whitehead alegó en su fallo a finales de febrero que Trump no podía suspender las operaciones, ya que eso implicaría una “anulación efectiva de la voluntad del Congreso”. “El presidente tiene un amplio margen de discreción para suspender las admisiones de refugiados. Pero esa autoridad no es ilimitada”, dijo Whitehead, según recoge AP.
Desde 1980, este país ha aceptado a más de tres millones de refugiados. Hasta ahora. Y los efectos de la decisión se empiezan a notar. “Más de 30.000 personas que llegaron en los meses previos han perdido el acceso a servicios esenciales. Decenas de miles más siguen en el limbo en el extranjero, incluidos 1.600 afganos que habían sido aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pero vieron cancelados sus vuelos en el último minuto”, apunta en un comunicado Refuge Point, una de las organizaciones de referencia en el país.
Las razones de la nueva Administración para dictar la orden ejecutiva es que el país se ha visto “inundado” de peticiones. “Estados Unidos carece de la capacidad de absorber grandes cantidades de migrantes, y en particular de refugiados, de una manera que no comprometa la disponibilidad de recursos para los estadounidenses (…)”, se lee en el texto de la orden. Estados Unidos es el país con mayor número de población extranjera en su territorio: 47,8 millones de migrantes en situación legal que hay en el país. Otros 14 millones viven en situación irregular. Pero, en el caso de los refugiados, esas “grandes cantidades” (los tres millones acogidos en el país desde que se aprobó la ley de 1980) suponen un 0,88% de los 340 millones de habitantes que hay en EE UU.
Frente a las razones que aduce la Casa Blanca, existe un estudio publicado el año pasado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que concluyó que, en el transcurso de 15 años, los refugiados y asilados aportaron 123.800 millones de dólares (unos 114.000 millones de euros) más a la economía del país de lo que recibieron en servicios.
