El Gobierno se ha reservado un margen fiscal de más de 7.000 millones de euros, el equivalente al 0,5% del producto interior bruto (PIB), para afrontar posibles desviaciones futuras en la regla de gasto. Así consta en el informe de seguimiento del plan fiscal estructural que los ministerios de Economía y Hacienda han remitido este miércoles a la Comisión Europea, junto con una actualización del cuadro macroeconómico que exige Bruselas para conocer los planes de los países y el grado de avance en la senda de gasto establecida. El Ejecutivo tenía como plazo el día de hoy y ha apurado los plazos hasta primera hora de la noche.
La reserva es de 7.300 millones y es posible, explican los dos departamentos en una nota conjunta, porque se ha cumplido con holgura con la regla de gasto. Se registrará como crédito a favor de España en la denominada “cuenta de control”, un instrumento clave de las nuevas reglas fiscales europeas. Y se utilizará para “compensar eventuales desviaciones futuras de la regla de gasto”, detalla el documento. Es decir, esta suerte de colchón presupuestario se activará en caso de que se produzcan desviaciones no previstas, uno de los principales parámetros utilizados por la Comisión Europea para evaluar la sostenibilidad fiscal de los Estados miembros.
La cifra es resultado del menor crecimiento del gasto computable en 2024, que se situó en un 4,1%, frente al 5,3% autorizado inicialmente por Bruselas. Esta diferencia, contemplada por el nuevo marco fiscal comunitario, se traduce automáticamente en un crédito que España podrá utilizar en próximos ejercicios si el gasto se desvía por encima de lo previsto.
Este enfoque sustituye a las antiguas reglas centradas en el déficit estructural, apostando ahora por sendas personalizadas de gasto neto. “España cumplió con la regla de gasto de forma holgada y eso permite tener un mayor margen para los próximos ejercicios”, afirma el Ejecutivo en el documento.
De hecho, añade, la previsión es que el gasto computable en 2025 aumente, de nuevo, un 4,1%, lo que implicaría un crecimiento acumulado del 8,4% en el periodo 2024-2025, “por debajo del 9,2% fijado por la Comisión Europea para esos años en su recomendación”, lo que “supone cumplir con los objetivos marcados”.
El documento también actualiza el escenario macroeconómico hasta 2028, aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros. El titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó las grandes cifras de la senda en la rueda de prensa posterior a la reunión y confirmó que el Gobierno mantiene intacta la previsión de crecimiento del PIB en el 2,6% para 2025 y del 2,2% para 2026, lo que sitúa a España como la economía más dinámica de la zona euro pese al impacto de los aranceles y la incertidumbre geopolítica de la guerra comercial. Son las mismas proyecciones que puso sobre la mesa el Ejecutivo en febrero, antes de que estallase la tensión arancelaria.
Cuerpo explicó que la ofensiva desatada por la Administración de Donald Trump restará tan solo una décima de PIB a la contribución del sector exterior en el crecimiento de la riqueza nacional. Sin embargo, ese leve impacto se verá compensado por una mayor aportación del consumo privado, lo que evita la necesidad de revisar a la baja las cifras totales.
“Este informe recoge todos los datos disponibles hasta la fecha, incluidas las primeras estimaciones del impacto de los aranceles”, explicó Cuerpo. “La economía española mantiene su dinamismo y seguirá liderando el crecimiento entre las principales economías de la zona euro”, añadió.
El déficit público, por su parte, cerró en el 2,8% del PIB en 2024 (3,2% si se suman los gastos asociados a la dana que asoló Valencia y otras provincias), cumpliendo por quinto año consecutivo el objetivo europeo, resalta el Gobierno. Y prevé que el desvío fiscal llegue al 2,5% en 2025 (2,8% con la dana), también por debajo de los límites que marca Bruselas. En cuanto a la deuda pública, se estima que alcanzó el 101,8% del PIB en 2024 y descenderá una décima en 2025, hasta el 101,7%.
Todo ello se produce a pesar del impacto negativo en el déficit de varias sentencias judiciales contrarias a los intereses del Estado, por un valor de más de 11.000 millones de euros. De ellos, 8.000 millones corresponderían a one-offs, es decir, solo tendrían impacto en el ejercicio 2024.
El informe, en paralelo, también reconoce el impulso que ha vivido la recaudación tributaria en los últimos años, dejando recursos récord en 2024. Para 2025, el Ejecutivo prevé “una moderada ralentización del crecimiento”, con una tasa de variación del 6% que llevaría a que los ingresos tengan un peso del 41,3% del PIB. En cuanto a los gastos, su peso sobre el PIB se reducirá ligeramente hasta el 44% en este ejercicio.
En la parte laboral, las previsiones del Gobierno apuntan a la creación de unos 480.000 empleos anuales de aquí a 2028, es decir, unos dos millones de empleos más en todo el periodo. Ello permitiría rebajar la tasa de paro desde el 11,3% de 2024 al 10,3% de 2025. A partir de 2026 el indicador caería por debajo del 10%, lo que sería un paso claro hacia el pleno empleo, en opinión de Economía.
La reforma fiscal, finiquitada
El informe remitido a Bruselas destaca también los avances en los programas de reformas estructurales y fiscales, incluidos en el Plan de Recuperación europeo. El Gobierno, en concreto, da por finiquitada la reforma tributaria al recordar que “ya se ha cumplido con la aprobación de la ley de lucha contra el fraude fiscal o de la reforma fiscal” gracias al último paquete de medidas tributarias que vio luz verde en el Congreso a finales de 2024.
El objetivo de estas medidas era “avanzar hacia un sistema tributario más progresivo que beneficie a la mayoría social del país, especialmente a las rentas medias y bajas, así como a pymes y autónomos”. Y eso ya se habría conseguido. El paquete, que se conformó alrededor de la trasposición de la directa europea para fijar un mínimo del 15% a las multinacionales, incluía un nuevo impuesto a la banca y a los cigarrillos electrónicos, entre otras novedades. Sin embargo, debido a la división de los socios del Gobierno, cayeron importantes medidas como el gravamen sobre las energéticas o la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.
