El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones prestado por Telefónica en 2022 ascendió a 5,38 millones de euros, un 11,5% menos que en 2021, según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicadas este jueves.
El servicio universal garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a una serie de servicios básicos de telecomunicaciones, con independencia de su localización geográfica o situación económica. Competencia ha explicado que, tal y como se hizo en 2021, el coste neto de zonas no rentables correspondiente a 2022 ha sido ajustado respecto del valor presentado por Telefónica con el fin de incorporar el proceso de desmantelamiento de su red de cobre.
Este ajuste, afirma la CNMC, permite reflejar de mejor manera el coste para Telefónica de proveer la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a Internet a 1 Mb/s en zonas no rentables desde todo el territorio. Además, Competencia ha mejorado el cálculo del abono social al separar los clientes por tecnologías (cobre, fibra y radio), lo que permite una estimación más precisa del coste real soportado por Telefónica al ofrecer este servicio a jubilados y pensionistas con bajos ingresos.
La Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros. Por ello, la CNMC también determinará, en un nuevo expediente, las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal.
La CNMC está trabajando en una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el Servicio Universal que se adaptará al marco normativo introducido por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022. Esta metodología se aplicará a partir del ejercicio 2023.
En tanto, Telefónica continuará hasta el 31 de diciembre de 2026 como el operador encargado en España de la prestación del servicio universal de telecomunicaciones al no haberse presentado ninguna compañía a la licitación pública para cubrir este servicio.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública designa de forma directa por orden ministerial a Telefónica para que se haga cargo de este servicio por un periodo de dos años. Se trata ya de un procedimiento habitual puesto que todos los anteriores concursos desde la liberalización de las telecomunicaciones han quedado desiertos. Ninguna de las operadoras con red está interesada en prestar este servicio al considerarlo deficitario, por lo que es el Gobierno el que se ve en la obligación de designar por decreto a Telefónica para cubrirlo año a año.
La CNMC ha propuesto que, aunque lo ideal sería convocar una licitación, la designación directa de Telefónica es adecuada en este momento para garantizar la continuidad del servicio universal, aunque ha propuesto al Ministerio que dicte un decreto con las nuevas condiciones que debe asumir el servicio. Actualmente, la velocidad mínima de conexión se fija en 10 megabits por segundo (Mbps) de descarga, pero la CNMC considera necesario elevar este umbral, dada la evolución tecnológica y las necesidades actuales de los usuarios.
Precisamente, el último informe de la CNMC plantea elevar esa velocidad mínima de acceso a Internet a los 100 Mbps, argumentando que actualmente el 93,3% del total de accesos activos de banda ancha fija en España disponían de una velocidad igual o superior a esos 100 Mbps según los últimos datos de diciembre de 2023. Competencia también propone aumentar el volumen máximo de datos hasta los 45 gigabits (GB) al mes para la conexión de banda ancha mediante tecnologías móviles o por satélite, toda vez que el programa público Conecta35, que también se presta por satélite, incluye un límite de 150 GB mensuales.
