Bénédicte de Perthuis, presidenta del tribunal correccional de París, dio lectura este lunes a una sentencia histórica que condenaba a Marine Le Pen, líder del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), a cuatro años de cárcel e inhabilitación política de cinco años. La pena dejaba prácticamente sin posibilidades a la tres veces candidata a las elecciones presidenciales de Francia de volver a intentarlo en 2027, la ocasión en que más cerca podía estar de la victoria. Por eso, el RN decidió el martes comenzar una campaña de críticas al sistema judicial y a movilizar a sus seguidores en la calle. Pero la jornada, cuya agitación llegó hasta el Parlamento, terminó con un noticia llamada a serenar los ánimos: el Tribunal de Apelación de París confirmó que ha recibido los recursos de Le Pen y aseguró que “debería” alcanzar una resolución en verano de 2026. Es decir, la líder del RN sabría unos diez meses antes de las elecciones presidenciales de 2027 si puede presentarse. Pero la maquinaria del partido ya estaba activada a esas horas para lanzar la idea del complot contra su líder.
El presidente del partido ultraderechista y delfín de Le Pen, Jordan Bardella, comenzó por la mañana a calentar la calle y a preparar movilizaciones. La primera, anunció el partido, se producirá este domingo en el centro de París. Este martes por la mañana, en una entrevista televisada en la conservadora CNews, llamó a los franceses a “indignarse”. “Vamos a convocar este fin de semana movilizaciones y protestas pacíficas y serenas”, señaló. El problema para el RN, un partido que se dice de ley y orden, sin embargo, es el riesgo de que las movilizaciones terminen en desórdenes públicos.
El fantasma del asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando una turba azuzada por Donald Trump trató de evitar la certificación de la victoria de Joe Biden, está muy presente en las filas del partido, que quiere evitar altercados. “No hago un llamamiento a actos que podrían servir de argumentario a nuestros adversarios. Condeno con gran firmeza las amenazas que han sido proferidas a los magistrados. Las decisiones se pueden combatir políticamente, con el derecho, pero no con la violencia física. Condenamos toda forma de violencia o amenaza, también la de las palabras”, señaló Bardella, consciente del riesgo que entraña sacar a miles de personas a la calle a protestar contra el sistema.
Le Pen, por su parte, comenzó a inflamar a sus seguidores en una reunión con sus diputados. “Si los jueces y magistrados deciden quién puede presentarse a unas elecciones y a quién pueden votar los franceses, entonces no estamos en una democracia”, afirmó ante esa reunión en la Asamblea Nacional que el partido permitió retransmitir a las cámaras de televisión. “El sistema ha lanzado la bomba nuclear”, y si lo ha hecho “es evidentemente porque estamos a punto de ganar las elecciones”, por lo que ha decidido pasar “a una marcha superior”, aseguró.
La líder del RN, 24 horas después del batacazo judicial, ha pasado claramente a la ofensiva y quiere utilizar la condena para erigirse en mártir del “sistema” y de los jueces. “Lo que acaba de ocurrir es un escándalo democrático de tal magnitud, una verdadera vergüenza para nuestro país”, manifestó. “¿Cómo podrán defender al señor Navalni [líder opositor ruso que murió el año pasado en una cárcel en Siberia]? ¿Cómo podrán defender al principal opositor del señor Erdogan, que actualmente está encarcelado?”, enumeró, citando también al candidato rumano excluido de las elecciones presidenciales al considerarse que había interferencias extranjeras en su victoria en la primera vuelta. “La injerencia de los magistrados en las elecciones presidenciales, eso sí que es una alteración del orden público”, arremetió.
El Tribunal de Apelación de París, sin embargo, confirmó por la tarde un proceso reglado y conforme a la ley. El tribunal señaló que había recibido “tres apelaciones presentadas contra la decisión dictada el 31 de marzo por el Tribunal Judicial de París”. En un comunicado, afirmó que “examinará este caso en un plazo que debería permitir emitir una decisión en el verano de 2026″. Un hecho que desarmaría parcialmente a Le Pen en su denuncia, ya que tendría un veredicto firme antes de los comicios.
División en la clase política
La división en este asunto, al menos hasta que se conoció la noticia del recurso, alcanza también a la clase política, que intenta adoptar una visión coherente en estas horas para analizar la cuestión. “Francia es el único país donde se hace esto”. Las palabras, pronunciadas en una reducida reunión con diputados, revelan una cierta manera de pensar de una parte de la política. En este caso, lo relevante es que han sido pronunciadas por el primer ministro de Francia, François Bayrou. Y más allá de su desacuerdo técnico con la decisión de los jueces en el caso de Marine Le Pen, conviene recordar que ha sido investigado y condenado por un caso prácticamente igual. Como Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, que también ha criticado la decisión.
El propio Bayrou tuvo que responder a las preguntas del RN en el Parlamento este martes. En su tradicional esmero por hacer equilibrios y no disgustar a ninguno de los frentes que podrían provocar una moción de censura, mostró su apoyo inquebrantable a los jueces, pero con matices. Según el primer ministro, la aplicación inmediata de la condena que dictaminó el tribunal debe ser objeto de “reflexión por parte del Parlamento” porque impide a los condenados a penas “duras” recurrir. Algo que, en realidad, no es cierto, porque la propia Le Pen ha anunciado ya su recurso. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, señaló también que espera que el recurso se resuelva lo más rápido posible para determinar si Le Pen puede o no presentarse a las elecciones de 2027.
Mientras la clase política —desde sus más altas instancias— se muestra dividida, dando oxígeno a las teorías de la conspiración, los jueces franceses hacen piña para apoyar la resolución. El fiscal jefe del Tribunal de Casación, Rémy Heitz, la instancia judicial más alta de Francia, defendió este martes la sentencia contra Le Pen frente a las acusaciones de que la decisión tiene motivaciones políticas para impedir que la líder de la extrema derecha alcance la presidencia. “La justicia no es política. Esta decisión no ha sido política”, afirmó Heitz, en una entrevista con la emisora RTL.
