La reducción de la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial se le está resistiendo al Gobierno de coalición y, en especial, a su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, también como líder de Sumar en el Ejecutivo, ha hecho de esta medida su caballo de batalla para esta legislatura. Pero su impacto en la economía sigue siendo la gran incógnita. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda ronda el proyecto de ley pactado entre el Gobierno y los sindicatos para recortar el tiempo de trabajo y lo ha enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación.
Sin embargo, los detractores de esta media, liderados por las principales asociaciones empresariales y una parte de los académicos en la materia, están ejerciendo una resistencia numantina, que ahora pretenden trasladar al Parlamento, donde tiene que aprobarse una reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para hacer efectivo este recorte de jornada. Sus argumentos para que la medida no salga adelante son fundamentalmente económicos. Distintos estudios cifran el incremento de los costes laborales para las empresas en torno a los 24.000 millones, a lo que otros suman un impacto en forma de menor crecimiento del PIB y del empleo.
Uno de los primeros cálculos que se realizaron fue el hecho por distintos investigadores para BBVA Research, entre ellos por su director de Análisis Económico, Rafael Doménch, e indica que con el recorte legal que el Gobierno está intentando aprobar, los costes laborales que soportan las empresas experimentarán un incremento equivalente al 1,5% del PIB (cerca de 24.000 millones de euros). Esto supondrá, según estos economistas que “sin medidas compensatorias” que contrarresten este aumento de costes, la reducción de la jornada restará en torno a seis o siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los dos primeros años de su aplicación. Y, además, en este periodo también se recortaría en ocho décimas anuales la creación prevista de empleo. Si bien este cálculo se hizo para 2024 y 2025, los años en los que el Gobierno pretendía que ya estuviera en vigor el recorte progresivo del tiempo de trabajo hasta las 37,5 horas semanales en cómputo anual.
Todas estas cuestiones juntas elevarían la factura de lo que podría costar esta medida a la economía española al entorno de los 48.000 millones de euros, según la última actualización hecha en abril pasado del estudio sobre el impacto del recorte de jornada elaborado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, que forma parte de CEOE. Esta asociación asegura hacer una “estimación conservadora” del impacto de esta medida, que se desglosa de la siguiente forma: en primer lugar, tendría un efecto directo de unos 13.900 millones de euros por las horas de trabajo que se dejarían de hacer pero que se continuarían remunerando —el Gobierno ha estimado que el recorte afectaría a unos 12,5 millones de asalariados—. Y a esta cantidad habría que sumar un segundo impacto de unos 33.800 millones de euros, que es el valor añadido bruto que dejaría de producirse por recortar el tiempo de trabajo, según las estimaciones de los economistas de Cepyme.
De hecho, las empresas de menor tamaño serán las más afectadas, según sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Jesús Ferreiro Aparicio, en un artículo sobre La reducción de la jornada de trabajo y sus costes. En dicho texto apunta que los convenios de empresa (la mayoría de grandes compañías) ya fijan jornadas laborales más reducidas que en los convenios de ámbito superior (sectoriales), en concreto, 47 horas menos al año. “Por lo tanto, los posibles efectos negativos de la menor jornada laboral se concentrarían en las pymes (y en sus trabajadores)”, señala este economista.
En este escenario, la recuperación en el tramite parlamentario de la ley de las ayudas a las empresas de menor tamaño y a los autónomos con empleados será clave para conseguir el apoyo de partidos como el PNV o Junts. A pesar de que la cuantía de esas ayudas no se acercan ni de lejos a los sobrecostes de la medida antes estimados. Así, aunque se sumaran las bonificaciones de cotizaciones por la contratación de trabajadores para compensar el recorte del tiempo de trabajo de la plantilla de pymes con menos de 10 trabajadores (cuyo importe no se llegó a fijar aunque sí el número de contratos bonificados que podrían hacerse, 65.000) y las ayudas directas de hasta 6.000 euros para empresas de menos de cinco trabajadores de los sectores del comercio, la hostelería, la peluquería, la limpieza y la agricultura, que adelantó este periódico por un coste de hasta 350 millones, solo se compensaría una parte ínfima de lo que las empresas calculan que les costará la reducción de la jornada.
Al igual que las compañías se verán distintamente afectadas según su tamaño, también los sectores económicos a los que pertenezcan marcarán diferencias. El análisis del impacto de la medida que hizo el Ministerio de Trabajo apuntó a cuatro ramas de actividad más afectadas debido a que en ellas el 90% de sus trabajadores tienen hoy en día jornadas superiores a las 38,5 horas semanales y, por tanto, serán los que dejarán de trabajar más tiempo.
