La patronal y los principales sindicatos del sector de la construcción, que emplea a 1,4 millones de personas en España, acaban de acordar la inclusión de un protocolo contra la discriminación del colectivo LGTBI+ en su convenio colectivo. Según confirman en la principal patronal, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), han alcanzado un pacto con los sindicatos más representativos, CC OO del Hábitat y UGT FICA, para dar “un paso decisivo en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI”. Este tipo de protocolos derivan de una nueva obligación normativa, por la cual los convenios deben recoger medidas concretas para asegurar la igualdad de trato y la no discriminación de este colectivo.
Según explica CNC, se han incorporado dos anexos que recogen tanto las medidas acordadas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ como un protocolo específico de actuación frente al acoso y la violencia hacia este colectivo. El texto aún no ha llegado al Boletín Oficial del Estado, pero en la patronal precisan que ese paso se materializará en los próximos días.
“Los agentes sociales consideran imprescindible adaptar el régimen disciplinario del convenio, incorporando nuevos supuestos de infracción que garanticen el cumplimiento efectivo de los principios de igualdad y no discriminación. Estas medidas se traducen en la inclusión de cláusulas que refuercen la equidad en aspectos clave de la vida laboral, como el acceso al empleo, la clasificación y promoción profesional, la formación, la sensibilización, el uso de lenguaje inclusivo, los permisos y los beneficios sociales”, añade la CNC.
Todas las empresas del sector que cuenten con más de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberán cumplir con esta nueva normativa. Y la patronal también recuerda que estas medidas “alcanzan también a aquellos aspirantes que soliciten un puesto de trabajo, al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes y visitas a las empresas”.
“Con este acuerdo el sector de la construcción vuelve a demostrar su compromiso con el colectivo LGTB, situándose a la vanguardia de la defensa de derechos de este colectivo y poniendo todas las herramientas a su disposición contra la discriminación y la violencia”, añade la CNC.
Ley trans
El conjunto de medidas parte de un desarrollo reglamentario de la conocida como ley trans: establece que los convenios colectivos deberán contemplar cláusulas específicas de igualdad de trato y no discriminación para las personas LGTBI+; precisa que las empresas deberán impartir formación para evitar la discriminación del colectivo en entrevistas y ascensos; fija la inclusión de un protocolo frente al acoso y la violencia; que “se promoverá” la “heterogeneidad de las plantillas para lograr entornos laborales diversos”; y contempla medidas específicas para fomentar la integración del colectivo trans, el que más discriminación laboral sufre.
CEOE, Cepyme, CC OO y UGT acordaron con el Ministerio de Trabajo este conjunto de políticas, que debe desarrollarse de forma obligatoria en las compañías con más de 50 empleados, pero puede aplicar a muchas otras de menor tamaño, ya que ha de trasladarse a todos los convenios, como el general de la construcción.
Según vienen denunciando los colectivos que representan al colectivo LGTBI+, muchas empresas están arrastrando los pies en la implementación de este tipo de protocolos. El 8 de enero terminó el plazo para que se abrieran las negociaciones en el seno de cada convenio y el 8 de abril finalizó el plazo marcado para que esas conversaciones quedaran resueltas. De no haberse alcanzado el acuerdo, las compañías están igualmente obligadas a implementar una serie de medidas mínimas contempladas en el real decreto. Las empresas que no cumplan se enfrentan a posibles sanciones de Inspección.
Ola reaccionaria
Este nuevo marco normativo aplica en España mientras que otros países, como Estados Unidos con Donald Trump al mando, retroceden en sus políticas de diversidad. Según explicaba recientemente un portavoz de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) a este periódico, este escenario político “refuerza la importancia de las leyes y el Estado de derecho frente a la volatilidad de los mercados”.
FELGBTI+ reclamaba al Ministerio de Trabajo que vigile el cumplimiento de esta nueva normativa y añadía un recado: “Recordamos a la ministra su compromiso público de aprobar también un protocolo de acompañamiento para la inserción laboral de personas trans. En la actualidad, cuatro de cada diez personas trans se encuentran en riesgo de pobreza, un 16% más que la población en general”.
