El empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un escrito a la juez que lo investiga por fraude fiscal y falsedad documental donde sostiene que el próximo 7 de febrero se encontrará fuera de España. Según consta en el escrito enviado al juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene «un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero de 2025 a los Estados Unidos de América y México».
Además, según consta en el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el empresario pide la suspensión de su interrogatorio hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre la ampliación de la causa a sus negocios con el grupo Quirón.
La defensa del novio de Ayuso sostiene que «cualquier toma de declaración de Alberto González Amador nos traslada al mismo escenario de junio de 2024, esto es, la pendencia de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre si nos encontramos ante a la enésima ocasión en la que se usa este procedimiento para vulnerar los derechos fundamentales de González Amador y no ser tratado como un ciudadano anónimo y conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico, resultante de la aplicación del principio de igualdad en aplicación de la ley».
Asimismo, adelanta que si vuelve a ser citado para otro día para ser interrogado por los delitos contra la Hacienda Pública que se le atribuyen se acogerá a su derecho a no declarar. «Cualquier toma de declaración de Alberto González Amador previa a la resolución de la APM del recurso de apelación interpuesto sólo puede consistir (como si ante un secreto sumarial nos encontráramos, en cuanto a la pendencia del objeto del proceso) en acogerse a su derecho a no declarar y con ello la lesión irremediable de sus derechos sustantivos y de defensa», subraya.
Por otro lado, el novio de Ayuso critica el «cambio absoluto de posición (concretamente la inversa)» de la Fiscalía desde septiembre de 2024 «sin que nada haya sucedido en este procedimiento que pudiera dar lugar a esa inversión (sentido completamente opuesto) en lo que se considere promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad»(…). Lo que sí ha sucedido desde las anteriores actuaciones del Ministerio Fiscal es el procedimiento en el que la Sala Segunda del Tribunal Supremo investiga la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, presunción de inocencia y derecho de defensa de Alberto González Amador con ocasión de esta procedimiento por el comportamiento del Ministerio Fiscal», en referencia a la causa donde se encuentra imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
El investigado pide a la juez acuerde la suspensión de las declaraciones señaladas, sin nuevo señalamiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos interpuestos.
