Bruselas (EuroEFE).- La Asociación Europea de Consumidores (BEUC) presentó este miércoles, con el respaldo de España y junto a otras 16 organizaciones de doce países de la UE, una denuncia ante la Comisión Europea en contra de la práctica de siete aerolíneas de cobrar por llevar equipaje de mano.
La queja presentada ante el Ejecutivo comunitario y ante las autoridades de consumo de los citados doce países va dirigida contra las cinco aerolíneas a las que el Gobierno de España multó a finales de 2024 (Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea), y también contra Transavia y Wizzair.
«Lo que el Gobierno de España está intentando hacer es proteger la ley, que defiende los derechos de los consumidores«, dijo el ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en rueda de prensa en Bruselas junto con responsables del BEUC.
El ministro avanzó que el Gobierno sancionará próximamente a las aerolíneas Wizzair y Transavia por cobrar por el equipaje de mano, como ya hizo con las otras cinco aerolíneas.
Recalcó que la sanción en España es «más amplia que sólo el equipaje de mano», pues la multa también tiene relación con las políticas relacionadas con los asientos para menores acompañados, las personas con movilidad reducida o las tarifas por imprimir la tarjeta de embarque.
Las cinco compañías ya sancionadas recibieron una multa de 179 millones de euros, que han recurrido ante la justicia española.
Bustinduy declinó mencionar qué plazos o cuantía maneja el Ministerio para las nuevas sanciones porque se trata de «procedimientos en curso», pero reiteró que el Ejecutivo español actuará de la misma forma contra cualquier empresa que incurra en esas prácticas.
El precedente de la Justicia europea
España, la Asociación de Consumidores Europeos y las organizaciones miembro denunciantes subrayan que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2014 que «el transporte de equipaje de mano no puede estar sujeto a un suplemento de precio, siempre que cumpla requisitos razonables de peso y dimensiones y respete las normas de seguridad aplicables».
Las políticas de cargo por el equipaje de mano «afectan a los consumidores no solo en España sino en todas partes en Europa«, dijo el director general de BEUC, Agustín Reyna.
Las aerolíneas cobran entre 6 y 75 euros, según cuándo se pague el recargo, según BEUC, que recordó que las organizaciones de consumo tienen abiertos litigios en Bélgica y Portugal contra Ryanair por la misma cuestión.
Con el presidente de Ryanair, Michael O’ Reilly, a la cabeza, quien en los últimos meses ha llamado «loco comunista» y «lunático» al ministro español, las compañías argumentan que si no pueden cobrar ese recargo tendrán que repercutir el coste en el precio de todos los billetes.
«Si tu modelo de negocio está sustentado en prácticas ilegales, tienes un problema con tu modelo de negocio», dijo a ese respecto Bustinduy, quien subrayó que algunas de las aerolíneas señaladas «empezaron a hacerlo en 2021 o 2022 y eran extremadamente rentables ya antes».
El ministro agregó que las compañías aéreas han incrementando los precios de los billetes en torno a un 60 % en los últimos años, al tiempo que han cobrado por el equipaje de mano.
El caso está judicializado en España, tras un recurso presentado por las aerolíneas, y se espera que de manera inminente la Justicia decida si ordena medidas cautelares para que las compañías no puedan cobrar por el equipaje de mano hasta que se resuelva definitivamente el caso.
Uno de los argumentos de las compañías aéreas es que se cobra por motivos de seguridad, porque si todos los pasajeros llevaran maleta de mano incrementaría el peso del avión y supondría un riesgo, pese a que no se discrimina el precio del billete en función del peso del pasajero.
«Entonces yo debería volar gratis, porque soy un ser humano pequeño«, bromeó Bustinduy.
Inquietud por la revisión legislativa europea
En paralelo, los colegisladores comunitarios están revisando la normativa europea que protege los derechos de los pasajeros aéreos, situación que preocupa a BEUC porque «intentan dar la vuelta a la jurisprudencia por la puerta de atrás».
Otro de los puntos controvertidos de esa revisión legislativa, en curso durante la actual presidencia polaca del Consejo de la UE, es la intención de las aerolíneas de que se eleve de tres a cinco horas el tiempo mínimo de retraso de un vuelo que da derecho a una indemnización.
Esto implicaría, según BEUC, que «el 75 % de los pasajeros que sufren retrasos no tendrían derecho a indemnización«.
«Es absolutamente inaceptable que cualquier país de la UE o institución abandone su obligación de proteger los derechos de los consumidores» para agradar a las aerolíneas, dijo Bustinduy.
El ministro lamentó que exista una cultura generalizada de abusos a los consumidores también en otros sectores: «Pasa en el sector de la aviación y del transporte, pero también en la vivienda, en el comercio electrónico, en la venta de entradas y en muchos otros ámbitos en los que parece que hemos normalizado que las grandes compañías dicten las reglas del mercado y puedan colocarse por encima de la ley», concluyó.
