Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, imputado por golpismo ante la Corte Suprema, clamó este miércoles en un acto celebrado en Brasilia por una amnistía para los condenados por la asonada de enero de 2023, que intentó derrocar al Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro asistió a la manifestación, que congregó a unas 3.000 personas, pese a que hace tres días recibió el alta de un hospital en el que estuvo ingresado durante tres semanas, debido a una compleja operación intestinal.
«Brasil nació con vocación de libertad y lo que estamos viviendo en este momento es muy triste y doloroso», declaró el líder de la ultraderecha, quien aseguró que «una amnistía es un acto político privativo del Parlamento», en el que «nadie más tiene que meterse».
El acto siguió a otros realizados este año en Río de Janeiro y São Paulo, y fue en apoyo a una amnistía que la extrema derecha promueve en el Congreso en favor de los condenados por el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Resistencia en el Congreso
Hasta ahora, el proyecto no encuentra mucho eco en el Parlamento. Propone amnistiar a «todos quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley» y hay quien teme que abra una brecha para perdonar al propio Bolsonaro.
Aún así, beneficiaría a los implicados en la asonada de enero de 2023, cuando fueron asaltadas violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, y también a miles de personas que durante meses exigieron un golpe para impedir que Lula asumiera el poder tras ganar las elecciones en octubre de 2022.
En esos comicios, Lula se impuso a Bolsonaro, quien aspiraba a la reelección y, lejos de admitir el resultado, animó a sus seguidores a desconocer el escrutinio oficial.
Miles de personas acamparon frente a cuarteles de todo el país para exigir una intervención de las Fuerzas Armadas, hubo protestas, bloqueos de carreteras y hasta atentados frustrados por la Policía.
Según la Justicia, ese movimiento tuvo como corolario el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, lanzado por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.
Por esos sucesos, cerca de 1.600 personas fueron acusadas por lo que la Justicia ha calificado de intento de golpe de Estado y, entre ellas, unas 550 ya fueron condenadas a penas que oscilan entre uno y 17 años de cárcel.
Bolsonaro, supuesto mentor
El propio Bolsonaro responde ante la Corte Suprema como supuesto mentor de ese movimiento, igual que al menos 21 de sus antiguos colaboradores, que según la Fiscalía comenzaron a tramar el golpe incluso antes de las elecciones de 2022.
En el acto de este miércoles, Bolsonaro llegó a ser aclamado como próximo presidente, pese a que no podrá ser candidato en 2026 pues ha sido inhabilitado por abusos de poder político y económico en los que incurrió en la campaña para las elecciones de 2022.
En la manifestación participaron decenas de legisladores de la extrema derecha, así como pastores evangelistas que hicieron varias oraciones durante la marcha, que llegó a las puertas del Congreso.
Todos los discursos estuvieron salpicados por inflamadas críticas a Lula, tildado de «comunista» y «corrupto» por varios oradores.
«No hubo golpe ni intento de golpe», coreó la multitud, haciendo suya una consigna de la ultraderecha, que considera los hechos de 2023 como una manifestación «pacífica» de «patriotas» que solamente expresaron su descontento con el resultado de las elecciones del año anterior.
