La proposición de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, reformar el registro horario y regular el derecho a la desconexión de los trabajadores sufre cada semana un nuevo retraso en su tramitación en el Congreso de los Diputados. De hecho, este martes el plazo de presentación de enmiendas a este texto ha vuelto a ampliarse hasta el próximo 11 de marzo.
La norma se encuentra actualmente en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la que el Congreso de los Diputados ha encomendado su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia. En este momento del trámite parlamentario, los grupos deben presentar las enmiendas dentro del plazo previsto para que después se sometan a votación. Primero las enmiendas a la totalidad; y, después, de no aprobarse estas últimas, se votarían las parciales, que podrían modificar el texto original.
Sin embargo, y a pesar del procedimiento de urgencia, esta norma está experimentando una argucia de la práctica parlamentaria que consiste en prorrogar, de semana en semana, el plazo apto para la presentación de enmiendas, con lo que su tramitación se retrasa constantemente.
El primer plazo de enmiendas debía de haberse cerrado el pasado 26 de mayo, pero la Mesa de la Cámara Baja ya ha prorrogado dicho plazo en varias ocasiones, la última, este mismo martes. La dificultad de las negociaciones para sacar adelante esta norma, debido al rechazo frontal de Junts dentro del Congreso y de las patronales y asociaciones empresariales desde fuera, está siendo la causante de todas estas dilaciones.
Distintas fuentes empresariales que llevan semanas entrevistándose con todos los grupos parlamentarios para intentar convencerles de que voten en contra de esta norma o, al menos, la reformen de arriba a abajo, se han mostrado convencidas de que las prorrogas del plazo de enmiendas van a llevar la primera votación sobre la ley a septiembre, como pronto. Si bien, otras fuentes del lado sindical, no descartan que pueda votarse ya en el pleno extraordinario que se prevé celebrar en julio.
En este escenario, podría ocurrir que Junts cumpla su promesa y presente una enmienda a la totalidad a esta ley y, si logra el respaldo del PP y Vox, las tres formaciones de la derecha tumbarían el texto estrella del Ministerio de Trabajo pactado con los sindicatos en diciembre pasado y el Gobierno debería de empezar otra vez desde cero. También puede ocurrir que sea otro de estos partidos el que presente dicha enmienda a la totalidad.
Rechazo de Junts
Desde Junts, que está siendo la única formación de los socios parlamentarios del Ejecutivo que se niega a aprobar esta ley, siguen en el no más firme. Este mismo martes, la Cadena SER aseguraba que en el último encuentro celebrado el pasado viernes entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Carles Puigdemont en Bruselas, los socialistas pudieron constatar que los independentistas catalanes mantienen su rechazo a aprobar la reducción de jornada, porque va en contra de la mayoría de su electorado, esencialmente empresarial.
De hecho, en esa misma información se asegura que la intención de Junts de mantener su no a las 37,5 horas es tan firme que en Moncloa ya empiezan a prepararse para ese escenario y para intentar venderlo como un logro en lugar de una derrota, porque “los grandes avances sociales nunca salen a la primera”, indican las fuentes citadas por la Cadena Ser.
Sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no deja ni un solo día de mostrar en público su convencimiento de que la ley saldrá adelante, y así lo ha dicho también este miércoles. “Tardaremos lo que tardemos, pero sale (…) porque lo que quiere la calle siempre sale adelante”, ha subrayado Díaz en una entrevista con RNE.
Toque de atención desde Podemos
Pero la complejidad de estas negociaciones podría enredarse aún más por el lado de otro de los socios del Gobierno: Podemos. También este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su “preocupación” por el último guiño hecho por Díaz la pasada semana, cuando la ministra de Trabajo aseguró que había margen para negociar medidas contra el absentismo en el marco de la ley de reducción de jornada, como pide la patronal y la propia Junts.
Así, la líder de la formación morada, cuyos votos también necesita el Ejecutivo para aprobar esta ley, no ve con buenos ojos esta mano tendida de Díaz para intentar lograr los votos de Junts, muy condicionados por las patronales catalanas. De hecho, Belarra ha asegurado que desde Podemos ven “con preocupación” que se hable del absentismo laboral, porque considera que es llevar la negociación al terreno “de la derecha” y comprar su discurso y el de los empresarios. De ser así, “estos últimos estarían ya gobernando sin haber siquiera llegado al Gobierno”, según ha denunciado la diputada del Grupo Mixto.
