La crisis de Muface se da por superada, pero la continuidad del sistema mutualista continúa generando dudas. La Autoridad Fiscal (Airef) ha sido la última voz autorizada en recomendar que los funcionarios adscritos a estos organismos se integren en el sistema nacional de salud en el medio plazo, engrasando previamente el sistema público para mitigar el impacto en las listas de espera. Si eso pasara, habría que reajustar los fondos que reparte el sistema de financiación autonómico, brindando mayores recursos a aquellos territorios que actualmente tienen un mayor porcentaje de mutualistas sobre el total de la población del sistema nacional de salud. Extremadura y Madrid serían las comunidades que verían el mayor incremento, de un 0,45%, por ser las comunidades que en términos relativos cuentan con más funcionarios. En el lado opuesto se sitúa Cataluña, que perdería más de 183 millones.
Estos son los cálculos que la Airef proporciona en su estudio sobre mutualismo administrativo, presentado el lunes como parte de su primera fase de análisis de gasto público para el periodo 2022-2026. En el mismo, el organismo propone dos cambios de calado para Muface y los demás organismos homólogos, Isfas (mutualidad de militares y guardias civiles) y Mugeju (jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia): que los nuevos funcionarios se incorporen al sistema nacional de salud y que el mutualismo se convierta de obligatorio a voluntario.
El sistema mutualista de provisión sanitaria vigente en España se financia a través de aportaciones del Estado y de los mismos funcionarios a través de cotizaciones específicas y supone una anomalía en el panorama internacional. Los funcionarios están obligados a estar adscritos al sistema, aunque puedan elegir entre ser atendidos posteriormente en la sanidad pública o en la privada concertada. La obligación consiste en que, aunque opten por el sistema nacional de salud, tanto ellos como el Estado tienen que seguir contribuyendo a la mutualidad, pues no existe la opción de darse de baja y abandonar de forma voluntaria el esquema. Si el Estado dejara de aportar fondos a las mutualidades para aquellos funcionarios que se desvinculan del sistema, el ahorro para las arcas públicas sería de al menos 500 millones, que es la estimación que construye la Airef a partir de los funcionarios que ya han escogido la modalidad pública.
“Con la finalidad de reducir la complejidad de los sistemas de provisión, mejorar la equidad y generar ahorros tanto para el funcionario como para las arcas públicas al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar de forma voluntaria el sistema mutualista se propone una reforma del modelo de adscripción mutualista de los funcionarios públicos”, abunda el organismo. Esta recomendación también se sustenta en las preferencias de los mutualistas: los más jóvenes escogen en bloque la Seguridad Social y hay colectivos, como la docencia, donde la opción pública es mayoritaria. Además, aunque de momento solo el 24% de los mutualistas eligen el sistema nacional de salud, el porcentaje aumenta hasta el 70% en caso de patologías extremas y severas. Previamente habría que reforzar el sistema público, dado que la incorporación de 1,6 millones de mutualistas al sistema nacional de salud aumentaría las listas de espera quirúrgicas un 7% y las de consultas un 30%.
Heterogeneidad territorial
Dado que las comunidades son las Administraciones encargadas de prestar la sanidad pública, la reforma del mutualismo causaría un reajuste en la distribución de los fondos del sistema de financiación autonómico con distintos impactos en función del territorio. Eso se debe a que los mutualistas de opción privada se distribuyen de forma desigual. Suponen, por ejemplo, el 5,5% de la población protegida por el sistema nacional de salud en Extremadura y el 0,9% en País Vasco.
El traspaso supone que reciban más fondos aquellas comunidades donde la población mutualista atendida por el sistema privado es mayor en términos relativos y que pierdan aquellas donde el peso es menor, debido a que, a paridad de recursos, se produciría una variación en la distribución porcentual de la población protegida —variable que se emplea como criterio para asignar los fondos del sistema de financiación—. Extremadura y la Comunidad de Madrid tendrían un incremento del 0,45%, equivalente a 17,5 y 79,3 millones, respectivamente, al contar con un elevado porcentaje de funcionarios sobre el total de la población que acude al sistema público. También recibirían más transferencias Andalucía (103,9 millones, un 0,43% más) y Castilla y León (0,41% más, 33,3 millones). Aragón recibiría un 0,25% más (11,1 millones), Murcia un 0,18% (7,4 millones) y Galicia un 0,02% (2,3 millones).
Cataluña, al contrario, sufriría una disminución del 0,72% (183,5 millones de euros), Baleares del 0,66% (22,4 millones), Asturias del 0,36% (12,1 millones), Comunidad Valenciana del 0,29% (37,2 millones), Cantabria y La Rioja del 0,16% (3,6 millones y dos millones, respectivamente), Canarias del 0,12% (7,9 millones) y Castilla-La Mancha del 0,02% (un millón).
El debate sobre el mutualismo ha vuelto a saltar a la palestra en los últimos meses por la dificultad que ha tenido el Gobierno en encontrar aseguradoras dispuestas a participar en el convenio de Muface 2025-2027 al precio que ofrecía. Finalmente, Adeslas y Asisa han decidido acudir a la licitación después de que el Ejecutivo elevara el presupuesto del contrato y de las primas en un 41%. El actual concurso supondrá un desembolso de 6.250 millones en tres años.
