La fumata blanca entre las tres eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz es inminente. Fuentes empresariales confirman a este medio que en la próxima reunión de la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), que se celebrará este mes, se aprobarán las inversiones necesarias en seguridad, combustible y personal para que la planta pueda funcionar tres años más allá del calendario acordado en 2019 entre compañías, Enresa y el Gobierno, que contemplaba la clausura de los dos grupos atómicos extremeños en 2027 y 2028.
Desde hace varios meses, se han producido diversas reuniones y conversaciones entre las partes para negociar una potencial prórroga, que aún no es definitiva. Las empresas querían gestos económicos por parte del Gobierno antes de solicitar la aprobación de las inversiones, mientras que el Ejecutivo había mostrado su disposición a extender el plazo de vida útil de la central siempre y cuando antes las compañías hicieran su petición sin condiciones de partida.
En este contexto, finalmente las empresas han optado por ceder, dar el primer paso y aprobar las inversiones de entre 10 y 20 millones de euros para que la planta esté en condiciones técnicas de seguir adelante. Sin embargo, las fuentes consultadas recalcan que tienen de plazo hasta marzo de 2026 para hacer la propuesta definitiva de petición de prórroga.
Varias fuentes al tanto de las conversaciones entre las partes señalan a este medio que la idea es que el Ejecutivo pueda tener un gesto antes de que termine el plazo para hacer la propuesta de extensión de vida útil. Aunque por ahora no han logrado contrapartidas fiscales, algo que llevan solicitando públicamente desde hace varios años, consideran que hay predisposición al entendimiento que puede desembocar en un contexto fiscal que puedan aceptar las compañías. Endesa siempre ha sido la compañía que más interés ha puesto en esta causa, pero también Iberdrola está lanzando mensajes a favor de la prórroga. Incluso Naturgy, que siempre se ha creído que podría salir beneficiada de la clausura atómica para producir más con sus plantas de gas, se está mostrando favorable a la prórroga.
Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado que no vería problema técnico en prorrogar Almaraz tres años más, pero mira a Hacienda y a Bruselas para potenciales bajadas de impuestos.
Las eléctricas han manifestado por activa y por pasiva que la carga impositiva que soportan las centrales nucleares en España es discriminatoria respecto de otras tecnologías y las hace inviables económicamente.
El principal impuesto que creen las empresas que el Gobierno podría aligerar para que se limaran las diferencias es el tributo sobre el combustible gastado que pagan las nucleares por los megavatios atómicos que producen. Las compañías ven este gravamen como discriminatorio, ya que consideran que es una desventaja competitiva impuesta a la energía atómica respecto de otras tecnologías.
Según entienden, se trata de un impuesto que se creó para contener el déficit de tarifa en la reforma del sistema eléctrico de 2013, que había llegado a rondar los 30.000 millones de euros. Además, consideran que el hecho de que no sea finalista —que en realidad no tenga nada que ver con la gestión del combustible— añade argumentos a su eliminación o, por lo menos, su rebaja.
Los plazos, creen fuentes empresariales, juegan a favor del acuerdo. El déficit de tarifa, que lastra la factura de los consumidores, puede expirar en 2028 gracias a los ajustes que se hicieron hace más de una década y al pago del mismo durante 15 años. Con ese escenario, el Gobierno puede reducir el impuesto y acercar el acuerdo. No obstante, la visión desde el Ejecutivo es que si rebaja el impuesto no podrá por esa vía repercutir el alivio a los consumidores, de ahí las reticencias entre las partes y el tira y afloja.
La potencial prórroga de Almaraz por tres años más en el caso del grupo I y de dos años más en el caso del grupo II tiene un efecto beneficioso desde el punto de vista económico, y es que se produce un prorrateo de la tasa a Enresa, que se pagaría por tres años más de producción y aliviaría la situación del Plan de Residuos Radiactivos que debe generar la empresa pública. Este tributo, en cualquier caso, no está en discusión. Fuentes de las eléctricas recuerdan que la subida que se aprobó con el VII Plan de Residuos Radiactivos para cubrir los 2.000 millones extra de no hacer un Almacén Centralizado en Villar de Cañas y acumular la basura radiactiva en las inmediaciones de las centrales está judicializada y confían en que el Tribunal Supremo les acabe dando la razón. Pero al margen del litigio, cuantos más años de vida útil, más fácil será cubrir el coste de la gestión de los residuos.
Donde sí se están afanando también las eléctricas es en lograr una mejora fiscal sobre las ecotasas autonómicas, pero se trata de una competencia regional. La Junta de Extremadura (PP) se ha mostrado siempre partidaria de alargar la operatividad de Almaraz, pero no ha comprometido ninguna rebaja del canon. La presión sobre María Guardiola es grande, ya que Génova se ha mostrado muy partidaria de que las nucleares sigan más allá del calendario pactado y otros gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana, ya han aprobado la eliminación de la ecotasa para Cofrentes, propiedad de Iberdrola. El Gobierno de Carlos Mazón en coalición con Vox ya lo incluyó en los presupuestos regionales aprobados la pasada semana. La presión también se cierne sobre el Gobierno de Salvador Illa en Cataluña. En Tarragona está gran parte del parque atómico nacional y perder la ecotasa supone un golpe a los ingresos de la Generalitat, ya que perdería la tributación regional de Ascó y Vandellós.
En este contexto, el apagón del pasado 28 de abril también supone un foco añadido de presión para el Gobierno a la hora de prorrogar Almaraz, ahora que los expertos consideran que la generación de las centrales tradicionales son clave para la estabilidad de la red. Las negociaciones entre el Ejecutivo y las compañías no son estancas. En este momento, a las compañías lo que más les preocupa es la retribución de las redes desde 2026 y están dispuestas a ceder en otros asuntos para lograr sus aspiraciones en ese terreno. No obstante, el Ejecutivo se está viendo incapaz de influir sobre la actual estructura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha hecho una propuesta de retribución muy por debajo de las aspiraciones de las compañías, lo que les ha constado un fuerte golpe en bolsa.
