Por 177 noes frente a 171 síes, el Congreso ha rechazado este miércoles el decreto ómnibus con el que se inauguraba el año en el hemiciclo. PP, Vox y Junts han sumado sus votos para propiciar al Gobierno su primera derrota parlamentaria en 2025, derogando primer decreto-ley que llevaba hoy al Pleno y, en consecuencia, dejando caer la larga sucesión de iniciativas que este recogía.
Revalorización de las pensiones
La principal medida incluida en el decreto que presentó el Gobierno es la revalorización de las pensiones para adecuarlas al incremento de los precios. Esto es: para actualizarlas a la inflación y atenuar así la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Según recoge el texto de la iniciativa, y conforme a la evolución del IPC en los últimos doce meses, de haberse aprobado hoy el decreto las pensiones se habrían incrementado un 2,8% a partir de la primera nómina de este 2025.
Bonificaciones al transporte público
El texto que el Congreso ha rechazado este miércoles recogía también la prórroga de las bonificaciones al transporte público que se introdujeron en 2022 con motivo de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. El decreto sostenía que esos descuentos seguirían vigentes hasta el 30 de junio de este año, pero al no haberse convalidado, las ayudas decaen. Así, quedan anuladas medidas como la gratuidad de los trenes de media distancia para viajeros habituales y el descuento del 50% en el transporte urbano e interurbano -el Estado financiaba una rebaja del 30% bajo el compromiso de las CCAA de que estas subvencionarían el 20% restante con cargo a sus presupuestos autonómicos-.
Ayudas a afectados por la dana
El decreto derogado hoy incluía también varias medidas de apoyo económico a los afectados por la dana que arrasó el cinturón sur de Valencia hace ya casi tres meses. Por ejemplo, en el texto se abría la puerta a que el Ejecutivo de Carlos Mazón pudiera formalizar «nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación» para cubrir los gastos derivados de la situación de emergencia.
