Cambiar de casa cada tres meses, renunciar a gastos como pagar un psicólogo, volver al hogar paterno después de los 40… La carestía de la vivienda, que ha motivado una nueva oleada de protestas en numerosas ciudades españolas, tiene consecuencias indeseadas en muchas personas. Los precios han subido mucho en muchas partes. Los cálculos de EL PAÍS, proyectados a partir de los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y los importes de oferta del portal Idealista, reflejan que en el 97% de las secciones censales los arrendamientos han subido más que los precios generales desde 2015. Es decir, en casi todo el territorio, aunque la crisis no golpea por igual en todas partes. Los propios datos del ministerio, más matizados que los de los portales inmobiliarios porque toman de Hacienda las rentas de todos los alquileres en vigor y no solo de los que salen al mercado, muestran una clara concentración en las principales ciudades. Y al mirar a los núcleos de más de 100.000 habitantes, se observa una clara concentración del problema en la costa mediterránea porque el factor turístico es otro indudable vector de encarecimiento.
Tres capitales (Valencia, Málaga y Palma) y un municipio próximo a Barcelona, Terrassa, emergen como los lugares donde más difícil se ha vuelto alquilar un piso. En todos han escalado los precios más de un 50% entre 2015 y 2023 (último año que recoge la recién actualizada estadística oficial). En el mismo periodo, la inflación ha subido un 20,1% y los salarios medios (excluyendo trabajos domésticos y agricultura) lo han hecho un 16,2%. Cuatro testimonios en esas ciudades relatan un día a día de mudanzas, carencias e incertidumbres, la nueva realidad de muchos inquilinos.
Valencia
“No concibo la vida sin hacer malabares”
Cristina Vázquez
Silvia P., de 33 años, se instaló en Valencia hace siete años recién llegada de Londres. Desde entonces ha pasado por tres casas de alquiler, siempre compartidas, no por gusto sino por pura necesidad. “Y que conste que me parecen pocas”, apostilla sin complejos. Volvió de la capital británica cansada de mudarse de piso cada dos por tres. “Conozco a mucha gente que no vacía las cajas de la mudanza por la necesidad de cambiarse constantemente”, apunta después de constatar en sus rastreos por internet la gran cantidad de pisos que se alquilan en la capital valenciana solo de septiembre a junio “porque los dueños los reconvierten en verano en apartamentos turísticos”. “¿En qué momento hemos normalizado algo así?”, se lamenta.
Esta joven trabaja de administrativa por algo más del salario mínimo. “No concibo la vida sin hacer malabares”, añade. Recién llegada de Londres se metió en la habitación de un piso compartido con otras tres personas y pagaba 125 euros. “Algo que ahora mismo me parece una broma pero entonces era lo único que me podía permitir”, explica. Después se fue a vivir con su pareja, pero a los dos años acabó la relación y encontró otro piso en el barrio de Benimaclet, también compartido. Costaba 500 euros, un precio barato, en plena pandemia. Entró en una habitación diminuta y luego se cambió a otra más grande en la séptima planta de un edificio con grietas. “Acabé con una infección pulmonar del frío y creo que del moho que aspiré”, cuenta.
Pero el casero falleció y sus herederos querían subirles el precio a 800 euros “sin hacer mejoras en la casa”, asegura Silvia. Así que volvieron a recoger sus cosas y buscaron otro alquiler en el mismo barrio hasta que en 2023 dieron con una casa reformada pero vacía, donde “solo había un microondas y mucha ilusión”, también por 800 euros. El casero ya intentó en 2024 subirles la renta a 1.000 euros pero le recordaron que tenían contrato hasta 2027 y solo podía actualizarles el IPC. Cuando en febrero de este año perdió a las otras dos inquilinas se planteó sustituirlas pero la frenó la advertencia de subir el precio hasta 1.200 euros por modificación de contrato. Así que ha optado por quedarse sola y sufragar enteramente la factura, que sumada a otros gastos le absorben el grueso de los ingresos mensuales. Cuando expire el contrato está convencida de que tendrá que irse de Valencia. “No pueden estar diciendo todo el día que la salud mental es importante cuando tienes a gente como yo, que tiene que dejar de pagar a una psicóloga para poder costearse el alquiler”, concluye.
Málaga
“Lo único que quiero es no tener que mudarme más”
Nacho Sánchez
Gema Hamartia, de 28 años, llegó a Málaga en diciembre de 2023. Lo hizo por motivos profesionales desde su Antequera natal. Y desde entonces, como para tantas otras personas de su generación, la vivienda es su principal preocupación. Lleva cuatro mudanzas en 14 meses y ha perdido decenas de horas buscando piso. “Te puedo recitar las ofertas de Idealista”, dice con cansancio tras visitar sitios poco cuidados o multitud de “zulos”. “Yo lo único que quiero es no tener que mudarme más”, dice con desaliento. Basta un vistazo al portal inmobiliario para comprobar anuncios a precios disparatados, como el del piso más barato de la ciudad. Cuesta 550 euros y tiene 35 metros, pero no ventanas a la calle, cocina ni puertas en el baño.
El periplo de esta joven arrancó en un piso de estudiantes a diez minutos del centro, lo único que encontró con las prisas tras encontrar trabajo. Pagaba 326 euros por una minúscula habitación, pero era la casa de vacaciones del propietario y el contrato se acababa en junio. Tuvo que irse en mayo entre amenazas y consiguió un dormitorio en el piso de unos amigos a cambio de 300 euros. Solo pudo quedarse hasta agosto porque la casera les dijo que igual vendía el piso. “Cambiaba cada día de opinión y, ante la incertidumbre, decidí buscar más tranquilidad en otro piso compartido donde parecía que todo iba a ir bien”, relata. Su habitación le costaba 385 euros, pero al menos contaba con espacio y un contrato a largo plazo. En noviembre, el propietario también les avisó de que tenía intenciones de venderlo. “En cualquier momento podría decirnos que lo necesitaba para un familiar, echarnos y dejarnos en bragas”, cuenta Hamartia.
