Al menos 60 universidades de EE UU están siendo investigadas por su respuesta a las manifestaciones de antisemitismo en sus campus desde el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023. Otro medio centenar está asimismo en el punto de mira de la Casa Blanca por sus políticas de diversidad e inclusión, que para la Administración republicana constituyen la perfecta muestra de esa ideología woke que pretende erradicar. Varias facultades aparecen en ambas listas: son los campus que forman a las élites demócratas, las prestigiosas universidades privadas contra las que los republicanos vienen arremetiendo meses antes incluso de que Donald Trump ganara las elecciones del pasado noviembre. La enésima guerra cultural de la derecha estadounidense se libra desde hace tiempo en los campus y se acaba de cobrar una nueva víctima, la rectora en funciones de la Universidad de Columbia (Nueva York).
La amenaza de retirada de fondos federales a la institución está en la raíz de la dimisión, conocida este viernes, de su responsable, Katrina Armstrong, que a su vez sustituía de forma interina a la titular, Minouche Shafik, que renunció en agosto arrollada por el candente debate sobre el antisemitismo. Sobre la Universidad de Pensilvania, cuya rectora también renunció por la polémica, se cierne la amenaza de retirada de 175 millones de dólares si no suprime su agenda DEI (siglas en inglés de diversidad, equidad e inclusión; los criterios supuestamente woke). Ambas ofensivas se imbrican, aunque obedezcan a motivos distintos, mientras aumenta el goteo de dimisiones y expulsiones de los campus: las últimas conocidas son las salidas forzosas del director y la subdirectora del Centro de Estudios de Oriente Medio de Harvard. El centro homónimo de Columbia será objeto también de una reorganización.
Columbia, que el año pasado fue epicentro de la mayor movilización estudiantil en EE UU desde la guerra de Vietnam, es el banco de pruebas de la ofensiva de la Casa Blanca. La amenaza de retirar 400 millones de dólares (algo más de 257 millones de euros) en fondos federales hizo ceder a la institución, llevándose por el camino a la rectora en funciones. Armstrong tuvo que hacer frente el pasado martes en una reunión a puerta cerrada del claustro a las duras críticas de numerosos profesores, mientras insistía en el riesgo “devastador” que para el funcionamiento de la institución tendrían los recortes en su presupuesto.
La rectora se hallaba también bajo presión de la comunidad estudiantil desde que el pasado 8 de marzo —un día después de formular Washington la amenaza de cortar la ayuda federal— fue detenido por la policía migratoria el posgraduado de origen palestino Mahmoud Khalil, líder de las protestas contra la guerra de Gaza que en la primavera pasada agitaron el campus y, desde allí, se extendieron al resto de universidades del país.
La conjunción de la amenaza de Washington y el clamor mediático por la detención de Khalil se sustanció, una semana después, en la capitulación de la universidad, plegándose a las demandas del Gobierno para no perder los fondos federales, vitales para la supervivencia de la facultad de Medicina. Trump había amenazado una semana antes a Columbia con retirar subvenciones y contratos federales por ese importe si la institución no tomaba medidas más firmes contra el antisemitismo.
Entre las demandas de la Casa Blanca asumidas por la universidad neoyorquina, de las que Armstrong dio cumplida cuenta en un mensaje interno titulado Impulsar nuestra labor de lucha contra la discriminación, el acoso y el antisemitismo en Columbia, están la prohibición de mascarillas en las protestas (algo habitual entre los manifestantes para evitar ser identificados), reformar el proceso de admisión y reprimir de forma más firme las protestas antiisraelíes, otorgando a 36 agentes de policía del campus recién contratados la potestad de detener a estudiantes. Pero la Casa Blanca logró otra victoria aún mayor: el nombramiento de un vicerrector principal encargado de supervisar el temario y el profesorado del departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, así como el prestigioso Centro de Estudios Palestinos, que fue el hogar del intelectual Edward Said, autor, entre otras obras, del clásico Orientalismo y de ensayos clave sobre cultura e imperialismo.
La capitulación de Columbia ha suscitado encendidas reacciones. Cerca de un millar de profesores, académicos y asociaciones lanzaron el miércoles un boicot contra la universidad de la Ivy League, por considerarla “en connivencia con el proyecto del actual Gobierno de Estados Unidos de destruir la educación superior y criminalizar la protesta”. “Este boicot está organizado para responder a la traición de la universidad a su responsabilidad fundamental de proteger a los estudiantes, defender la libertad académica y promover un clima de abierta discusión y disenso”, dice la carta, en alusión directa a la asunción por parte de Columbia del “firme combate del antisemitismo” impuesto por la Administración republicana para recuperar los fondos en peligro. “Una universidad libre es parte inherente de una sociedad democrática y justa. Pero la Administración de Columbia está en connivencia con el actual Gobierno de EE UU para destruir la educación superior y criminalizar la protesta”, añadía la carta, firmada por numerosos profesores de otras instituciones de educación superior.
Además, varias asociaciones de docentes demandaron esta semana a la Administración de Trump por perseguir y deportar a estudiantes vinculados a la defensa de Palestina, por considerar que la ofensiva del Gobierno viola la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de EE UU.
Armstrong, que el pasado 21 de marzo se dirigió a estudiantes y profesores para exponer las nuevas reglas de conducta en el campus, es la cuarta rectora que dimite a consecuencia del encendido debate sobre el antisemitismo en las universidades, surgido a raíz de las primeras protestas tras el inicio de la guerra de Gaza, en octubre de 2023, de la mano de estudiantes —y donantes— judíos que dicen sentirse amenazados por el supuesto discurso que denuncian.
Antes que Armstrong, presentaron su renuncia las rectoras de las universidades de Pensilvania, Harvard y Shafik, su predecesora en Columbia. Las dos primeras no lograron superar las consecuencias de su polémica comparecencia ante un comité del Congreso, donde fueron acorraladas por la representante republicana Elise Stefanik, defensora a ultranza de Israel, por su “tibieza” a la hora de responder a las supuestas manifestaciones de odio en sus respectivos campus. Shafik aguantó hasta agosto, tras una gestión muy criticada por permitir la intervención policial en el campus para desalojar dos acampadas consecutivas de estudiantes y un edificio ocupado por manifestantes en la sede universitaria.
En las últimas semanas, el Departamento de Estado ha revocado el visado de al menos 300 estudiantes extranjeros por su presunta participación en protestas antiisraelíes, invocando una ley de 1953 para expulsar del país a individuos que representen “una amenaza para la política exterior de EE UU”, es decir, de su privilegiada relación con Israel, un vínculo indisoluble tanto para los republicanos como para los demócratas.
Varios estudiantes e investigadores han seguido la suerte de Khalil, que permanece detenido en un centro para extranjeros de Luisiana mientras se resuelve su recurso —es residente legal y está casado con una ciudadana estadounidense—, y han sido igualmente detenidos y amenazados con la deportación, como la doctoranda turca de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk, cuyo arresto a plena luz del día y en la calle ha puesto el foco sobre la represión sistemática del discurso crítico con Israel en los campus, al ser acusados por la Casa Blanca, sin pruebas, de vínculos con Hamás. Como en el caso de Khalil, un juez federal de Massachusetts ordenó el viernes detener la deportación de Ozturk, informó la agencia Reuters.
