“Soy minero… y templé mi corazón con pico y barrena…” Mucho ha cambiado la minería desde que se popularizara el sonoro estribillo de la célebre canción de Antonio Molina. Las tierras raras centran hoy el debate geopolítico y Europa busca minerales críticos para mitigar su dependencia de socios que generan más incertidumbres que certezas. En su afán de dar un nuevo impulso a la industria extractiva, se ha dotado de una regulación específica para acelerar 47 proyectos estratégicos, siete de ellos en suelo español: tres en Extremadura, dos en Andalucía, uno en Galicia y un último en Castilla–La Mancha. Se presentaron 15 iniciativas españolas, pero ocho se quedaron por el camino.
¿El objetivo? Diversificar las fuentes priorizando el subsuelo europeo y garantizar el acceso a estos materiales a la industria de la defensa y otros sectores clave. Con este fin se aprobó hace un año un reglamento ad hoc enfocado a la obtención ágil de tierras raras y otros elementos como litio, cobalto, níquel, silicio o wolframio, pero también tungsteno, grafito y cobre. “Tras la covid, la guerra de Ucrania y con el nuevo orden internacional que tenemos, Europa ha comprobado que es vulnerable en el suministro de determinadas materias primas y minerales y que hay una delicada dependencia de otros grandes países. Con el reglamento se garantiza un suministro interno mínimo”, señala Juan Torres, socio de derecho público de Arpa Consultores.
“No es una norma que permita reabrir minas, sino que apuesta por determinados proyectos estratégicos que contribuyen a la seguridad y continuidad del suministro de estas materias primas y a los que reconoce una serie de ventajas o prerrogativas para su desarrollo y explotación”, señala Jorge Botella, consejero de Cuatrecasas. Entre ellas, el acceso a financiación preferente —aunque todavía falta por concretarla— y menos burocracia en la autorización de los proyectos, con plazos máximos de 27 meses. También se impulsan los puntos únicos de gestión con la Administración y se invita a los Estados miembros a desarrollar programas nacionales para explorar estos recursos. Supondrá “una inyección de confianza” para el sector minero, que podría reactivarse tras un claro descenso desde la década de los 80, cuando comenzó el cierre de las minas de carbón, también influido por la falta de aceptación social y las exigencias medioambientales, subraya el abogado.
Para disfrutar de estas ventajas se tienen que cumplir unos requisitos: deben reforzar el suministro europeo, ser técnicamente viables y los productores deben gozar de un alto nivel de confianza. También se valora la sostenibilidad y el impacto medioambiental con altas garantías, la minimización de efectos sociales, la transparencia y un contacto permanente a nivel local y con la sociedad civil, además de medidas de compensación acreditadas.
El marco legal en España también es abundante. “Existe una Ley de Minas estatal de 1973 y un Reglamento minero de 1978 que establecen las normas básicas aplicables a las explotaciones. Estas han sido desarrolladas por multitud de disposiciones técnicas y de seguridad. Las normas estatales y autonómicas sobre evaluación de impacto ambiental y las que regulan las autorizaciones, además de las de uso y protección de los recursos hídricos, son las principales a tener en cuenta”, recuerda Jesús Sedano, socio del departamento Público y Medio Ambiente de Uría Menéndez. Pero hay incertidumbre sobre la eficacia de la regulación europea: las decisiones siguen quedando en manos de cada Estado miembro. En España, la competencia es de las comunidades autónomas, a las que se suman los ayuntamientos y las confederaciones hidrográficas, estas últimas dependientes de la Administración central del Estado. Sin licencias urbanísticas o de actividad, es imposible desarrollar los proyectos. “Por tanto, surge una primera duda: si son los mismos organismos los que deben aprobar o no estas iniciativas, ¿qué ha cambiado para aquellos supuestos en los que esos organismos ya han manifestado no estar dispuestos a apoyar un proyecto?”, cuestiona Ignacio Pérez Cordero, socio director del bufete Pérez Cordero y Pérez Morales, especializado en este sector, que cree que persistirá la mentalidad de “en mi patio no”.
Evolución
Aunque hay avances, el riesgo cero no existe y el reciente fallecimiento de cinco trabajadores en la mina asturiana de Cerredo recuerda que el trabajo de los mineros puede ser cruel. Con todo, el panorama hoy es muy distinto, pero los especialistas creen que hay un desconocimiento generalizado. “La tecnología y la actividad minera han evolucionado notablemente, lo que permite implantar explotaciones más sostenibles y sujetas a estrictos condicionantes ambientales”, explica Jesús Sedano.
Sin embargo, la regulación europea para promover la extracción de tierras raras no se traduce en una rebaja en las exigencias. “Que los procedimientos deban tramitarse con mayor celeridad no exime a los proyectos mineros del cumplimiento de las normas ambientales”, recalca el abogado de Uría Menéndez. Jorge Botella confirma: “Es cierto que se han establecido algunas excepciones y flexibilidades para el desarrollo de los proyectos estratégicos, como la reducción de plazos de tramitación, subvenciones e incentivos, pero siempre con pleno respeto a las normas de sostenibilidad y de protección ambiental”.
Con el reglamento europeo se da respuesta, al menos sobre el papel, a la agilización de las autorizaciones, que se pueden prolongar en exceso. “Estamos hablando de ocho o diez años para aprobar un proyecto. El primer escollo es la vía administrativa, pero también generan interés social y hay alegaciones. Muchos proyectos se ven abocados a recursos judiciales”, destaca el abogado Juan Torres. Ahora falta por ver si realmente se cumplirán esos 27 meses de plazo para dar con las codiciadas tierras raras.
Dudas sobre las explotaciones
En cinco de los siete proyectos aprobados en España intervienen empresas de capital estadounidense, canadiense y australiano, destaca el abogado Ignacio Pérez Cordero, que considera “llamativo” que no se hayan puesto límites en el tratamiento inicial o en el destino final de los materiales que se pueden encontrar en el subsuelo y que se consideren de máxima importancia para la Unión Europa. “Cabe preguntarse qué impedirá que, en el futuro, gran parte o la totalidad de los minerales que se extraigan o se produzcan en esos proyectos, en lugar de abastecer las necesidades de la UE, sean exportados a esos países”, reflexiona.
