Una vez descongeladas las relaciones con Junts, toca volver a hablar de la quita de la deuda. El Ministerio de Hacienda acaba de citar a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera el 26 de febrero. Así lo adelantan a EL MUNDO fuentes conocedoras del movimiento de María Jesús Montero.
Pocos minutos después del mediodía, desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local les ha enviado un email a los presidentes regionales para convocarlos a la próxima reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, que se celebrará el 12 de febrero.
Pero en ese correo se añade lo siguiente: «A efectos de reserva de agenda, les anticipamos que próximamente les remitiremos la convocatoria para la celebración del Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar el día 26 de febrero».
En la última Conferencia de Presidentes, en diciembre, Pedro Sánchez les anunció a los dirigentes regionales que en enero convocaría el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acometer «la condonación de la deuda de parte del endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común».
Al final, lo va a hacer con un mes de retraso, pero, sobre todo, tras haber calmado las aguas con Junts, y habiéndole dado tiempo a Salvador Illa, presidente de Cataluña, para acometer una gira por otras autonomías para explicar su plan de «financiación singular».
La quita de la deuda es uno de los puntos más controvertidos de la reforma de la financiación que quiere acometer el Gobierno, ya que deviene de una exigencia del independentismo catalán. Fue ERC la que lo puso como línea roja para apoyar la investidura de Sánchez.
El Gobierno quiere que el nuevo modelo financiero tenga como principios «suficiencia, autonomía, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y respeto a las singularidades de cada uno de los territorios». Esto último entronca con la promesa de una «financiación singular». Lo que quiere el Ejecutivo es que el nuevo modelo «concilie la multilateralidad y la bilateralidad».
Eso sí, hay autonomías del PP que estarían dispuestas a aceptar la condonación parcial si fuera muy elevada y para todos. Diversas baronías del PP coinciden en que la quita no se debe descartar «al final del camino». «Es muy complicado decir que no a la quita», dijeron las fuentes.
El Ejecutivo ya ha planteado seis ámbitos de la reforma de la financiación. El primero es «blindar la solidaridad interterritorial», en un claro mensaje sobre el cupo catalán. El segundo, «definir el criterio de población ajustada». Ésta es una reivindicación fundamental de las autonomías despobladas. El tercero, «delimitar espacios fiscales de cada nivel de Gobierno». O sea, intentar acabar con el «dumping fiscal» que hace, a ojos de los socialistas, la Comunidad de Madrid.
Los otros tres son: actuar sobre las «competencias no homologadas», propiciar un «funcionamiento más integrado de las diferentes administraciones tributarias» y actualizar «los sistemas de entrega a cuenta» de la financiación autonómica.
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