Sobre el papel, el sector energético en España es un avispero que bulle de actividad. Más de 500 empresas registradas entre comercializadoras, generadoras y distribuidoras compiten en una actividad tan compleja como rentable. En la realidad, el negocio de la energía está dominado —y controlado— por un puñado de grandes compañías con intereses en el negocio eléctrico, petrolero y gasista, dueñas de las centrales nucleares (20% de la electricidad) y que han sabido adaptarse a la apuesta por las renovables.
El pequeño grupo produce, comercializa y distribuye energía a través de filiales jurídicamente separadas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador, hizo el listado a comienzos de año. En el sector eléctrico mandan Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP Energías de Portugal y Acciona; y en el gas natural, Naturgy, Endesa, Repsol, Iberdrola y el grupo suizo Axpo. La línea de puntos se une sola. Y el dibujo es revelador. Treinta años después del inicio de la liberalización —Ley 54/1997 del Sector Eléctrico—, la concentración del sector se mantiene alta. Endesa (34%), Iberdrola (32%) y Naturgy (14%) suministran el 80% de la energía que llega a los hogares (CNMC, Actualización del estado del mercado minorista de electricidad, 2024).
El sector energético es la encrucijada en la que convergen los intereses de la banca, los grandes fondos de inversión privados y estatales y la gran industria. El paso del sector lo marcan gigantes de la inversión como BlackRock (Iberdrola, Repsol, Naturgy) o IFM (Naturgy); empresas estatales como la italiana Enel (Endesa), la argelina Sonatrach (Naturgy), Qatar Investment (Iberdrola) o la china CTG (EDP) y fondos soberanos como el noruego Norges (Repsol, Iberdrola) o Mubadala Investment de Dubai (Moeve). En el índice bursátil Ibex 35 sólo la banca (31%) gana en peso a las compañías energéticas (21%). Un traspié como el del apagón del 28 de abril es un ataque en el corazón del sistema. Un infarto. Una sola empresa, Iberdrola, copa un 13% de la tarta del mercado de acciones. Sólo Inditex está por encima. Un sabotaje o un error con tintes de escándalo en el sistema eléctrico provoca un terremoto con réplicas en la economía y en la política.
Endesa, Iberdrola y Naturgy suministran el 80% de la energía que llega a los hogares
El tiempo no pasa en balde y desde los inicios de la liberalización eléctrica, a finales de los noventa, las caras de la fila cero empresarial han cambiado, aunque no todas. La afirmación de hace 20 años —”la representación del sector eléctrico español cabe en un taxi”— sigue teniendo sentido. Los protagonistas del negocio eléctrico a principios de siglo: Rodolfo Martín Villa (presidente de Endesa); Íñigo Oriol (Iberdrola); Victoriano Reinoso (Unión Fenosa) y Manuel Menéndez (Hidrocantábrico), han dejado paso a José Bogas (consejero delegado de Endesa); Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola); Francisco Reynés (Naturgy) y Miguel Stiwell (EDP). Entre la vieja y la nueva generación ha habido escaramuzas, batallas y auténticas guerras. Una larga guerra de opas sobre Endesa entre 2005 y 2009 dio el control de la antigua empresa pública a la italiana Enel; Unión Fenosa desapareció en 2008 engullida por Gas Natural en una operación de 16.750 millones e Hidrocantábrico tentó a franceses (EDF), alemanes (EnBW) y portugueses (EDP) que, finalmente, se llevaron el gato al agua.
Las batallas por el control se libraron sobre un sistema energético constituido a lo largo del tiempo como las cebollas. Con capas que envuelven el negocio. Primero, centrales hidroeléctricas y de carbón —las últimas están a punto de cerrar tras 140 años de historia—; luego, nucleares con fecha de caducidad entre 2027 y 2035; después, centrales de ciclo combinado a gas, una apuesta de decenas de miles de millones a principios de siglo y, por último, energías renovables. El pasado año, la generación renovable llegó a los 148.999 GWh (un 10,3% más que en 2023), un 56,8% del total del mix energético. La electrificación y descarbonización de la economía, con objetivos ambiciosos —81% de la electricidad de origen renovable en 2030— empujan a las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, a cambiar la orientación del negocio.
