Caracas (EFE).- Canadá anunció este viernes una nueva ronda de sanciones contra ocho altos funcionarios de Venezuela por violaciones de derechos humanos y socavar la democracia en el país suramericano.
Por su parte, Venezuela consideró que dichas sanciones de Canadá, son un «acto de sumisión vergonzoso» para actuar como «mero ejecutor» de las «agresiones diseñadas» en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro rechazó las sanciones, que consideró «ridículas» e «inútiles», contra Douglas Rico, Carlos Terán, Carlos Calderón, Florencio Escalona, Leonel García, Ronny González, Manuel Castillo y José Ramón Figuera Valdez, todos relacionados con las fuerzas de seguridad y armadas venezolanas.
Las sanciones de Canadá a funcionarios de Venezuela
A su juicio de Caracas, las sanciones son un «lamentable intento» de Canadá por «congraciarse con los designios que se emanan desde su metrópoli en Washington» y, afirmó, el país norteamericano no tiene «voz propia» y su diplomacia es «dictada desde la Casa Blanca».
«Esta colonia, con ínfulas de imperio, ha caído en el ridículo absoluto al seguir una agenda hostil contra Venezuela. Su falta de personalidad y dignidad política lo ha reducido a un simple instrumento de sanciones inútiles, destinadas a complacer los intereses ajenos», agrega el comunicado.
Venezuela también manifestó que «no reconoce ni reconocerá jamás estas medidas absurdas y se reserva las acciones recíprocas» que «aplicará» contra quienes tomaron estas decisiones.
«Canadá no tolerará ninguna actividad que viole los derechos humanos»
Por su parte, la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, indicó en un comunicado que las sanciones «reflejan el compromiso duradero de Canadá de defender la democracia y el Estado de derecho».
«También son un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro de que Canadá no tolerará ninguna actividad que viole los derechos humanos», añadió.
Además, sas sanciones congelan los activos que los individuos puedan tener en Canadá y prohíben que personas y entidades radicadas en el país norteamericano, o canadienses en el extranjero, mantengan relaciones económicas con los castigados.
