La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal patronal de España, zanjó una acusación de presunto acoso laboral con el pago de 55.000 euros en verano de 2024, una cantidad inferior a la máxima legal correspondiente a ese despido improcedente. Según indica la demanda que presentó la presunta víctima, la persona acusada es la directora del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social, Rosa Santos. Con el acuerdo económico, la persona afectada (que trabajaba en CEOE bajo la dirección de la acusada) retiró la denuncia por acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales. El pago resolvió un proceso que arrancó en agosto de 2023, cuando la presunta víctima presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prosiguió con una demanda ante el Juzgado de lo Social de Madrid en noviembre del mismo año y, días antes de la fecha del juicio en julio de 2024, se alcanzó el acuerdo económico, por valor de 55.000 euros. En la demanda presentada ante la justicia, la presunta víctima indicaba que la situación de acoso laboral era conocida por la dirección de CEOE, incluido el propio presidente, Antonio Garamendi, y el secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz. En ella se subraya la “inacción” de la cúpula de la patronal ante esta acusación.
La representación legal de la presunta víctima ha rechazado conversar sobre el caso con este periódico por “secreto profesional”. Por su parte, este diario ha preguntado a CEOE por los detalles de la investigación realizada, si se centró en discernir la acusación de acoso laboral, a qué conclusiones llegaron las indagaciones, quién decidió resolver la acusación con un acuerdo económico y qué grado de conocimiento tenía el presidente. CEOE ha decidido no dar una respuesta oficial a estas preguntas.
Este periódico ha tenido acceso a la denuncia interpuesta ante Inspección el 18 de agosto de 2023. La presunta víctima del acoso laboral indicaba que desde 2019 venía sufriendo “continuos actos” que le “provocan sentimientos de acoso, ofensa, degradación, intimidación y humillación, tales como gritos, comentarios ofensivos sobre el trabajo realizado, críticas indiscriminadas públicas, ridiculizar el desempeño, encomendar trabajo en exceso, encomendar trabajos contrarios a la ética profesional y desigualdades retributivas respecto a otros compañeros de la misma categoría profesional y antigüedad similar”. “Esta situación”, continúa la denuncia del 18 de agosto, “en los últimos meses se ha agravado. Los hechos los puse en conocimiento del superior jerárquico de la señora Santos [en referencia al secretario general, González-Ruiz], el pasado 27 de junio [de 2023] sin que se hayan adoptado medidas para impedirlo ni activado el protocolo de acoso”.
Ante estas actitudes, unidas a comunicaciones de ámbito laboral durante periodos de incapacidad temporal y un desacuerdo en torno a una contratación en el departamento, la presunta víctima dice sufrir “una situación de posible acoso laboral y posible acoso por razón de sexo”. Añade que otras personas trabajadoras de CEOE “también han sufrido los malos modos de la señora Santos” y que “estarían en disposición de aportar su testimonio de considerarse necesario por esta Inspección”, insiste. Otras fuentes de CEOE admiten el mal ambiente laboral en el departamento, del que, dicen, salieron tres personas desde 2019. Este periódico ha preguntado a Inspección sobre el resultado de dicha denuncia, pero el cuerpo inspector contesta que no aporta información sobre casos particulares.
EL PAÍS ha contactado con varias fuentes internas de CEOE, así como con empleados y extrabajadores, para corroborar las acusaciones. Varias personas consultadas dicen que, bajo su criterio, se dio una situación de acoso laboral, que no se investigó de forma adecuada y que se pagó “para zanjar” el asunto. Otras rechazan de plano este planteamiento, subrayan que no presenciaron ningún episodio de ese tipo y que la investigación fue minuciosa.
José Manuel de Riva, vocal de la junta directiva de CEOE y vicepresidente de Cepyme, aborda este asunto en conversación con este periódico [puede leer aquí la entrevista completa]. “Se cerró de una manera, para mí, que no cumple el código de buen gobierno”, indica. A la pregunta sobre si se investigó adecuadamente, contesta: “A mí me da la sensación de que no. El secretario [González-Ruiz], que es quien realmente lleva la estructura de la organización, para mí actuó, por la información que a mí me ha llegado, de alguna forma liquidando a la víctima o despidiendo a la víctima y apoyando al verdugo. Eso no es muy ejemplar, no se llegó a una aclaración del tema. Lo que se hizo fue taparlo con dinero, con dinero de los asociados”. Otras fuentes también reconocen que la organización pagó para cerrar el problema y apuntan a la “pasividad” de la secretaría general.