Tras cuatro meses de repasar mil veces los portales inmobiliarios y realizar numerosas visitas, encontró su sitio. Eso sí, ahora paga 500 euros. “Es una auténtica putada saber que debo dedicar alrededor del 40% de mi sueldo al alquiler. Ojalá fuese menos, pero soy realista y, viendo lo que hay, me tengo que sentir afortunada por poder estar en un sitio a largo plazo”, subraya. “Yo lo único que quiero es vivir tranquila”, insiste derrotada ante tanto trasladar su vida de un sitio a otro. “Nos dicen que nos vayamos a los pueblos a vivir, pero ahí se están disparando también los precios”, lamenta la antequerana.
Palma
“Mucha gente divorciada tiene que convivir porque no hay dónde ir”
Lucía Bohórquez
Laura B. (Palma, 44 años) acaba de entregar las llaves del piso en el que ha vivido con su hija los últimos cinco años. Una vivienda de dos habitaciones sin grandes lujos en la capital balear por la que ha estado desembolsando 850 euros al mes. A finales del año pasado, antes de la finalización del contrato, los propietarios le ofrecieron renovar el alquiler con una subida de 450 euros, hasta alcanzar una mensualidad de 1.300 euros que no puede pagar porque apenas le dejaría margen para vivir. Ha intentado aguantar tres meses negociando con los dueños, un matrimonio que tiene otras dos viviendas en alquiler y que no ha cedido. También ha buscado una alternativa más barata en todos los sitios habidos y por haber. “Las inmobiliarias no me quieren porque no soy el perfil que les gusta a los propietarios, soy una madre con una hija de 14 años y directamente te rechazan”, protesta.
Laura se marchó a Sevilla hace 12 años y hace ocho regresó a Palma con su hija para rehacer su vida. Trabaja de comercial, cuenta con unos ingresos que rondan los 2.000 euros al mes y, a pesar de ello, se ve abocada a regresar a casa de sus padres porque no ha encontrado otra alternativa que les permita a ella y a su hija llevar una vida digna sin gastar tres cuartas partes del salario en un alquiler. “Es una locura, hay mucha gente de mi edad divorciada y teniendo que convivir porque no hay dónde ir, te piden por un mes el equivalente a una nómina”, se queja.
Pagar mes a mes el alquiler, con una hija a su cargo, ha hecho que su capacidad de ahorro no dé lo suficiente de sí como para reunir el dinero que necesita para la entrada de una vivienda en una comunidad en la que los precios de venta también están totalmente desbocados. Para Laura, la situación es “como una pescadilla que se muerde la cola”, porque mientras está viviendo de alquiler no puede ahorrar para la entrada de una vivienda, a pesar de que podría estar pagando menos por una hipoteca de lo que ha desembolsado mensualmente a sus caseros. “Seguiré buscando la oportunidad de encontrar algo, pero de momento, me tengo que ir a casa de mis padres”, lamenta.
Terrassa
“Si ganara tres veces más, podría comprar”
Ivanna Vallespín
Miguel Canet, de 52 años, accedió a un piso de protección oficial en Terrassa en 2012, con la particularidad de que era una promoción ejecutada por la Obra Social de LaCaixa. Desde entonces ha ido renovando el contrato de alquiler cada cinco años, excepto en 2022, que lo hizo a siete. Pero ni Miguel ni su mujer viven tranquilos. En julio pasado, y otra vez hace dos meses, recibieron una notificación de la entidad bancaria ofreciéndoles comprar el piso. “Dicen que es a un precio de mercado inferior, pero son 96.000 euros y no lo podemos pagar”, asegura. Ambos trabajan, pero con sueldos mileuristas. “Si cobrara tres veces más me podría comprar una casa”, añade. Pero entre la edad y los ingresos de la familia, descartan que puedan acceder a una hipoteca. Lo que más les angustia es que ya les han avisado —de momento, solo por conversación telefónica— de que si no aceptan la oferta de compra no se les volverá a renovar el contrato y deberán dejar el piso. Incluso denuncian dejadez de la propiedad en el mantenimiento de las viviendas como medida de presión.
La oferta de compra también la han recibido sus 127 vecinos y, según explica Miguel, algunos ya han aceptado y en algunas de las viviendas ya hay residentes que han entrado comprando el piso. “No me parece ético, son viviendas de protección oficial y lo que están haciendo es privatizándolas”, se queja. Por eso algunos de ellos han empezado a organizarse y han pedido ayuda al Sindicat de Llogateres. Quieren que la Generalitat compre la promoción y así pueda mantenerse en régimen de protección oficial. “Pero nos dicen que no tienen Presupuestos y no tienen dinero”, asegura Miguel.
Aunque cuentan con cuatro años de margen para buscar una solución, la pareja, que ahora paga 390 euros al mes, está angustiada porque las alternativas son escasas. “Si nos sacan de aquí, ¿qué hacemos? Los alquileres no bajan de 900 euros y hay muy pocos”, expresa el hombre. Y es que el Sindicato denuncia que Terrassa, la tercera ciudad más habitada de Cataluña, padece también la lacra de la emergencia habitacional: los precios se han disparado, también por el efecto de los expulsados de Barcelona que buscan viviendas más baratas en ciudades cercanas a la capital. A la vez, es la ciudad catalana con mayor porcentaje de pisos vacíos (según datos del INE citados por el Sindicato), y tiene 5.000 personas en espera de un piso público.
Con información de José Luis Aranda (Madrid).
