Tomando una decisión poco habitual en denuncias contra representantes políticos, el juez instructor de la denuncia contra Gabriel Le Senne (Vox) se aparta del criterio que sigue la Fiscalía y considera que existen indicios de delito como para proseguir con la causa judicial en contra del presidente del Parlament.
Le Senne fue acusado ante los tribunales de un presunto delito de odio por romper la copia impresa de una fotografía de tres mujeres represaliadas y fusiladas durante la Guerra Civil. Entre ellas la joven comunista Aurora Picornell.
Los hechos tuvieron lugar el 18 de junio de 2024, cuando Le Senne, que presidía la sesión parlamentaria aquel día, rasgó la imagen que exhibía una diputada socialista y miembro de la Mesa Parlamentaria a la que él había conminado en reiteradas ocasiones que retirara la foto. El presidente de la Cámara balear sostenía que la exhibición de la imagen vulneraba la neutralidad exigible a la Mesa, y que por tanto no podía ser mostrada.
En un arranque impulsivo, cerró el ordenador en cuya tapa estaba adherida la foto y la rasgó. El político pidió disculpas, pero fue denunciado por un delito de odio en una causa impulsada por entidades memorialistas, familiares de Picornell y el Partido Comunista.
Un informe presentado por el fisca José Díaz Cappa la semana pasada exculpaba a Le Senne, considerando que, si bien su conducta en el fragor de un pleno parlamentario fue indecorosa, excesiva y «colérica» e impropia de su cargo, no reúne los requisitos de la ley y la jurisprudencia para ser considerada un delito de odio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Juan Manuel Sobrino, discrepa y contradice al fiscal. En consecuencia, ha dictado un auto donde acuerda continuar las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado. Es decir, da el primer paso para llevar el asunto a juicio por la vía penal y acabar abriendo juicio oral.
El magistrado señala que existen indicios suficientes para considerar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio. Su resolución puede ser recurrida por el todavía presidente del Parlament ante una instancia judicial superior.
