Madrid (EFE).- La Mesa del Congreso ha reactivado este martes la tramitación de la ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones, propuesta por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, gracias a los votos del PP, ya que el PSOE ha votado a favor de seguir prorrogando el plazo de enmiendas.
El texto establece que si un alquiler temporal dura más de nueve meses o encadena más de dos contratos consecutivos se entenderá como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas.
Esta ley arrancó su tramitación en diciembre, con el apoyo del PSOE, PNV y Junts y la oposición del PP y Vox, pero desde entonces permanecía encallada en la Mesa del Congreso, donde la mayoría que forman socialistas y ‘populares’ ha ido prorrogando sucesivamente el plazo de presentación de enmiendas.
«Estrategia de dilación» del PSOE en la Mesa
La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, que llevaba varias semanas exigiendo a su socio de gobierno que desbloqueara la tramitación de esta iniciativa, ha manifestado su preocupación por la «estrategia de dilación» del PSOE en la Mesa.
Ha anunciado además, que Sumar ha presentado una autoenmienda para añadir en la ley la «prohibición de empresas de ‘desokupación’ como Desokupa, que operan sembrando el miedo y la intimidación y actuando como matones a sueldo».
«Queremos que no puedan constituirse, contratarse ni camuflarse bajo nuevas formas jurídicas una vez disueltas», ha explicado en rueda de prensa, tras insistir en que los alquileres de temporada son «un coladero que eleva los precios de la vivienda y vacía los barrios».
Fuentes del PP han dicho a EFE que han respaldado a Sumar en el cierre del plazo de enmiendas de esta ley porque en general están «a favor de que se cierren los plazos de enmiendas de todas las leyes y de que la actividad legislativa siga adelante».
Esta iniciativa de los partidos a la izquierda del PSOE fue tumbada por Junts per Catalunya en septiembre de 2024, pero sus impulsores consensuaron algunos cambios con el partido de Carles Puigdemont y tres meses después Junts votó a favor de que pudiera tramitarse, junto al PSOE y el PNV.
Promovida en su origen por los colectivos de vivienda y sindicatos de inquilinos, esta ley supone una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir en su ámbito de aplicación los arrendamientos temporales y de habitación, tras la constatación de que cada vez más arrendadores usan estos contratos fraudulentamente para esquivar la protección de los inquilinos que garantiza la LAU.
