Iba a ser la medida estrella para fomentar el ahorro de cara a la jubilación pero va camino de quedarse en agua de borrajas. El fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) —conocido a menudo como el macrofondo de Escrivá, el ministro de Seguridad Social que lo creó—, es un vehículo destinado a captar miles de millones de euros de pensiones privadas de funcionarios, trabajadores de pymes y autónomos. Pero ahora ha quedado prácticamente descabezado. Los cinco miembros independientes de su comisión especial de control han dimitido y denuncian la inacción del Gobierno, las gestoras y los sindicatos para desarrollar este instrumento.
La comisión constaba de 13 miembros: cuatro propuestos por los sindicatos, cuatro por organizaciones patronales, y cinco propuestos por el ministerio de Seguridad Social, entre profesionales de reconocido prestigio en la previsión social complementaria. Estos cinco tenían que liderar la creación de un reglamento sobre el funcionamiento del fondo, pero han decidido dejar el órgano por la falta de compromiso del resto de agentes, según explican fuentes cercanas al proyecto.
Los dimitidos son Rocío Eguiraun Montes (ex jefa de pensiones de Bankia); Lorenzo Esteban Jódar (ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la DGS); Francisco Javier Garayoa Arruti (ex director general de Spainsif); Xabier Ibars (ex subdirector financiero en Nestlé España) y Virginia Oregui Navarrete (ex gerente la gestora de pensiones Geroa EPSV). Todas las salidas se han producido en el último mes; la mayor parte, la semana pasada.
Otras fuentes involucradas en el organismo apuntan a más motivos para esta dimisión en bloque. En concreto, apuntan a un rechazo al sistema de retribuciones de la comisión. Cuando se diseñó modelo de control se estipuló que los supervisores cobrarían alrededor de 40.000 euros por las reuniones mensuales, trimestrales y anuales que llevarían a cabo, además de una cantidad extra (que oscilaría entre 1.390 y 1.668 euros) por cada reunión adicional que se celebrara, con un máximo total de encuentros de 22 al año.
Pero, además, inicialmente se fijó que los miembros de la comisión no empezarían a cobrar hasta que el fondo hubiera reunido 1.500 millones de euros en activos. Ante el rechazo de implicados, se rebajó esta última cantidad a 1.000 millones y se acordó también que, aunque no recibieran las cantidades acordadas hasta ese momento, sí se devengaran. El problema es que el tratamiento fiscal que exige esta fórmula podría perjudicar a estos expertos, ya que deberían tributar por las cantidades devengadas con la posibilidad de no llegar a cobrarlas nunca.
Distintas fuentes han indicado que el malestar generado por las cuestiones retributivas, junto al reproche que hacen los miembros independientes de esta comisión a los representantes de la patronal y los sindicatos, por no llevar fondos procedentes de la negociación colectiva, ha desembocado en la renuncia de los cinco técnicos supervisores aportados por el Gobierno.
En el ministerio de Seguridad Social apuntan que “es bastante habitual que haya cambios en este tipo de puestos” y organismos. El departamento que ahora dirige Elma Saiz argumenta que los expertos que han dimitido “estuvieron en el lanzamiento del proyecto, pero ahora se está en otro punto de despliegue del mismo”.
José Luis Escrivá, exministro de Seguridad y actual gobernador del Banco de España, creó dos nuevas figuras para fomentar el ahorro para la jubilación. Los planes de pensiones simplificados —que se han generalizado entre autónomos y también en los trabajadores del sector de la construcción— y el mencionado fondo de promoción pública (FPEPP). Con estos dos tipos de vehículos y con la limitación de las aportaciones a planes individuales se quería impulsar el ahorro para la jubilación vinculado a la negociación colectiva.
Para gestionar el dinero que entrara en el macrofondo se escogió en concurso público a cinco grandes gestoras (VidaCaixa, BBVA, Santander, Ibercaja y Caser) con el compromiso de que llegaran a sumar más de 2.500 millones de euros en tres años. Pero han pasado más de dos años y aún no ha entrado ni un euro.
“Un desastre desde el principio”
Uno de los miembros independientes que ha dimitido de la comisión de control del macrofondo explica, bajo condición de anonimato, que “ha sido un absoluto desastre desde el principio”. Según relata, tan solo ha habido dos reuniones formales en dos años y medio. El ministerio de Seguridad Social se desentendió tan pronto como Escrivá fue nombrado gobernador del Banco de España, siempre según su versión, y las gestoras no han querido fomentarlo porque el nivel de comisiones que cobrarían por administrar este dinero es muy bajo. “Prefieren impulsar otros productos, como los planes simplificados”, describe.
Fuentes de la Seguridad Social aseguran que se va a iniciar otro proceso de selección abierto a los expertos del sector que se presenten, similar al que se hizo hace dos años para escoger a los cinco profesionales que ahora han dimitido. Pero en el sector de los fondos de pensiones consideran que esta “espantada” demuestra la poca viabilidad del proyecto.