Se trata, por este orden, de la hostelería, donde la reducción media de la jornada se traducirá en que los empleados trabajarán una media de casi dos horas menos a la semana (112 minutos menos); la información y las comunicaciones, donde la disminución de la jornada será de 109 minutos; el comercio (98 minutos menos a la semana); y el sector agrario, ganadero y de pesca, donde pasarán a trabajarse 97 minutos semanales menos de media. Si bien, este análisis no adjuntó una evaluación del impacto económico de dejar de trabajar estas horas.
En este punto, Exceltur sí ha hecho una estimación sectorial de cómo afectaría económicamente la medida en las principales compañías de actividades relacionadas con el turismo. Esta asociación empresarial ha calculado que la reducción de la jornada máxima supondrá un recorte de 5,7 millones de horas semanales (casi 300 millones anuales) en estas empresas, que les obligará a suplirlas automáticamente con un coste anual de 2.348 millones de euros, solo para estas compañías turísticas. Además, precisaron que 75,4% de las horas que se dejarán de hacer “se producen en posiciones en las que no se pueden compensar por un uso más eficiente del tiempo de trabajo”. Así, han estimado también que la medida aumentará un 4,9% sus costes laborales totales y sus beneficios.
Otro posible efecto colateral con impacto directo en la economía de las empresas tiene que ver con el posible aumento de las horas extra que se realizaran en muchas actividades para mantener la producción, con el consiguiente riesgo de que no se paguen o se compensen con dinero. La asociación de autónomos ATA de CEOE también ha cuantificado en unos 200 euros mensuales por trabajador el sobre coste de estas posibles horas extra que calculan que se tendrán que realizar, sobre todo en los pequeños negocios.
Argumentos a favor
Por el contrario, quienes están a favor de esta medida argumentan, sobre todo, que mejorará la productividad de los trabajadores y de la economía en general. Pero no han proliferado estudios cuantitativos de dicha mejora, más allá de aquellos ejemplos de países en la UE cuya productividad por ocupado y hora trabajada es superior a la media europea y, sin embargo, las horas trabajadas son inferiores al promedio comunitario. Es el caso Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Austria, Finlandia, Suecia o Alemania, que son los países más productivos trabajando menos tiempo que la media.
En este sentido, los investigadores de Fedea han reconocido que existen beneficios potenciales tanto para los trabajadores como para las empresas de la reducción de la jornada laboral, pero solo si esta viene acompañada de una mejora “previa” de la productividad. En esto coinciden también los anteriores estudios de impacto realizados por BBVA Research o Cepyme. De esta manera las compañías serían capaces de producir lo mismo con menos horas de trabajo y los empleados tendrían más tiempo de ocio.
El argumento económico que defiende el recorte del tiempo de trabajo lo aportan los economistas de CC OO, Natalia Arias y Luis Zarapuz quienes en su artículo Ganar tiempo para una buena vida explican que “en las últimas décadas, los aumentos reales del PIB y de la productividad del trabajo han sido muy superiores al de los salarios, abriendo una brecha provocada por el desigual reparto de la renta a favor del capital y en detrimento del trabajo”. Aunque desde 2018 se aprecia una recuperación de los salarios reales que ha permitido que la brecha entre productividad y salarios haya dejado de aumentar, añaden, aún “hacen falta esfuerzos adicionales para equilibrar el reparto de la renta”. Y reducir la jornada legal máxima “contribuye a reequilibrar el reparto de la renta en beneficio de la población trabajadora y avanzar en el objetivo de garantizar una vida buena al conjunto de la población”.
Si bien los autores del documento ¿Cómo reducir la jornada laboral? para FEDEA, J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola insisten en que “cabe esperar que una reducción forzosa de la jornada laboral manteniendo los salarios constantes”, como recoge la ley que se tramitará en el Parlamento, supondrá “una subida de los costes salariales unitarios que podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB”. Y añaden que estos efectos negativos sea mayores en las pymes, donde los márgenes son menores, y en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio.
Los defensores de reducir el tiempo de trabajo por ley, también suelen referirse al estudio realizado en 2022 y 2023 en el Reino Unido a casi 3.000 trabajadores de 60 compañías (pequeños restaurantes y grandes financieras entre otros) y que organizaron los directores de la campaña 4 Day Week Global, el think tank Autonomy y académicos de Cambridge y Boston College. Los resultados apuntan que la productividad se mantuvo o mejoró para el 92% de estas compañías y sus ingresos se mantuvieron o mejoraron en la mayoría de ellas. También fue determinante la mejora en el bienestar de los trabajadores: el 39% dijo estar menos estresado que antes de empezar el ensayo y se redujeron un 65% las bajas por enfermedad.
