La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido dar luz verde a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell después más de 11 meses de análisis, en medio de la presión por una considerable trifulca política en Cataluña respecto a la operación, y tras tres jornadas de vértigo. No faltó ni un giro de guion inesperado: el mayor apagón eléctrico de la historia de España. La fumata blanca llegó, al final de una reunión maratoniana, de hasta de nueve horas, en la que el tratamiento del crédito a las pymes a medio y largo plazo fue el principal caballo de batalla de la discusión, según informan fuentes conocedoras de las conversaciones. En el aire estaba una operación de concentración que daría lugar al segundo banco de España.
El consejero cercano a Junts, el exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler, defendió a brazo partido la postura del Sabadell y del empresariado catalán: un blindaje mucho más duro del que proponía el BBVA. Este aspecto a punto estuvo de descarrilar la aspiración de Competencia para su resolución en un asunto tan espinoso ―una opa hostil que levanta ampollas en el Gobierno central y en Cataluña―, y que consistía en alcanzar un acuerdo unánime, sin votos particulares. Finalmente, una solución salomónica, con un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas de Cataluña y Baleares, terminó de desbloquear la situación con el voto a favor de todos los consejeros.
Ese desenlace no estaba seguro en la mañana del lunes, cuando comenzó la reunión de la Sala de Competencia de la CNMC. A la mesa se sientan la presidenta del organismo, Cani Fernández, junto con otros cuatro consejeros: Pilar Sánchez, una exasesora del Ministerio de Economía con Nadia Calviño; Rafael Iturriaga, que ha ocupado varios cargos en el Gobierno vasco; María Vidales, una técnica comercial y antigua directora del Departamento de Promoción de la Competencia de la CNMC; y Pere Soler, que fue concejal por Convergencia i Unió (CiU) y ha ocupado después varios cargos en la Generalitat con los Gobiernos de Junts, como director de los Mossos, además de trabajar como asesor del Departamento de Empresa o director general de la autoridad de competencia catalana. Su cometido era analizar la última oferta de compromisos (remedies, en la jerga) enviada por el BBVA —la quinta, desde que se inició el proceso—, que previamente había sido sometida a un test de mercado durante las semanas anteriores.
La CNMC había identificado un problema en la última oferta del BBVA: el tratamiento del crédito a medio y largo plazo a las pymes. Para las líneas de circulante (aquellos préstamos a empresas con vencimiento de menos de un año), el BBVA garantizaba su blindaje total durante tres años (ampliable a otros dos), pero para el resto de deuda limitaba este escudo a las pequeñas compañías que tuviesen el 100% de sus préstamos con el BBVA, con el Sabadell o con los dos, durante el mismo periodo. Entendía el regulador que esto dejaba fuera a la gran mayoría de las compañías, como aquellas que, por ejemplo, tuviesen el 99% del pasivo con BBVA o Sabadell y solo un 1% con el Santander. Es habitual que las pymes trabajen con múltiples entidades.
El Sabadell, junto a las asociaciones empresariales catalanas consultadas en el test de mercado, proponía rebajar ese 100% al 20%. Esta fue la propuesta que defendió Soler en las conversaciones sobre el asunto que se sucedieron en la mañana del lunes. Entonces, se cruzó un elemento totalmente inesperado: el gran apagón.
La sesión se suspendió y Competencia pidió al BBVA que pusiese por escrito una nueva propuesta. La entidad presidida por Carlos Torres planteó blindar el crédito a pymes a aquellas que tengan el 85% con las entidades en liza. Para el entorno empresarial catalán seguía sin ser suficiente y así lo defendió durante el martes y el miércoles Soler, que amenazaba con emitir un voto particular si la operación se aprobaba por la mayoría del resto de miembros de la sala. Fernández, la presidenta, se había puesto como objetivo que el sí a la opa fuese por unanimidad.
La opa del Sabadell se ha convertido en un verdadero caballo de batalla del mundo empresarial —y político— catalán por varios motivos. El primero, por el negocio del banco, muy ligado al tejido industrial de la zona. El segundo, por la pérdida progresiva de grandes grupos financieros. La crisis se llevó por delante a muchas de las entidades, como CatalunyaCaixa o la alianza de cajas catalanas Unnim, que precisamente terminaron siendo adquiridas por el BBVA. La puntilla la puso el procés en 2017, que supuso el traslado de las sedes sociales del propio Sabadell y de CaixaBank fuera de Cataluña. El Sabadell volvió en enero, en estos últimos meses del análisis del supervisor de Competencia, y se ha convertido en un emblema del proceso de normalización en Cataluña.
Las conversaciones, en el seno de la CNMC, seguían sin alcanzar un acuerdo durante el martes y hasta el mediodía del miércoles. Fue entonces cuando desde el supervisor se pidió una nueva propuesta al BBVA. Competencia aceptaba que el banco que preside Carlos Torres solo blinde a las empresas que tengan el 85% de la deuda con el BBVA y el Sabadell, pero introdujo una salvaguarda para aquellas comunidades autónomas donde la entidad resultante tenga una cuota de mercado de más del 30% y del 10% en adición (es decir, donde la entidad resultante sume el 30% y el banco más pequeño tenga más del 10%). Estas zonas son, casualmente, solo dos: Cataluña y Baleares.
Los nuevos blindajes al crédito a las pymes, eso sí, son una victoria pírrica para el Sabadell. Su postura, que defendió en el recurso al expediente en febrero, era mucho más dura. Consideraba que única forma de restituir la competencia al nivel previo a la opa sería forzar al BBVA a vender parte del negocio conjunto, una línea roja para la entidad vasca.
El BBVA respondió durante la tarde del miércoles y acató este nuevo requisito sobre las pymes catalanas, lo que desatascó la reunión. La cumbre terminó ya a última hora de la tarde, cerca de las ocho. Unas dos horas después, la CNMC remitía una nota de prensa donde anunciaba la decisión y detallaba los compromisos bajo los que se aprobaba la oferta.
Voces de Junts expresan malestar por la decisión del consejero Pere Soler, que ellos mismos impulsaron en un acuerdo con el Gobierno a finales de año. Reconocen que el valor práctico de que hubiese emitido un voto particular era escaso, dado que no iba a evitar la autorización de la opa. No obstante, consideran que sí tenía un valor simbólico y que facilitaba que el Gobierno impusiese ahora condiciones mucho más elevadas, que terminasen por disuadir al BBVA de seguir adelante con la opa. Otras fuentes señalan que Soler aceptó la resolución al entender que la presión por desbaratar la opa seguirá en las próximas semanas, ahora con el Gobierno como destinatario.
El carácter político de la opa —muy relevante desde el primer momento, cuando el BBVA la lanzó unos días antes de las elecciones catalanas— pasa ahora a primer plano. El Ministerio de Economía tiene 15 días para proponer al Consejo de Ministros si endurecer o suavizar las condiciones de Competencia. Y Moncloa tendrá entonces un mes para analizar si impone nuevas cuestiones en defensa del interés general. El Gobierno se ha mostrado desde el principio contrario a la operación, al entender que perjudicaba la cohesión territorial, así como suponía despidos y cierre de oficinas. La vicepresidenta tercera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reiteró esta posición en la mañana del jueves. El Ministerio de Economía, en cambio, fue más comedido en una reacción difundida justo después de conocerse el sí de Competencia: reclamaba prudencia hasta poder analizar el dictamen a fondo. La opa entra en una nueva dimensión.
