La parálisis legislativa que afecta al Gobierno desde su investidura ha alcanzado esta semana un hito con la derrota en el Congreso del decreto ómnibus, un texto con 80 medidas, muchas de ellas de relevante importancia económica para empresas y ciudadanos que abarcan desde las pensiones y las ayudas al transporte al blindaje del control de empresas estratégicas frente a inversores extranjeros.
EMPRESAS
En el paquete propuesto por el Gobierno figuraba una prórroga de este blindaje hasta diciembre de 2026. Pero la extrema debilidad parlamentaria ha anulado el escudo antiopas en un momento en el que las inversiones exteriores en empresas estratégicas como Telefónica o Talgo han subrayado la necesidad de contar con herramientas legales para inhibir operaciones no deseadas.
Así es el caso de la operadora. Su cúpula sufrió el pasado fin de semana un vuelco histórico con la salida de su presidente José María Álvarez Pallete, un giro que comenzó a escribirse el día que la saudí STC anunció su entrada en la compañía sin previo aviso. El pasado mes de noviembre el Ejecutivo autorizó al grupo a elevar un 5% su participación hasta el 9,9%, sólo una vez la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI)ha entrado también en el capital.
Ahora, si el calendario va según lo previsto, el Gobierno cuadrará en la próxima semana una operación a varias bandas para que el fabricante de trenes Talgo cambie de manos. Lo hará tras haber rechazado en verano por motivos estratégicos a la húngara Magyar Wagon, que ofreció 619 millones de euros a sus accionistas. Las siguientes ofertas planteadas desde el Gobierno han evitado ofrecer capital, como en el caso de la checa Skoda o, como en el de la vasca Sidenor, han reducido un 25% el precio decepcionando a los propietarios, que han invitado a participar en la puja al Estado polaco o a fabricantes como el indio Jupiter Wagon.
¿Podría aprovechar un inversor hostil a los intereses del Estado la inquietud de los accionistas de Talgo y la caída del blindaje? El mercado duda de que existan inversores dispuestos a desafiar al Gobierno, que además del escudo antiopas dispone de otras herramientas con las que hacer descarrilar ofertas hostiles como podría ser un nuevo intento húngaro. En cualquier caso y como aviso, el Ejecutivo trasladó casi de inmediato que el escudo antiopas volverá a aprobarse en breve. De este modo, la Ley 19/2003 que suspende el régimen general de inversiones cuando se ven afectadas infraestructuras críticas, tecnología, seguridad… estaría activo antes de que pudiera tramitarse una nueva oferta a los frustrados accionistas de Talgo, entre los que se encuentra el fondo estadounidense Trilantic y las familias Oriol, Abelló y Torrente.
ELECTRICIDAD
El impacto de la falta de acuerdo parlamentario en el ámbito energético implica acabar con la prohibición de cortar el agua, la luz o el gas a los hogares vulnerables, es decir, a 1,8 millones de consumidores en todo el país. El decreto extendía hasta diciembre este veto y, ahora, se abre la puerta a suspensiones de los suministros básicos en situaciones de impago. Además, los consumidores acogidos al bono social verán normalizada de forma anticipada la rebaja que el Gobierno mejoró por la crisis de Ucrania. Finalmente, será en julio, seis meses antes de lo previsto en el decreto, cuando se empezarán a aplicar los nuevos recortes estructurales del bono social, del 35% para vulnerables y del 50% para vulnerables severos, frente a los descuentos del 42,5% y el 57,5% que la ley ómnibus mantenía hasta el 31 de diciembre.
INDUSTRIA
También se ha llevado por delante una rebaja sustancial en la factura eléctrica de la gran industria electrointensiva. Se trata de sectores como la química o la metalurgia, cuya competitividad depende de su gasto energético, pues este ronda el 40% de sus costes totales. El Gobierno incluyó en el decreto la prórroga hasta finales de 2025 del recorte del 80% de sus peajes, una partida del recibo destinada a costear las redes. El fin de la medida se traducirá en un alza del 5% en la factura energética de la industria.
PENSIONES
La principal consecuencia para la población de la anulación de las medidas del decreto ómnibus es la derogación de la revalorización de las pensiones, que afecta a 12 millones de ciudadanos. De ahí que esta sea la medida que están utilizando como arma arrojadiza tanto el Gobierno como los partidos que votaron en contra, acusándose mutuamente de congelar las prestaciones. La subida del 2,8% sólo está garantizada para la nómina de enero, pero en febrero las pensiones bajarán si el Gobierno no lo remedia aprobando un real decreto, tal y como le están reclamando tanto la oposición como los sindicatos.
Tampoco aplicará la mejora de las prestaciones mínimas del 6% o la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV)del 9%. Y por la parte de los ingresos, queda paralizada la aplicación de la cuota de solidaridad a los sueldos más altos, que había entrado en vigor este año, y el aumento del 0,7% al 0,8% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) introducido en la última reforma para apuntalar los recursos del sistema de cara a afrontar el pago de las pensiones de jubilación de la generación del baby boom.
SALARIO MÍNIMO
En materia laboral, el principal impacto de lo acontecido el miércoles en el Congreso de los Diputados es la derogación de la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2024, que el Gobierno había activado de manera automática hasta cerrar una nueva cuantía en la negociación con los agentes sociales para este año. A falta de un acuerdo con patronal y sindicatos que establezca ya el SMI de 2025 y su aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero, el Ministerio de Trabajo emitió ayer un criterio interpretativo en el que estableció que las nuevas contrataciones deben seguir tomando como referencia el sueldo base de 1.134 euros mensuales.
