El Gobierno ha solicitado este lunes el Fondo de Solidaridad a la Unión Europea, el mismo mecanismo que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmó en noviembre que ya se había «pedido formalmente». La realidad, sin embargo, es que no se había completado el proceso, tal como desveló la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y confirmó después la propia Comisión. Y ha sido hoy cuando el Ministerio de Hacienda ha completado el envío de «la documentación necesaria», un día antes de que se cumpliese el plazo máximo, y aportando una cifra de gastos susceptibles de financiación de 4.404 millones de euros.
Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el Gobierno vaya a recibir esa cifra. Primero, porque ahora Bruselas debe validar las estimaciones del Ejecutivo. Y segundo, y más importante, porque el total del Fondo está dotado con hasta 1.500 millones que deben repartirse entre todos los países que han sufrido un desastre natural. Según el histórico de este mecanismo, en desastre con una gasto estimado similar la financiación ha rondado los 200 millones, mientras que en inundaciones como las de Alemania el dato llegó hasta los 600 millones aunque con una estimaciones igualmente mucho más elevadas.
La cantidad recibida, en cualquier caso, será para cubrir el restablecimiento de las infraestructuras básicas, como la energía, el agua, la sanidad y la educación; alojamientos temporales y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas; seguridad de las infraestructuras de prevención; medidas de protección del patrimonio cultural; y operaciones de limpieza.
El departamento de María Jesús Montero explica también que, efectivamente, «una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España», y que el proceso es largo.
«La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses«, señala.
Hacienda también informa de que, junto a la documentación, el Ministerio ha remitido una carta de la vicepresidenta María Jesús Montero en la que traslada que «el Gobierno del Reino de España, junto con la autoridades regionales y locales, ha movilizado todos los recursos posibles para paliar los daños y ayudar de forma directa a los ciudadanos afectados por la catástrofe, llevando a cabo el mayor despliegue de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que se ha realizado jamás en España en tiempos de paz«.
El destinatario de la misiva es el vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, a quine la familia socialista aseguró que nunca votaría para ser parte del nuevo colegio de Comisarios por ser el candidato de Giorgia Meloni y al que finalmente sí acabo apoyando para asegurar el puesto de Teresa Ribera.
