El Gobierno tendrá que repetir el examen de las pensiones que acaba de hacer la Autoridad Fiscal (Airef) y que el pasado 31 de marzo arrojó que no hacía falta practicar un ajuste en el sistema. Lo hace por la presión de Bruselas para cumplir con las exigencias de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación que se aprobó por la pandemia. Ahora se tendrá que afrontar de nuevo antes del 1 de junio del 2026: solo un año después de evaluarlas, cuando la ley decía que se abordaría cada tres años. El Gobierno lo ha incluido en un proyecto de real decreto que tendrá tramitación urgente y que en principio tardará unos tres meses en entrar en vigor. Además, se han quitado de este examen “adicional” las transferencias de impuestos que el Gobierno incorporó, como si fueran nuevos ingresos, para tratar de evitar un ajuste, según consta en el texto legal al que ha tenido acceso EL PAÍS y que ha entrado en audiencia pública. No obstante, según fuentes conocedoras, el Gobierno espera que no haga falta un ajuste subiendo cotizaciones, pues, aunque se han suprimido las transferencias, la mejora del PIB podría bastar para compensarlo.
Según estas fuentes, el Ejecutivo comunitario estaba molesto con que formaran parte del examen estas transferencias de impuestos a la Seguridad Social. El motivo era que solo se tenía en cuenta el estado del sistema de pensiones y no el del conjunto de las finanzas públicas. Argumentaron que simplemente se estaba moviendo el agujero contable de sitio, de las pensiones al presupuesto. Esto incumplía el espíritu de la reforma de pensiones que se había incluido como parte de los fondos europeos y por la que España ya había ingresado fondos. En plena evaluación para el próximo pago de fondos europeos, los técnicos señalaron que se había incumplido este hito y que no se podía proceder al desembolso de fondos. Técnicamente es una reversión de un objetivo que ya se había dado por completado.
El Gobierno justifica que, en línea con las recomendaciones de la Comisión, se ha solicitado a la Airef un “informe adicional” como seguimiento para poder evaluar mejor los efectos de los aranceles, las posibles revisiones del PIB o algunas medidas de refuerzo de los ingresos, como la reforma laboral. “Este informe no supone una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad”, afirma un portavoz.
El Gobierno ha presionado a la Comisión porque no tiene presupuestos y necesita estos recursos. Pero Bruselas ha dejado claro que no se puede dejar así la reforma. Sus técnicos han reiterado que cuando el Tribunal de Cuentas Europeo haga la auditoría va a terminar reclamando la devolución de los fondos por incumplimiento. Y entonces los propios funcionarios europeos podrían incurrir en algún tipo de responsabilidad patrimonial.
El examen previo que había realizado la Autoridad Fiscal en 2023 decía que haría falta un ajuste del entorno del 0,8% del PIB, unos 12.000 millones de euros. Pero entonces el Gobierno español cambió las reglas del examen introduciendo las transferencias que inyecta el Estado, que ya estaban aprobadas cuando se había pactado el examen con Bruselas y que por lo tanto no tenían ningún efecto adicional sobre la sostenibilidad. Además, empeoraban las cuentas del conjunto de las Administraciones. Era como sumarlas dos veces. Así que la Comisión ha forzado al Gobierno a que corrija y se haga de nuevo. En todo caso, la mejora del PIB en años recientes ha sido tal que podría neutralizar parte del ajuste. En la nueva evaluación se tendrá que contemplar, además, la sostenibilidad de las finanzas públicas en su totalidad.
La propia presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya señaló que la causa de que no fuera necesario un ajuste fue en gran medida la mejora del PIB. Y añadió que se trataba de un motivo coyuntural que podría revertirse si empeoraba el entorno económico. La actualización de los datos macro supuso una reducción del gasto neto en pensiones de 0,7 puntos del PIB en el promedio entre 2022 y 2050. Y se tuvieron en cuenta 0,3 puntos del PIB en transferencias y otra décima por la mejora de ingresos que suponen las alzas del salario mínimo. El ajuste se salvó por 0,2 puntos en el examen del 31 de marzo.
Esta evaluación la impuso Bruselas para asegurarse la sostenibilidad del sistema y debe elaborarla la Autoridad Fiscal cada tres años. Para ello, la institución debe tomar las proyecciones de gasto en prestaciones que publica la Comisión Europea en su informe sobre el envejecimiento. Y combinarlas con su valoración propia de las medidas aprobadas por el Gobierno para aumentar la recaudación. Una vez cruzados, si el gasto neto de medidas de ingresos superara el 13,3% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, habría que abordar un ajuste por valor del desfase encontrado. En el caso de no aprobarse medidas compensatorias, habría una subida automática de cotizaciones a lo largo de un lustro a razón de un quinto cada año.
El nuevo real decreto dice que se deben tener en cuenta para el examen las subidas de cotizaciones que se aprobaron con la reforma de pensiones que diseñó el entonces ministro José Luis Escrivá: el mecanismo de solidaridad, el destope de las cotizaciones, la cuota de solidaridad en los sueldos altos y la igualación progresiva de las cotizaciones de autónomos a las de asalariados. Y además habrá que recoger aquellas reformas que amplíen el número de cotizantes y, por tanto, la recaudación.
La Autoridad Fiscal siempre ha dicho que este examen no era un indicador adecuado para medir la sostenibilidad. Y el FMI ya había indicado, citando a la Airef, que el examen de pensiones no estaba bien diseñado y que debía elaborarse en función del déficit entre gastos e ingresos previsto, en lugar de usando el gasto neto. Este desfase alcanzaría, según las previsiones de la Airef, el 3% del PIB en 2050, unos 45.000 millones con el PIB actual. La propia exposición de motivos del real decreto recuerda que varios organismos internacionales han apuntado el problema de que no se tenía en cuenta la sostenibilidad del total de las finanzas públicas. La Autoridad Fiscal hizo un examen paralelo en el que afirmaba que la sostenibilidad no había mejorado y que la dinámica obligaría a detraer recursos de otras partidas para costear las prestaciones de jubilación.
En ese documento de la Airef se proyectaba que por el envejecimiento habrá un incremento de 47 puntos del PIB en la deuda hasta 2050. De ese aumento, unos 31 puntos se corresponderían con la escalada de los desembolsos por pensiones. Haría falta un ajuste anual permanente de 3,16 puntos del PIB hasta 2040 para dejar el endeudamiento en una senda descendente en relación al PIB, decía, si bien recordaba que el Gobierno ya se ha comprometido a la mitad de ese ajuste, unos 1,68 puntos, con el plan fiscal ya presentado a Bruselas, siempre que se cumpla.
