El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fía su estrategia de defensa a que el Tribunal Constitucional considere nula la diligencia de entrada y registro que ordenó el pasado 30 de octubre el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en su despacho. La Abogacía del Estado espera que la corte de garantías constitucionales aprecie vulneración de derechos fundamentales en la instrucción que está llevando a cabo el juez de la Sala de lo Penal contra el aforado.
El Alto Tribunal mantiene imputado al máximo responsable del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos -tipificado en el artículo 417 del Código Penal- presuntamente cometido a través de la difusión de datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Fuentes próximas a García Ortiz consultadas por EL MUNDO justificaron la actitud que mantuvo en su declaración ante Hurtado en el convencimiento por parte del fiscal general de que la instrucción «está decidida de antemano». El pasado miércoles, el imputado rechazó contestar al instructor del TS y lo acusó de estar actuando de manera «predeterminada».
Además, el máximo responsable del Ministerio Fiscal pronostica que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados porque el instructor de la Sala de lo Penal está «ignorando» los contraindicios que obran en la causa y porque, además, no está pudiendo ejercer «su derecho de defensa con todas las garantías».
Esta línea de defensa, común entre los investigados pero insólita al ser asumida por una autoridad como el fiscal general del Estado, ha sido muy criticada en las últimas horas por miembros de la Fiscalía que la enmarcan dentro de la estrategia de «lawfare» desplegada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra los jueces y de «deslegitimación del Poder Judicial».
Tras los últimos autos dictados por el juez Hurtado, la Abogacía del Estado y la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde (ex fiscal jefe del Constitucional) buscarán anular la instrucción por una hipotética vulneración de derechos fundamentales. García Ortiz pretende que esa «desproporción» durante la instrucción sea corregida en un futuro por el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido.
Sin embargo, fuentes jurídicas ven complicado que esa estrategia de defensa pueda prosperar a corto plazo. Tanto el abogado del Estado José Ignacio Ocio Martínez de la Puente, en representación de García Ortiz, como la teniente fiscal del TS han recurrido ante la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal el auto donde el magistrado ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrar el despacho e incautarse de los dispositivos electrónicos del fiscal general. La citada Sala, compuesta por los jueces Andrés Palomo del Arco, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres, deberá pronunciarse próximamente sobre la diligencia dictada por el instructor. Su decisión será firme. Una vez que la Sala de Apelaciones resuelva el recurso de los servicios jurídicos del Estado, y si la decisión no le es favorable, el fiscal general puede tratar de acudir al Constitucional por vulneración derechos fundamentales aunque sin la certeza de que esa demanda de amparo vaya a prosperar a tenor de la doctrina consolidada del tribunal. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO precisan que «hasta ahora» la doctrina del Constitucional, siempre que el recurso de amparo se base en la ilicitud de la prueba por haber sido obtenida con vulneración de derechos fundamentales, exige agotar la vía judicial hasta que haya una sentencia condenatoria firme. No en vano, con «carácter general», hay que agotar las vías de recurso ordinario, y no se puede acudir en amparo al TC, hasta que se concluye el proceso de la jurisdicción ordinaria.
No obstante, «excepcionalmente» se puede acudir al amparo jurisdiccional cuando se denuncia una «vulneración de derecho autónoma», por ejemplo, una media de prisión provisional que se considere abusiva, y contra la que se han agotado todos los recursos internos en la vía judicial aunque no haya concluido el proceso.
Sin embargo, en el caso del fiscal general del Estado la licitud o ilicitud de la prueba recabada por el juez Ángel Hurtado es previsible que se deba decidir en la fase de juicio oral, entre otras cuestiones porque las hipotéticas vulneraciones de derechos de García Ortiz podrían restaurarse en sentencia, explican fuentes jurídicas.
Mientras tanto, las críticas internas al fiscal general se han multiplicado en las últimas horas tras la actitud desafiante que mantuvo en el Supremo porque «no puede utilizar la misma técnica procesal de los narcotraficantes, destruyendo móviles y respondiendo sólo a su abogado siendo el fiscal general del Estado. Como imputado puede, como fiscal general, no». Fuentes fiscales lamentan que éste haya renunciado a colaborar con la Justicia y se haya posicionado como un «vulgar delincuente» que quiere «torpedear» la instrucción judicial.
En la actualidad, nadie duda, ni siquiera dentro de su núcleo de confianza, que García Ortiz será el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados de la historia de España, después de ser el primer responsable del Ministerio Público en estar imputado.
