A Coruña va camino de convertirse en la primera ciudad con controles de precio de alquiler en una comunidad gobernada por el PP. El tira y afloja entre la Xunta y la segunda ciudad más poblada de Galicia, con un Ayuntamiento presidido por el PSOE, se ha prolongado meses. Pero este miércoles el Ejecutivo autónomo ha notificado al consistorio que acepta la petición de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Ahora esa solicitud deberá elevarse al Ministerio de Vivienda, que estudiará si se cumplen los requisitos y se acompaña del resto de requerimientos que fija la ley estatal de vivienda (como elaborar planes para revertir esa situación). Si el proceso marcha como en otros lugares, en unos meses debería oficializarse la situación con la publicación del área tensionada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que habilita a poner topes a los precios de los alquileres y permite a los propietarios acceder a mayores deducciones fiscales por las rentas que perciben si acceden a rebajar los precios.
La Xunta es contraria a la medida, como explicó la consejera gallega de Vivienda, María Martínez Allegue, en una entrevista con EL PAÍS el pasado noviembre. El argumentario del PP defiende que los controles de alquiler agravan el problema de precios porque a la larga reducen la oferta, por lo que consideran la medida ineficaz. Pero en el caso del Gobierno gallego, siempre dijo que si algún ayuntamiento lo pedía y se cumplían los requisitos de la ley estatal de vivienda daría luz verde a la solicitud. Y eso es lo que ha sucedido este miércoles después de semanas de tensión entre ambas Administraciones. A finales de abril, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSOE), llegó a denunciar un “bloqueo ideológico” por parte de la Xunta a su petición.
En un comunicado remitido a los medios, la Xunta señala que da el paso “en cumplimiento de la Ley estatal de vivienda”, un argumento que ha repetido en anteriores ocasiones, aunque la norma en realidad no obliga a las comunidades a declarar áreas tensionadas. De hecho, deja claro que se trata de una competencia autonómica, y en ello se han escudado otras comunidades del PP, como Madrid, para asegurar que jamás declararán áreas tensionadas. “Se trata de una medida que no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad de Coruña” porque “los datos demuestran que el intervencionismo en el mercado no funciona”, agrega la nota del Ejecutivo gallego, que recuerda su compromiso de “duplicar el parque público de vivienda hasta llegar a las 8.000 [viviendas]”.
La declaración de áreas tensionadas —que requiere demostrar que los precios de vivienda han subido más de tres puntos por encima de lo que se ha incrementado el IPC de la comunidad autónoma en los últimos años; o alternativamente que los importes medios de una zona suponen más del 30% de los ingresos de las familias que viven en esa área— nació con la ley estatal de vivienda de 2023 y comenzó a aplicarse por primera vez en algunos municipios de Cataluña en marzo de 2024. No hay consenso sobre sus efectos allí, particularmente en Barcelona: sus defensores destacan que los precios han retrocedido, pero sus detractores ponen el énfasis en la reducción de la oferta de alquiler y el repunte de modalidades que quedan fuera del control, como el arrendamiento de temporada.
También algunos municipios vascos han sido declarados ya como áreas tensionadas este año, y Navarra ha iniciado una solicitud. Pero hasta ahora ninguna comunidad del Partido Popular había dado el paso. En Canarias, donde gobierna Coalición Canaria con el PP en minoría, se da una situación similar a la de Galicia: algunas ciudades lo piden y el Ejecutivo autónomo se ha comprometido a estudiarlo. El Ministerio de Vivienda ha aplaudido el paso dado por Galicia “y desea que el resto de comunidades autónomas del PP que tienen propuestas similares sobre la mesa las atiendan”, ha indicado una portavoz del departamento que encabeza Isabel Rodríguez.
La declaración de zonas tensionadas permite, según la normativa estatal, poner en marcha una batería de medidas para paliar la crisis de acceso a la vivienda. Pero la más llamativa, y la más polémica desde el principio, son los controles de precios. Estos suponen de facto una congelación de las rentas para los pequeños propietarios (aunque anualmente se pueden seguir actualizando conforme al IPC o el indicador específico creado este año para ello). En el caso de los grandes tenedores de vivienda, los importes deben adaptarse a los límites del índice estatal de precios de referencia, lo mismo que las casas que entran nuevas en el mercado. Estas limitaciones se aplican para los nuevos contratos que se firman, no con los que ya están en vigor.
