El PNV asegura que el palacete de la Avenida Marceau, en París, está «ya» en sus «manos» y es de su propiedad, a pesar de que el real decreto-ley por el cual se traspasaba no ha sido convalidado por el Congreso. Es decir: los nacionalistas ya lo han inscrito bajo su titularidad en el registro de la propiedad, durante el mes que ha estado en vigor el decreto, y eso ya es irrevocable.
El real decreto-ley que ha tumbado el Congreso este miércoles ya decía que el traspaso del edificio parisino se produciría al entrar en vigor la norma, no al convalidarse: «Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este partido».
Además, el decreto incluía una acotación: que su entrada en vigor -cosa que ocurrió el 25 de diciembre de 2024, un día después de publicarse en el BOE- ya constituía «el título traslativo del inmueble en virtud del cual se podrá hacer constar la transferencia en cualesquiera registros públicos». Y esto último es lo que ha hecho el PNV.
El traspaso a los nacionalistas del palacete parisino que fue sede del Gobierno vasco en el exilio, y que el PNV lleva décadas reclamando, abre para los nacionalistas vascos una operación económica histórica, que le puede reportar un enriquecimiento de más de 15 millones de euros. Y, muy probablemente, de más de 20, según tres tasaciones realizadas para este diario por empresas francesas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, arguyendo informes internos confidenciales, le dio luz verde a esta reivindicación histórica a pesar de que en 2003 el Tribunal Supremo desestimó el recurso del PNV contra el Gobierno de Aznar, que estipuló que el partido no tenía derecho a reclamar el inmueble por su «falta de acreditación de la titularidad». Es decir, porque, a ojos del Ejecutivo, no había conseguido probar del todo que se compró con los donativos de sus afiliados americanos en 1936, y porque «de los documentos aportados se destaca más bien la vinculación de dicha entidad con el Gobierno vasco», y no con el partido.
El PP aseguró que no podía apoyar la convalidación de un decreto que le daba ese «regalo» a los nacionalistas, pero el PNV arguye que el traspaso ya se había consumado antes, y que por tanto, que se haya tumbado la norma no le obliga a devolver el edificio.
«La no convalidación de un decreto-ley produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia. La transmisión ya ha sido establecida en la ley (ope legis), y es un acto que ya se ha perfeccionado (completado)», han explicado fuentes del PNV en el Congreso de los Diputados. Ope legis significa «por estar así establecido en la ley». Que ya se haya «completado» el traspaso significa que la formación nacionalista ya lo ha inscrito a su nombre.
Por ello «el PNV celebra que, pese a las infundadas resistencias, se haga justicia y el edificio de la Avenida Marceau, incautado por la Gestapo y posteriormente ocupado por el franquismo, esté en manos de su legítimo dueño», argumentan las mismas fuentes.
«El Decreto-ley ha estado vigente desde su entrada en vigor hasta la próxima publicación en el BOE de su derogación», concluye la argumentación del PNV.
