Los extranjeros que buscan piso en España no solo se topan con una oferta escasa y unos precios de alquiler por las nubes, muchas agencias y propietarios aprovechan su posición de ventaja para aplicar prácticas de racismo inmobiliario que les dificultan el acceso a la vivienda. Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG han registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno medidas para atajar la discriminación residencial. Los grupos parlamentarios —en nombre de 47 entidades sociales, encabezadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña y Red Acoge — exigen, entre otros puntos, regular los requisitos máximos que se pueden pedir para alquilar o comprar una casa, sancionar prácticas de exclusión inmobiliaria o facilitar los procesos denuncia de los víctimas.
El Presidente de la Asociación Rumiñahui, centrada en los derechos de los inmigrantes, Vladimir Pascual Revelo, ha lamentado las “situaciones de extrema vulnerabilidad” que viven niños y las familias del extranjero. En tanto, la diputada de ERC Etna Estrems Fayos, ha señalado que la vivienda es “la emergencia social más importante” del país, y que el racismo inmobiliario le añade una capa más de complejidad a este problema. “Esperamos que el Gobierno, especialmente el Partido Socialista, haga alguna cosa más desde su posición de poder que hacer grandes declaraciones, que es hasta ahora lo único que ha hecho”, ha declarado.
La PNL insta al Gobierno a que “aplique de manera efectiva” la Ley de Igualdad de Trato y de Discriminación aprobada en 2022. “Necesitamos que cuanto antes se ponga en marcha la Autoridad Independiente para que se pueda dar trámite a todas las denuncias que existen por discriminación”, ha declarado Juande Gómez, miembro de Provivienda, a las puertas del Parlamento. Los firmantes también sugieren poner en marcha programas de bolsas de alquiler asequible con figuras de mediación y asesoramiento legal gratuito en la firma de contratos para resolver conflictos relacionados con el alquiler.
Entre otras medidas propuestas, figura el despliegue de campañas de información sobre los derechos de los arrendatarios dirigidas a la población migrante, y de sensibilización para profesionales del sector inmobiliario. Así como el fomentar la investigación y recopilación sistemática de datos sobre la discriminación en el acceso a la vivienda.
Un mercado hostil para los migrantes
Existen datos que respaldan las exigencias descritas en la PNL. Provivienda reveló en marzo— en el segundo informe ¿Se Alquila? Racismo y segregación en el alquiler de la vivienda — que el 99% de las inmobiliarias consultadas por vía telefónica por supuestos arrendadores, en Madrid y Barcelona, aceptaron prácticas discriminatorias explícitas hacia personas extranjeras. Dato que contrasta con el registrado en la edición del 2020, 72,5%. El estudio identificó que muchos agentes garantizan la exclusión por medio de otros métodos “sutiles”, como exigir más requisitos y destacó el auge de prácticas como la exigencia de seguros de impago.
También se evidenció que existe una valoración favorable respecto a la condición económica y hábitos de extranjeros comunitarios, anglosajones o con niveles socioeconómicos elevados. Mientras, para ciudadanos de países de regiones de África, Asia y América Latina — aquellos que migran por motivos económicos —, operan prejuicios como la presunción del impago, malos hábitos y hacinamiento, entre otros.
En esta línea, del Módulo sobre acceso a servicios de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, publicado en marzo por el Instituto Nacional de Estadística, se desprende que las personas con discapacidad, los extranjeros y los adultos jóvenes, entre 30 y 44 años, son los más vulnerables en medio del mercado inmobiliario volátil. Según la encuesta, el 8,9% de quienes intentaron alquilar o comprar una vivienda en los últimos cinco años se ha sentido discriminado, lo que equivale a más de 1,4 millones de personas sobre un total de 16 millones. A la luz de estos datos, Pascual Ravelo, ha reivindicado este miércoles la vulneración de este derecho básico de la comunidad migrante. “Nosotros también estamos construyendo este país, y, sin embargo, se nos trata como ciudadanos de tercer nivel; por eso exigimos, una vivienda digna y de calidad”, ha sentenciado.