Con el impulso a la transición energética, surgieron nuevos actores volcados en las renovables como Acciona Energía y las compañías más vinculadas a los negocios de hidrocarburos como Repsol, Gas Natural, Cepsa (Moeve) o BP sacaron la cartera para tomar posiciones en las nuevas actividades —electricidad, biocombustibles, gases renovables e hidrógeno—. Repsol se hizo con la eléctrica Viesgo en 2018 y ha adquirido comercializadoras (Gana, CHC). Su objetivo: competir en la gran liga eléctrica con Endesa e Iberdrola. De nuevo, concentración. Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol —11.157 millones de beneficios en 2024— copan dos tercios del mercado del autoconsumo en España, según datos del Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS), en junio de 2024.
El torneo de la energía es para primeros espadas, para ejecutivos con experiencia. Ignacio Sánchez Galán, el primero que entendió el potencial de la energía eólica y la importancia de invertir en el exterior, ya era consejero delegado de Iberdrola en 2001; José Bogas (CEO de Endesa) conoció la etapa pública de la compañía y lleva 40 años en la empresa; Antonio Brufau (presidente de Repsol desde hace 21 años) presidió Gas Natural durante siete ejercicios, entre (1997 y 2004) y Reynés (Naturgy), buen conocedor de mercados y fondos, veló armas en Gas Natural Fenosa y el grupo de infraestructuras Abertis antes de ser elegido (2018) para pilotar el futuro de Naturgy.
Un sector regulado
En Capitalismo a la española, el periodista Juan Pedro Velázquez-Gaztelu analiza cómo se comporta el sector. “Siempre a la sombra del poder político, el lobby eléctrico es, después de la banca, el que atesora más poder e influencia en España. Siempre receloso de cualquier cambio regulatorio que pueda perjudicar sus intereses, es también uno de los más apegados a las viejas maneras de hacer negocios”. Velázquez-Gaztelu dice más: “Desde los pantanos construidos durante la dictadura de Franco hasta la nueva tarifa eléctrica, que entró en vigor en 2014, en el sector no ha existido nunca una competencia real”.
Los grandes del sector conocen bien el terreno que pisan. Apuran y miden los pulsos con el Gobierno de turno porque una buena parte de su negocio está regulado. Producir y vender electricidad son actividades libres, pero la distribución —el camino a casa de la luz desde las subestaciones del gestor de la red de alta tensión, Red Eléctrica de España— está regulada y su retribución depende del regulador, la CNMC. En 2024, los pagos por retribución de la distribución eléctrica en España se establecieron en un coste regulado de 0,17498 €/MWh. En total, 5.600 millones a repartir para mantener una inmensa red de media y baja tensión de más de 700.000 kilómetros, suficientes para dar 60 veces la vuelta a la Tierra.
El negocio eléctrico —y el energético en general— es especialmente sensible a los vaivenes legislativos. Por eso las grandes compañías han incorporado a sus equipos de administración y/o dirección a personajes cercanos a la política. Lo han hecho con ruido. Tanto, que en ocasiones han tenido que dar marcha atrás. Sucedió en un lejano 2012 con Ignacio López del Hierro, el entonces marido de la secretaria general del PP y ministra Maria Dolores de Cospedal. López del Hierro tuvo que renunciar a un puesto ya aprobado en el consejo de Red Eléctrica de España. Meses después tuvo premio de consolación: un sillón en el consejo de Iberdrola Ingeniería y Construcción.
El ruido compensa. Por las redes sociales corren desde hace años largas listas de políticos de diferentes partidos que viven o han vivido en algún momento del negocio de la energía en las grandes empresas. “El sector energético se lleva la palma como refugio de altos cargos, sin importar colores o ideologías” recoge Capitalismo a la española. La lista parece interminable. No están todos, pero abarca desde los expresidentes Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (Endesa) a ex ministros como Pedro Solbes (PSOE), Ana Palacio (PP), Isabel Tocino (PP), Luis de Guindos (PP), Ángel Acebes (PP), Elena Salgado (PSOE), Luis Atienza (PSOE) o José Montilla (PSOE) hasta altos cargos como Manuel Marín (PSOE) o Antonio Carmona (PSOE). Representantes de partidos nacionales y de partidos nacionalistas. Endesa tuvo en su consejo al convergente catalán Miquel Roca durante 12 años y Repsol fichó al expresidente del PNV Josu Jon Imaz —experto en polímeros— como presidente de la filial Petronor en 2008. Lo elevó al puesto de CEO de la matriz en 2014.