Demanda
El 19 de octubre de 2023 tuvo lugar en Madrid el encuentro en busca de una posible conciliación. Según se desprende del acta de conciliación, la presunta víctima reclamó la resolución del contrato “por vulneración de derechos fundamentales” y también una “indemnización adicional”. “Concedida la palabra a la empresa”, en referencia a la respuesta de CEOE en esa jornada, el acta dice: “Contesta que se opone por las razones que alegará en el momento procesal”.
Un mes después, el 28 de noviembre de 2023, la representación legal de la presunta víctima presenta ante el Juzgado de lo social de Madrid una demanda de extinción por voluntad del trabajador e indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales. Fue admitida a trámite. Inicialmente la presenta contra CEOE, pero en junio de 2024 la amplía frente a su superior jerárquica, a lo que accede el magistrado. La demanda reclamaba que se declarase extinguida la relación laboral con los efectos del despido improcedente, “así como condenando a la empresa al abono de una indemnización adicional de 75.000 euros por vulneración de derechos fundamentales”. Insiste en los mismos argumentos que en la denuncia ante Inspección.
Se fijó el 17 de julio de 2024 como fecha para la audiencia. Sin embargo, el 8 de julio, según consta en el acta de conciliación, se alcanzó el acuerdo económico. La presunta víctima renunciaba a seguir reclamando sobre el acoso laboral y la vulneración de derechos y afirmaba que no se habían producido. A la vez, CEOE aceptaba la extinción de la relación laboral y ofrecía 55.000 euros netos en concepto de indemnización.
La persona trabajadora y CEOE acuerdan la extinción aludiendo al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula la extinción del contrato por voluntad del empleado. En él se contemplan como “causas justas” para que el empleado solicite la extinción las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo “sin respetar lo previsto en el artículo 41 [el que regula esas modificaciones] y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador”; la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado; o cualquier otro incumplimiento “grave” de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor.
“En tales casos”, recalca el artículo 50, “el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente”. El acta de conciliación especifica que “la empresa acepta la extinción de su relación laboral […] y ofrece, en concepto de indemnización, la cantidad de 55.000 euros netos”. El acta especifica que esa cantidad es “inferior a la cantidad máxima legal indemnizatoria por despido improcedente”.
“Conocimiento” e “inacción” de CEOE
La demanda dedica dos apartados extensos para señalar tanto el “conocimiento” de la situación en CEOE como la “inacción” al respecto. “Todos estos hechos, así como algunas otras situaciones similares a la mía de otras personas han sido perfectamente conocidos por la Organización, desde nuestro propio personal del departamento hasta la cúpula de la misma”, indica el texto. Apunta que estos hechos son “conocidos” por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, “responsable de la contratación y de lo que parece más sorprendente, de que continúe en la empresa aun a pesar de conocer sus comportamientos siendo como es, además, la directora del departamento que trata con los agentes sociales de política laborales”.
A continuación, en la demanda se detallan las reuniones en las que se informó con detalle a la cúpula: “A mediados de junio [de 2023] me reuní con Luis Socias, que ocupaba el cargo director adjunto del secretario general, quien me indicó que era conveniente que informara de todo ello con detalle al secretario general; siguiendo estas indicaciones, el 20 de junio, me reuní con el secretario general, D. José Alberto González-Ruiz, superior jerárquico de la directora, a quien le trasladé mi situación insostenible, mi estado de salud por ello, mi estado de nervios y ansiedad y depresión por cuanto estaba aconteciendo ya de una manera imposible de soportar, sin que en la empresa se adoptara ninguna medida para impedirlo”.
En el apartado sobre la “inacción”, la persona demandante señala que CEOE “no ha tomado medida alguna frente a los conocidos comportamientos de Rosa Santos conmigo ni con otras compañeras con el fin de evitarlos y normalizar la situación”. Asegura que “este hecho ha generado la salida voluntaria de muchas personas del departamento desde su llegada, en febrero de 2019″.
La demanda prosigue en la misma línea: “Es significativo que tan solo tras esas primeras conversaciones con él [en referencia a su representación legal] y verse ante una posición fuerte de defensa de mis derechos, abrieran expediente el 14 de septiembre (casi mes y medio después de aquel correo de denuncia). Y eso que mes y medio antes de aquel correo del 3 de agosto habían informado tanto al secretario general como al área de recursos humanos”. “Esta omisión de cualquier tipo de reacción mínimamente protectora o de empatía hacia mi situación me motivó para interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo el 18 de agosto”, finaliza ese apartado.
