La Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (Aotec), que agrupa a operadores de telecomunicaciones alternativos, ha presentado cuatro demandas ante la Audiencia Nacional pidiendo que se anulen las ampliaciones de las concesiones de espectro radioeléctrico para telefonía móvil en diez años otorgadas por el Gobierno central a Vodafone, Xfera (ahora Yoigo, integrado en MasOrange), Orange (MasOrange) y Telefónica Móviles, según ha informado este lunes la asociación en un comunicado.
Aotec ha recurrido así la decisión del Ejecutivo, que el pasado 20 de junio ampliaba en una década las concesiones de espectro de las cuatro operadoras amparándose en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley General de Telecomunicaciones, “un incremento del periodo de tiempo se produjo sin pedir nada a cambio”. Aotec, basándose en el precio de adjudicación en el caso de las concesiones otorgadas por concurso, ha estimado en más de 1.700 millones de euros el incremento del valor de los títulos para los cuatro concesionarios beneficiados por la decisión.
Desde la asociación se considera que con esta ampliación automática y sin contrapartidas no se protege la competencia y se crea una situación clara de distorsión del mercado. Por esta razón, ha acudido a los tribunales para pedir la nulidad de las cuatro órdenes ministeriales emitidas.
Cuando el Ejecutivo planteó esta medida en consulta pública, Aotec pidió que, como contrapartida, se permitiera acceder con menos trabas al mercado mayorista (Operadores Móviles Virtuales, OMV) y que se obligara a la cesión de espectro allí donde no se usara. Un argumento que cobraba más peso aún cuando posteriormente las operadoras decidieron centrarse en la banda de 700 Mhz y mutualizar su uso.
“La asociación, preocupada por garantizar la llegada del 5G a todo el territorio, lleva desde antes de la pandemia proponiendo distintas alternativas viables para abrir el mercado mayorista del espectro 5G a nuevos actores y evitar que la brecha digital se multiplique en la telefonía móvil tras estar cerrándola con la fibra”, asegura Aotec.
Políticas de fusiones
Para Aotec, “estas facilidades para el gran operador” se producen en un entorno en el que estas empresas defienden las fusiones a nivel europeo y el Libro Blanco sobre cómo gestionar las necesidades de infraestructura digital de Europa (sometido a consulta en febrero de 2024), recoja la necesidad de reducir la fragmentación de operadores y plantee las concentraciones en el sector como instrumento para garantizar la independencia estratégica de Europa. Los 800 operadores de Elfa ya se han pronunciado en contra de políticas que fuercen estas concentraciones, defendiendo la competencia, y rechazando cualquier tipo de subvenciones ni incentivos. “Por otra parte, a las fusiones se unen las presiones para conseguir una desregulación de mercados que ya se está materializando, todo lo cual supone un riesgo de oligopolio”, añade.
Por eso, desde Aotec ha manifestado ante Bruselas el papel crucial del operador alternativo en el despliegue de redes de banda ancha, que “la competencia ha sido y es la mejor herramienta para la prestación de servicios más avanzados y menos onerosos para la ciudadanía y que la fragmentación por territorios no nos ha hecho ni más débiles frente al exterior de la Unión ni menos eficientes y eficaces en la prestación de nuestros servicios”.
En cuanto a la regulación de los mercados en España, Aotec ha presentado alegaciones ante los dos expedientes que la CNMC tiene abiertos en torno al acceso a infraestructuras físicas.En este sentido, Aotec se ha reunido con representantes de la Comisión Europea para trasladar directamente su gran preocupación por los incrementos inicialmente planteados en los precios de entre un 11% y hasta un 29% en la oferta MarCo de Telefónica.
Esta propuesta de cambio, está basada en datos del operador dominante con una errónea contabilización y una mala aplicación de la Recomendación Gigabit , que está pensada para una infraestructura nueva, que teóricamente justificaría este incremento en los precios. Sin embargo esta teoría no se sostiene, ya que desde 2022 y con el nuevo artículo 51 de la LGTel, ya no hay infraestructuras nuevas en la MarCo (son de los municipios) y las actualizaciones de infraestructuras ya existentes están sufragadas por todos los operadores que acceden a ellas.
