Los sindicatos y los empresarios suelen diferir en sus críticas al Gobierno, pero hay algunos temas en los que coinciden. Uno de ellos es señalar la escasa capacidad de las oficinas públicas de empleo para intermediar entre los demandantes de un puesto y los empleadores. Según los últimos datos del INE, de 2023, el servicio público de empleo encontró trabajo al 1,9% de los asalariados contratados, frente al 4,3% de las empresas de trabajo temporal. La sede del Consejo General de Economistas (CGE) ha acogido este lunes un coloquio al respecto, en el que también ha participado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los expertos han reclamado una “transformación profunda” de las “ineficaces” políticas activas de empleo, para la que han reclamado un cambio por encima de los demás: más y mejores datos sobre las necesidades de las empresas y sobre la cualificación de los desempleados, en el país europeo con la mayor tasa de paro (10,4%, frente al promedio del 5,8%).
En su propuesta conjunta, Fedea y el CGE reclaman “fortalecer el vínculo con el tejido productivo, a fin de conocer con precisión las necesidades de las empresas y realizar un perfilado más eficaz de los demandantes de empleo, alineando aptitudes y actitudes con las vacantes reales”. Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la URJC e investigador asociado de Fedea, ha abundado en esta idea: “Las oficinas no disponen de información detallada del tejido productivo que cubren, no saben qué sucede en su territorio y qué necesitan las empresas. Y tampoco han conseguido un perfilado del demandante que pueda emparejar las necesidades de las empresas y las capacidades de las personas”.
García cree que este problema empeora por la falta de coordinación entre administraciones: “Me ha pasado, cuando trabajaba en la Junta de Andalucía [fue viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 2019 a 2022], no podía disponer de los datos de la Seguridad Social. Los reclamábamos y no nos los daban”. Cree que así se obtendría información valiosa para hacer políticas “más efectivas” y “más útiles para la sociedad”. Ha subrayado que los servicios privados de intermediación “no funcionan mucho mejor que los públicos”.
“Necesitamos un cambio de enfoque estructural, disponer de mucha más información. La tecnología actual lo permite, un acceso completo a todos los registros administrativos. Si voy a la oficina de Jaén y digo que soy jardinero me tienen que poder decir cuántos puestos hay en mi provincia y en otras, que pueda tomar decisiones”, ha insistido el investigador de Fedea.
Con esta idea conecta otra propuesta de los expertos: “Modernizar la infraestructura tecnológica del sistema de empleo, incorporando herramientas digitales que faciliten la automatización de procesos, el cruce eficiente de datos y una atención más ágil y personalizada a empresas y trabajadores”. En la misma línea, proponen impulsar una reorganización interna de los servicios públicos de empleo, fomentar una gobernanza más integrada entre el SEPE y las comunidades autónomas e impulsar esquemas de colaboración público-privada.
Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística del INE en representación del CGE, ha indicado que “la situación actual de las políticas públicas de empleo en España refleja una mejora que responde más a la inercia del crecimiento económico, especialmente por la recuperación del sector turístico, que a la eficacia de dichas políticas”. “Se requieren planes de choque desde los servicios públicos de empleo, con especial atención a los desempleados de larga duración, incluyendo apoyo formativo y psicológico que facilite su reincorporación al mercado laboral”, ha incidido Guillermo.
Más “corresponsabilidad” y “jubilación activa”
El CGE y Fedea también reclaman “reorientar la formación para el empleo, superando la rigidez de los certificados de profesionalidad mediante contenidos más flexibles, actualizados y adaptados a los sectores con mayor potencial de crecimiento” y “diseñar programas de incentivos a la creación de empleo que permitan su adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma”. Asimismo, reclaman “reforzar la corresponsabilidad de los desempleados, exigiendo una búsqueda de empleo activa y continuada, con condiciones más estrictas para el rechazo de ofertas adecuadas”.
García cree que las leyes actuales, de la de Función Pública a la de subvenciones, imposibilita buena parte de estos cambios, por lo que defiende una modificación en las mismas. Y también, como el CGE, reclama un diagnóstico apropiado de qué políticas funcionan y cuáles no, “un sistema permanente de evaluación y mejora, que permita medir el impacto real de las políticas aplicadas, identificar desviaciones y dirigir más recursos a las iniciativas con mayor eficacia comprobada”.
Otra idea que han planteado es “establecer mecanismos flexibles de jubilación o de jubilación activa, que permitan la plena compatibilidad entre el empleo remunerado y el cobro de la pensión”. El coloquio ha estado moderado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y también ha participado el presidente del CGE, Valentín Pich.
