La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avanza en su decisión sobre la remuneración a las redes de las eléctricas para los próximos seis años. Según señalan fuentes conocedoras del proceso, el pleno del organismo supervisor presidido por Cani Fernández votó este jueves a favor de una propuesta de circular de retribución de la electricidad y el gas del 6,5% y el 6,4%, respectivamente. Se trata de una tasa para las redes de baja tensión que se sitúa 100 puntos básicos por debajo de lo que las compañías habían pedido. Esta tasa es el retorno a la inversión que reciben las eléctricas por el despliegue de líneas de baja tensión. Las compañías invierten en estos activos y reciben un retorno con un interés por la vida útil de estas redes, que está habitualmente por encima de los 25 años.
La cuestión no es baladí, ya que supone, según cálculos de analistas del sector, una retribución 1.000 millones de euros anuales inferior a la propuesta de las eléctricas. Las empresas llevan semanas quejándose de que con la tasa en esos niveles tendrán un desincentivo para invertir en España en unos activos que son críticos para la integración de renovables y avanzar en la electrificación y descarbonización de la economía, lo que redundará en un menor crecimiento para el PIB nacional.
Además, discrepan de una propuesta que consideran cicatera en un momento como el actual, donde España necesita reforzar su sistema eléctrico para evitar apagones como el sufrido el pasado 28 de abril.
Pese a que la propuesta de circular de tasa de retribución financiera para las redes de baja tensión ya ha sido aprobada este jueves, dicha resolución saldrá a consulta pública para que las empresas y el resto de actores implicados puedan realizar enmiendas en las próximas semanas. El objetivo es que después de dichas enmiendas, las circulares pasen de nuevo al pleno de la CNMC para aprobación definitiva y entren en vigor el próximo 1 de enero de 2026.
La cuestión es capital para la cuenta de resultados de las grandes eléctricas, dado que lo que está en juego son los ingresos por todo su negocio regulado de gestores y operadores de las redes de baja tensión. Es decir, son las arterias finales que llevan la electricidad hasta los hogares. Desde los puntos de generación (renovables, nuclear, plantas de gas, etc.) la luz va por las líneas de Red Eléctrica de alta tensión hasta las subestaciones donde se transforma en baja. De ese punto hasta los hogares, las redes son de las grandes eléctricas y estas inversiones se retribuyen en la factura en base a una tasa financiera que pagan los casi 30 millones de consumidores en su factura de la luz. El nivel de retribución de esas redes lo decide la CNMC, que desde 2019 ostenta esta competencia que antes tenía el Ministerio para la Transición Ecológica. Dependiendo del nivel de retribución que sale del regulador, las eléctricas cobran más o menos.
Además de esta circular, el consejo de la CNMC está ultimando la propuesta de metodología de retribución, donde se incluyen otra serie de conceptos, pero que aún no está lista. La idea es que ambas circulares salgan a consulta pública a la vez.
Preguntadas por la cuestión, fuentes oficiales de la CNMC se limitan a señalar que “la CNMC continúa con los trabajos de elaboración de las propuestas de las circulares correspondientes. Cuando se tome la decisión por parte del Consejo, se realizará la audiencia pública de las propuestas”.
Desde hace meses, el sector eléctrico, cuya cuenta de resultados se ve afectada en gran medida por esta regulación de la CNMC, ha estado intentando convencer al supervisor de que se modificaran algunos conceptos de la ecuación con la que se calcula dicha retribución, conocida en el sector como WACC (coste medio ponderado del capital).
Las fuentes consultadas señalan que los servicios técnicos de la CNMC toman como referencia la media del bono español de 2018 a 2024 cuando lo acertado sería tomar los futuros de este bono en los próximos seis años, periodo de la retribución. Según su criterio, este nivel de retribución supone un coste de capital desincentivador para las compañías y sus accionistas, que podrían buscar alternativas en otros activos o geografías.
Este cambio en el WACC podría elevar dicha tasa al entorno del 7%, pero la CNMC no ha estimado esta petición. El organismo liderado por Cani Fernández ha optado por seguir el criterio de su directora de Energía, Rocío Prieto. La que fuera previamente subdirectora de gas natural en la CNMC hasta su ascenso también ha propuesto que la tasa de retribución de las redes de gas sea del 6,4%, casi del mismo nivel que las redes eléctricas, argumentando que su rentabilidad no está asegurada ya que depende de la demanda.
Esta retribución prácticamente igual tanto a las redes de electricidad como a las redes de gas también ha motivado las críticas de las eléctricas. Pero incluso tiene sus detractores dentro del Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica sacó una una normativa que pretende dar incentivos a la electrificación de la economía, lo que supone dar un impulso a esta tecnología frente a los combustibles fósiles. Con la actual propuesta de retribución de las redes de electricidad y gas, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y 2027, respectivamente, creen que no se dan las señales adecuadas.
En cualquier caso, la propuesta de retribución para el próximo sexenio supone una mejora respecto de los últimos seis años, ya que actualmente la tasa financiera de las redes está en el 5,58%, con lo que lo que las eléctricas percibirán cantidades superiores a las actuales. Esa evolución supondrá un incremento de la factura de la luz al incrementarse el pago de los peajes, una parte fija del recibo de la luz que se paga todos los meses y que supone alrededor de un tercio de la misma.