En los esfuerzos para afinar en influencia e imagen, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha demostrado una especial capacidad. La eléctrica constituyó consejos consultivos en sus zonas de interés especial (Castilla-León, Valencia y Andalucía) para incorporar talento local y dar brillo a la marca. El exseleccionador de la selección de fútbol, Vicente del Bosque, ha estado vinculado a la eléctrica durante más 10 años de este modo y hasta fecha reciente. Por un estipendio testimonial, según aclararon fuentes de la empresa en su momento.
Presión patronal
La búsqueda de control e influencia por las empresas va más allá de los fichajes estratégicos. Eléctricas, gasistas, petroleras y la nueva hornada de compañías de renovables se agrupan en asociaciones o patronales que elaboran estrategias, a veces peligrosamente cerca de la concertación. Las más importantes son: la asociación eléctrica Aelec —la antigua poderosa Unesa—; la asociación petrolera AOP; la gasista Sedigás; la Asociación Empresarial Eólica (AEE); la asociación de productores fotovoltaicos Unef; Anpier, que agrupa a pequeños productores solares y el Foro Nuclear, la palanca de las propietarias de las cinco centrales en funcionamiento, muy útil para nadar y guardar la ropa en el debate de los cierres, los impuestos y el precio del kilovatio.
En la ensalada de siglas, la salsa corre a cuenta de la industria cuyos beneficios dependen del precio de la luz —siderúrgicas, empresas del aluminio y de fertilizantes—. También tienen su asociación: AEGE. Nadie quiere pelear con un brazo atrás. Los productores de renovables —entreverados con algunos de los grandes— se agrupan en la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA).
Algunas de las asociaciones con más solera —grupos de presión, precisan los críticos del sistema—, como Aelec (Unesa hasta 2018) o la AOP de las petroleras, se han adaptado a los tiempos debido a las diferencias de estrategias de los socios y la vigilancia de los organismos reguladores. Mantienen mucho peso todavía, pero en el caso de Aelec nada es lo que era. Donde hace 30 años se sentaban 20 representantes de los grandes grupos eléctricos y sus satélites —Calle Francisco Gervás de Madrid, silencio y madera noble—, hoy sólo quedan tres (Iberdrola, Endesa y EDP). La asociación, eso sí, ha abierto las puertas para incorporar a socios con perfiles más tecnológicos como IBM.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos —creada en 1984, 100% pública— tratan de controlar el avispero en un pulso continuo. En 2011, dos años antes de que se fusionaran los distintos reguladores, Competencia (CNC) multó a las empresas eléctricas con una cifra impresionante en la época, 61 millones. Lo hizo por obstaculizar el proceso de liberalización del mercado y pactar precios.
También sancionó a la asociación Unesa. No fue un gran escarmiento. Desde el año 2013, el supervisor de los mercados ha abierto expedientes sancionadores por manipulación del mercado mayorista eléctrico a todo el pódium del sector —Iberdrola, Endesa y Naturgy— e incluso a alguna compañía más pequeña, caso de Viesgo en 2018. Esos expedientes no prosperaron o acabaron en multas, algunas abultadas pero después rebajadas en los tribunales tras los oportunos recursos. Las sombras de manipulación en el año 2013 llevaron al Gobierno, entonces del PP, a cambiar todo el sistema de fijación de precios por subastas para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó el tarifazo. “Una burda manipulación del mercado” concluyó el ministro de la época, José Manuel Soria (PP).
La radiografía del sector se completa con las dos empresas participadas por el Estado, Redeia-Red Eléctrica de España (REE, 20%) y Enagás (5%); actúan como guardias de tráfico de las infraestructuras eléctricas y gasistas respectivamente. Ambas comparten con las grandes del sector la polémica de las puertas giratorias —sus consejos siempre se han nutrido con políticos— y las dos dependen de la planificación del Estado para mantener beneficios y, con ellos, la consideración de valor seguro para fondos e inversores.
Las dos compañías tienen ante sí grandes retos. El de REE es servir como espina dorsal de la transición energética y la electrificación de la economía pese a la polémica del gran apagón; el de Enagás, convertirse en pieza indispensable en la transición desde los gasoductos a los tubos —hidroductos— para transportar hidrógeno verde, el combustible no contaminante del futuro. El avispero zumba por el cruce de intereses y expectativas. Con tanta intensidad que la clásica sentencia sobre el sector energético: “Si te lo explican y lo entiendes, es que te lo han explicado mal”, aún brilla con luz propia.
