Santiago de Chile (EFE).- La retirada de los agregados militares chilenos en Israel anunciada este miércoles por el Gobierno de Gabriel Boric no implica la cancelación de los millonarios contratos que el Estado chileno mantiene con empresas israelíes, dijo este miércoles el canciller del país suramericano, Alberto van Klaveren.
«La provisión de material de defensa por parte de empresas israelíes se rige por contratos que tienen un carácter comercial, y obviamente ahí se aplica una lógica comercial. Esos contratos siguen vigentes», indicó el ministro en una rueda de prensa.
El Estado chileno tiene actualmente contratos millonarios con empresas israelíes en diversas áreas, incluyendo tecnología, gestión hídrica y defensa y, según medios locales, tanto las Fuerzas Armadas como el cuerpo policial de Carabineros usan material bélico y plataformas de comunicaciones que son de origen israelí.
Sobre la renovación de dichos contratos en el futuro, Van Klaveren indicó que «corresponde al Ministerio de Defensa» pronunciarse y que «todo lo que respecta a aprovisionamiento de armas se rige por una relación de carácter comercial».
Los ataques
La Cancillería chilena anunció esta mañana que retiró a los agregados militares de su Embajada en Tel Aviv en respuesta a la «gravísima» situación en la Franja de Gaza fruto de la «desproporcionada» ofensiva militar de Israel, que ya deja más de 54.000 gazatíes muertos, la mayoría mujeres y niños.
La medida tiene lugar a días de que el presidente chileno, Gabriel Boric, ofrezca el próximo 1 de junio su último discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento y en las últimas horas se ha especulado sobre la posibilidad de que anuncie ahí la ruptura de relaciones, tal como hizo Colombia el año pasado.
Consultado al respecto, el canciller dijo que la retirada de los agregados militares no necesariamente es un paso previo para romper relaciones con el Estado judío y pidió «no especular» sobre eventuales decisiones.
«La embajada nuestra en Tel Aviv sigue funcionando con normalidad, con la excepción obviamente de las agregadurías de Defensa», apuntó.
Chile, país que alberga la comunidad de origen palestino más numerosa fuera del mundo árabe, llamó a consultas a su embajador en Israel en octubre de 2023 tras la respuesta israelí al ataque de Hamás y lo retiró definitivamente un año después.
Desde entonces, la máxima representación diplomática en Tel Aviv es un encargado de negocios y, según anunció Van Klaveren, «no hay planes para reponer al embajador en las actuales circunstancias».
Situación en Gaza
En marzo de 2024, el Gobierno chileno también decidió excluir a las empresas israelíes de FIDAE, una de las ferias militares más importantes de la región, organizada por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) desde 1980.
«Estamos frente a una situación humanitaria muy grave en Gaza. Reconocemos el derecho a la legítima defensa que tiene Israel (…) pero nada justifica las muertes que han ocurrido de manera tan masiva (…) en Israel se están cometiendo crímenes de guerra», afirmó Van Klaveren.
Boric, reconocido defensor de la causa Palestina, es uno de los mandatarios de la región que más ha alzado la voz contra la ofensiva de Israel contra Gaza, que en reiteradas ocasiones ha calificado de «genocidio» y «barbarie».
El propio mandatario chileno reaccionó ayer a través de X a las medidas difundidas por Israel, acusando una «limpieza étnica» del pueblo palestino por parte de Israel.
«Se ha llegado a tal extremo que miles de niños podrían morir en las próximas horas porque Israel no deja entrar ayuda humanitaria. Quienes ejecutan y permiten esto son criminales de guerra y así los juzgará la humanidad», publicó Boric.
El año pasado, Chile presentó junto a México una solicitud para que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue probables crímenes de guerra en Gaza y también se sumó formalmente a la acusación de genocidio contra Israel que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas que también se encuentra en La Haya.
Chile reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera (entre 2010 y 2014).
