A punto de cumplirse dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el Ejecutivo ha decidido dar un paso más en su afán por garantizar que las comunidades cumplan con la normativa. Este miércoles, la ministra Isabel Rodríguez ha anunciado la habilitación de una partida extraordinaria de 35 millones de euros, que se transferirá a las regiones que hayan declarado —o estén tramitando— zonas tensionadas. La derrama económica solo beneficiaria, al menos por ahora, a cuatro comunidades: Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias, que son los únicos territorios que hasta el momento han puesto en marcha dicha disposición o están en vías de tramitarlas. El resto del mapa autonómico, gobernado por el Partido Popular, mantiene su rechazo frontal a la norma, argumentando una invasión competencial o cuestionando su efectividad.
El anuncio hecho por la propia ministra de Agenda Urbana se ha producido este miércoles en Barcelona durante la inauguración oficial del salón de la construcción Construmat, acto al que ha asistido acompañada por el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa. De esta forma, se materializa una de las cartas que el Ejecutivo venía barajando desde septiembre del año pasado, cuando deslizó la posibilidad de incluir el reparto de fondos extra como medida disuasoria para que las comunidades apliquen la legislación.
Con esta nueva partida de 35 millones a repartir de forma proporcional y susceptible a ampliarse en el futuro, el Ministerio de Vivienda busca crear un incentivo fiscal y político para revertir la parálisis de la ley en un contexto marcado por la crisis habitacional. “La declaración de una zona tensionada implica la asunción de un problema y la activación de recursos para resolverlo. El Gobierno está y estará al lado de quienes se comprometan con el derecho a una vivienda digna y usen las herramientas disponibles para garantizarlo”, se lee en un comunicado difundido por el ministerio. Además, se hace un nuevo reclamo para que el resto de comunidades “con evidentes dificultades para el acceso a la vivienda” apliquen la norma o, “por lo menos, que atiendan las demandas de los ayuntamientos que les piden declarar su municipio zona tensionada” ―como es el caso de Madrid, donde una decena de alcaldes presentó, sin éxito, una iniciativa legislativa para poder topar en sus municipios el precio del alquiler.
Los fondos irán destinados a adoptar medidas adicionales en las zonas ya tensionadas, lo que en la práctica supone reforzar la batería de actuaciones disponibles: movilización de vivienda pública, planes específicos de alquiler asequible, colaboración público-privada y actuación sobre grandes tenedores. Además, el Ministerio priorizará en estas áreas la movilización de los recursos (suelos e inmuebles) de los que dispone la empresa estatal de vivienda.
De las comunidades potencialmente beneficiarias, Cataluña se mantiene a la cabeza, con 271 municipios declarados como zonas tensionadas, incluidos Barcelona y gran parte de su cinturón metropolitano. El País Vasco avanza de forma más contenida, con la activación en cinco municipios (Lasarte-Oria, Zumaia, Barakaldo, Irún y Errenteria), aunque con voluntad de ampliar el listado. Navarra ha formalizado esta misma semana la declaración de 21 municipios tras superar las fases técnicas y jurídicas requeridas, lo que la convierte en la tercera comunidad en activar completamente el mecanismo. Por su parte, Asturias anunció en febrero de este año el inicio del procedimiento para declarar 16 zonas tensionadas, repartidas en siete concejos, lo que la sitúa en una fase embrionaria pero con voluntad de aplicar la norma.
En todos los casos se trata de consistorios gobernados por la izquierda, con localidades densamente pobladas y muy demandadas. La intervención busca mitigar la creciente presión de la población hacia los gobernantes para poner remedio al desmesurado aumento de precios de la vivienda y la falta de oferta. Sin embargo, sus efectos siguen en duda, y mientras algunos expertos celebran los avances de estas políticas, otros alertan sobre los riesgos de una intervención excesiva. El caso más representativo es Cataluña, al ser la primera comunidad en haber topado los precios. Las últimas cifras obtenidas de las fianzas depositadas por los caseros en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), indican que en el primer año de vigencia de la norma, el precio de las rentas bajó un 3,7% de media en los municipios declarados tensos (de 911 euros al mes a 878). Sin embargo, también hubo una caída de contratos y un aumento del alquiler de temporada.
