Madrid (EFE).- El Gobierno busca esta semana armarse de razones para complicar la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA al Sabadell gracias a las aportaciones que el Ministerio de Economía está recibiendo en la consulta pública abierta hasta el próximo viernes para denunciar cuestiones de interés general.
Al igual que en otras consultas públicas, podrán participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación rellenando un cuestionario en la propia web del Ministerio de Economía disponible desde el pasado martes y hasta el próximo viernes, 16 de mayo.
Fuentes de este departamento explican a EFE que en los primeros días ya se han recibido «muchísimas» y se trabaja internamente con ayuda de herramientas de inteligencia artificial para depurar la información, evitar duplicidades o asegurar que no haya suplantación de identidades.
La información recabada en este proceso no resultará vinculante, pero servirá al Ejecutivo para contar con la valoración más completa posible sobre la operación, como expuso recientemente el ministro de economía, Carlos Cuerpo, que tendrá que decidir antes del 27 de mayo si eleva al Consejo de Ministros esta cuestión.
¿En qué consiste la consulta?
La consulta consiste en un formulario con preguntas relacionadas con los criterios de interés general que identifica la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia en su artículo 10.4 y se acompaña de un buzón para aportar información adicional.
Si el participante cree que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia, debe elegir cuáles sería entre defensa y seguridad nacional; protección de la salud pública; libre circulación de bienes y servicios; protección del medio ambiente; promoción de la investigación tecnológica; garantía de mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; y otros.
En el caso de que opte por «otros», tendrá la opción de exponerlo a continuación en un máximo de 2.000 caracteres y es aquí donde se da por hecho que al menos los sindicatos trasladarán su preocupación por el impacto sobre el empleo que tendría la compra del Sabadell por el BBVA.
El formulario también da opción plantear propuestas para proteger esos criterios de interés general en un máximo de otros 2.000 caracteres, quizá la oportunidad para pedir que el Gobierno impida la fusión aunque la opa acabe prosperando y el BBVA tome el control del Sabadell.
El Ministerio de Economía argumenta que se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros. Es decir, armarse de razones ajenas a la competencia, en el caso de que las haya, para intervenir.
El Sabadell y los empresarios catalanes ofrecerán razones
El Banco Sabadell, como adelantó su consejero delegado en rueda de prensa, César González-Bueno, responderá esta semana al formulario tras recibir el visto bueno de su consejo de administración con la idea de contribuir a que Economía encuentre razones de peso para elevar esta cuestión al Consejo de Ministros.
Aunque desde la entidad no han querido dar ninguna pista sobre los criterios de interés general que el Sabadell considera que se verían afectados en caso de salir adelante la opa, es previsible que a la preocupación de los sindicatos por el impacto en el empleo suma otras cuestiones como la cohesión territorial y la estabilidad financiera.
Sin embargo, desde las asociaciones empresariales catalanas han trasladado ya directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ven «poderosas razones de interés general», hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del Ejecutivo.
Piden evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero; preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas y proyectos de menor dimensión; prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias; promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios; y garantizar la cohesión social y territorial «que es la base de una economía abierta y diversa en una sociedad plural».
Cualquiera de estos cinco argumentos permitiría considerar la fusión «lesiva» para el interés general de España, explican en la misiva los máximos responsables de Barcelona Global, el Consell General de Cambres de Catalunya, la Fira de Barcelona, Cecot, Foment del Treball, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Pimec, FemCat y el RACC.