De hecho, el objetivo de la CNMC y sus servicios técnicos es tratar de limitar este coste lo más posible para evitar en la medida de lo posible presiones inflacionistas, ya que un incremento en la subida de la luz, un servicio básico y de primera necesidad, acaba afectando al resto de bienes y prestaciones. Un objetivo, el de controlar la inflación, por el que velan más desde el Ministerio de Economía que en Transición Ecológica.
Ahora falta por ver hasta qué punto las eléctricas son capaces de lograr una mejora en esa tasa de retribución una vez salga a consulta pública en las próximas semanas. Ya en 2019, una vez se hicieron las enmiendas, el pleno de la CNMC redujo el recorte a las eléctricas de manera ostensible, ya que la mayoría del pleno no compartía la propuesta de los servicios técnicos. No obstante, no se espera que, dada la configuración actual de la cúpula de la CNMC, se produzcan grandes cambios.
Además, aún faltan por aprobarse otras circulares, como las que afectan a la retribución de la red de alta tensión, propiedad de Redeia. Sin embargo, con la propuesta para las redes de baja tensión, lo lógico sería que Red Eléctrica también tenga unos niveles retributivos similares. Para Redeia se trata de una cuestión capital, ya que el 90% de sus ingresos vienen de la retribución de sus redes. Sobre todo porque su inversión está planificada por el Gobierno y en los próximos años tendrá que aumentar con fuerza esta partida para llevar a buen puerto toda la penetración de renovables.
Tanto Redeia como Enagás han sufrido con fuerza en los últimos años la inflación. La retribución es fija desde 2019, periodo en que la inflación se ha disparado, con el coste que ello supone.
Los inversores están siendo sensibles a la negociación de la CNMC para la retribución de las redes. Las tres grandes utilities, Iberdrola, Endesa y Naturgy, cayeron con fuerza en bolsa el pasado 8 de mayo, después de que El Economista avanzara que la CNMC se inclinaba por dejar la tasa en el 6,5%, un extremo que ha confirmado la cúpula del regulador tras ser aprobada en pleno este jueves.
Más dificultad negociadora para el Gobierno
Con esta propuesta de la CNMC para la retribución de las redes, el Gobierno suma una dificultad añadida a la hora de negociar cuestiones clave con las compañías. Máxime, en un momento de tensión entre las partes por las responsabilidades del apagón.
Encima de la mesa hay regulaciones clave, como la prórroga de las nucleares, la regulación del almacenamiento, los pagos por capacidad o desatascar los cuellos de botella a la electrificación. De hecho, en el sector esperan que pronto llegue un real decreto que pueda dar salida a estas cuestiones. Dado el apagón sufrido, el departamento liderado por Sara Aagesen tiene más sencillo justificar la urgente necesidad de tomar estas medidas.
Los analistas también esperan un acelerón regulatorio tras el fundido a negro. Un informe de Goldman Sachs publicado los días posteriores al blackout nacional subrayaba que en los países donde hubo apagones en el pasado, la pérdida de la luz propició nuevas medidas de reforzamiento de sus sistemas eléctricos.
Sin embargo, el punto de partida para negociar las distintas cuestiones, decisivas en lo que a política energética se refieren, no llegan en el mejor entorno, dado el recorte previsto por la CNMC para las redes.
El Ejecutivo tendrá que lidiar con actores muy destacados. Endesa es uno de lo que más sufrirá las consecuencias, ya que su perímetro de acción se limita a España y Portugal y las redes nacionales suponen una parte muy significativa de su cuenta de resultados. El recorte va directamente contra Enel, propiedad de Endesa, y a su vez controlada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.
Otro actor muy afectado es Iberdrola. La eléctrica con sede en Bilbao cada vez es una utility más internacional, por lo que sus directivos ya han dicho en reiteradas ocasiones que si no encuentran los incentivos adecuados para invertir en España pueden redirigir la asignación de su capital hacia Reino Unido, EE UU, Brasil u otros países de Europa donde tienen una presencia cada vez mayor.
El tercer afectado por el número de kilómetros de líneas de baja tensión es Naturgy. La empresa cuenta como primer accionista con Criteria Caixa, el mayor holding inversor de España. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, es también vicepresidente ejecutivo del brazo inversor de la Caixa y cuenta con influencia destacada en sectores estratégicos como la banca, las telecomunicaciones, el agua o el sector inmobiliario. Además se trata de un actor clave en Cataluña.
El cuarto actor afectado es EDP, la eléctrica portuguesa controlada por el estado luso y en la que tiene una participación destacada China Three Gorges, importante inversor chino en la compañía y en el sector de renovables español que controla el Gobierno de Pekín.
Con dichos pesos pesados tiene que jugar ahora la partida el Gobierno. Habrá que ver hasta qué punto puede condicionar la situación actual la negociación por la extensión de vida de las nucleares. Iberdrola, Endesa y Naturgy se han emplazado al mes de junio para debatir una propuesta conjunta respecto de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para 2027. Aunque se trata de un debate de medio plazo, la negociación es indisociable de del recorte de las redes y el apagón.
