La reciente orden ejecutiva del magnate desafía la Decimocuarta Enmienda y pone en jaque el principio de igualdad ante la ley
MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) –
Como parte de su amplia agenda migratoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva el mismo día en el que tomó posesión para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución que encara ahora un largo camino en los tribunales.
La Decimocuarta Enmienda de 1868 –que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en el que residen»– solo puede ser modificada si los cambios son aprobados por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los estados.
La Constitución solo ha sido enmendada 21 veces desde que fue adoptada en 1787, la última de ellas en 1992. Actualmente, la Cámara de Representantes no cuenta con una mayoría republicana tan amplia –teniendo en cuenta las reticencias que desata la orden ejecutiva dentro del Partido Republicano– y el Senado se encuentra dividido.
La iniciativa también genera disconformidad en el electorado, especialmente en el demócrata. Según una encuesta realizada en febrero por el ‘think tank’ Pew Research Center, el 56 por ciento de los estadounidenses están en contra de la medida, mientras que un 43 por ciento le dan el visto bueno.
Simpatizantes de Trump argumentan que el derecho a la ciudadanía por nacimiento se ha utilizado para promover el llamado «turismo de parto», un supuesto fenómeno por el que mujeres indocumentadas viajan a Estados Unidos con el único propósito de dar a luz para, posteriormente, solicitar la residencia permanente debido al estatus de ciudadano de sus hijos.
Por contra, los detractores del magnate aseguran que contradice los precedentes legales históricos, que acaba con el principio de igualdad ante la ley y que podría dejar a miles de niños en un estado de apatridia, además de generar inseguridad jurídica y costes burocráticos adicionales.
Por el momento, el decreto permanece paralizado por hasta cuatro jueces federales, si bien se espera que el Tribunal Supremo –de mayoría conservadora– emita una opinión al respecto, lo que podría cambiar la interpretación de este consolidado derecho y dejar fuera a los hijos de los inmigrantes irregulares.
«El privilegio de la ciudadanía estadounidense no se extiende automáticamente a (todas) las personas nacidas en Estados Unidos», reza el texto de la orden ejecutiva, que lleva por nombre ‘Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense’.
EL ORIGEN DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
Dred Scott, un esclavo afroamericano que nació en Virginia y cuyos dueños se mudaron a Misuri, fue vendido a un cirujano del Ejército que, por motivos de trabajo, se trasladó a los territorios libres de Illinois y Wisconsin, donde la esclavitud estaba prohibida.
A la muerte de su propietario, Scott regresó a Misuri y presentó una demanda ante los tribunales en busca de su libertad. Tras pasar por varios tribunales, el caso escaló hasta el Tribunal Supremo, donde en 1857 el juez Roger Taney dictó un polémico fallo en su contra, alegando que las personas negras, ya fueran libres o esclavizadas, no podían ser consideradas ciudadanos estadounidenses.
El fallo, que se produjo en un momento de fuertes tensiones entre el norte y el sur en los años previos a la Guerra de Secesión, fue ampliamente criticado –incluso Trump en su orden ejecutiva lo calificó de «vergonzoso»– si bien finalmente fue invalidado tras la ratificación de la Decimocuarta Enmienda de 1868.
Décadas más tarde, el principio de ‘ius solis’, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida dentro de un territorio sin importar el estatus migratorio de sus padres, se consolidó como derecho constitucional en 1898 gracias a Wong Kim Ark.
Su caso estalló en un momento de discriminación contra la comunidad china, percibida por los trabajadores estadounidenses como una amenaza social al ser mano de obra barata en sectores como la construcción, la minería o el ferrocarril. Esta situación derivó en un fuerte sentimiento anti-chino que se materializaría en la Ley de Exclusión China de 1882, que impedía a los trabajadores de esta parte de Asia ingresar en territorio estadounidense.
Wong Kim Ark nació años antes en la ciudad de San Francisco en el seno de una familia de inmigrantes chinos que llegaron a Estados Unidos en el contexto de la fiebre del oro en California. Cuando este cocinero de profesión viajó a China para visitar a sus seres queridos, se le impidió volver a entrar a territorio estadounidense en virtud de la citada Ley de Exclusión.
No obstante, en su caso el Supremo sí falló a su favor y determinó que la Decimocuarta Enmienda se aplicaba claramente a todos los nacidos en territorio estadounidense, independientemente del origen o estatus migratorio de sus padres.
«La (Decimocuarta) enmienda, en términos claros y con intención manifiesta, incluye a los hijos nacidos en el territorio de Estados Unidos, de cualquier raza o color, domiciliados en el país», reza el contundente fallo del Supremo, aprobado por seis votos a favor y dos en contra, que aludía al caso de Scott.
«SUJETO A JURISDICCIÓN»
A diferencia del derogado fallo Roe contra Wade, que blindaba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento goza en la actualidad de amplio consenso legal y no ha tenido un historial de disputas judiciales debido, en parte, a la claridad del lenguaje de la citada enmienda.
No obstante, la frase «sujeto a jurisdicción» ha sido motivo de disputa ocasional debido a un fallo emitido en 1884 en el que John Elk, un indígena winnebago que nació en una reserva india, reclamó la ciudadanía tras mudarse a Omaha, en Nebraska, donde se le impidió ejercer su derecho al voto.
Según determinó entonces el Supremo, Elk no tenía derecho a la ciudadanía debido a que, pese a haber nacido en territorio estadounidense, procedía de una tribu nativa que contaba con su propio gobierno y legislaciones, por lo que no estaba «sujeto a jurisdicción» de Estados Unidos.
Trump ha promovido la interpretación restrictiva de esta frase con el objetivo de limitar este derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular, argumentando que los progenitores no son leales a Estados Unidos por haber nacido en un país extranjero.
Además, ha aducido que no se concede la ciudadanía a todo el mundo de forma automática, sino que también hay excepciones, como los hijos de los diplomáticos extranjeros o los nacidos en Samoa, que se consideran nacionales, pero no pueden votar, por ejemplo.
La ciudadanía por nacimiento no es la única medida de Trump paralizada por la Justicia. En el marco de su controvertida política migratoria, los jueces también han bloqueado la deportación de inmigrantes a Sudán del Sur y otros terceros países, así como la utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVII, para acelerar la expulsión de personas presuntamente vinculadas a redes criminales.
