El Gobierno quiere reducir por ley la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales antes del 31 de diciembre de este año, y acabar así con el “no me da la vida” que repiten muchos trabajadores, según ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El proyecto de ley acordado únicamente con los sindicatos ha superado los trámites iniciales y se encuentra ya en el Congreso, donde le espera una batalla feroz y que, hasta cierto punto, supondrá un déjà vu para el Gobierno, ya que volverá a escuchar los argumentos contrarios que coleccionó durante los 11 meses que duró la infructuosa negociación con empresarios, esta vez en boca de los partidos que de entrada le han negado su apoyo.
Los razonamientos de las patronales se han mantenido vívidos desde que se resolvió la mesa en diciembre del año pasado, y han calado sobre los grupos reacios al cambio como Junts. El partido que dirige Carles Puigdemont desde Waterloo ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad sin texto alternativo, y se ha mostrado permeable a la oposición de las patronales catalanas Conpymes o Pimec. Los responsables de ambas entidades se reunieron este miércoles con el presidente Pedro Sánchez para advertirle nuevamente del impacto económico que tendrá la medida sobre las empresas de menor tamaño. Pese a todas estas advertencias, la exposición final de la norma expuesta ante el Congreso por Trabajo no contempla ninguna variación respecto a los planes originales, aunque su flexibilidad será imprescindible si quiere alcanzar el quorum político necesario. Estos son los tres apartados que mayor rechazo generan entre los contrarios a la reducción de la jornada.
Alteración de los convenios
Una de las críticas más recurrentes a la cerrazón del Gobierno ―cuya representatividad en esta cuestión ha sido capitalizada absolutamente por Díaz, quién ya sufrió el fiasco de no sacar adelante la reducción a 38,5 horas que contemplaba el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar para 2024―, es que la modificación de la norma y, por tanto, su extensión al grueso de las relaciones laborales, implica la alteración de todos los convenios colectivos vigentes con jornadas laborales superiores a las 37,5 horas semanales de promedio anual.
Un “intervencionismo” y una falta de “transitoriedad” que se ve agravada por el hecho de que las comisiones negociadoras de los futuros nuevos marcos dispondrán de un horizonte temporal muy reducido para su actualización, según alerta un informe reciente de Fedea. Y es que teniendo en cuenta los plazos habituales y la complejidad parlamentaria actual, el escenario más optimista para la aprobación de esta modificación normativa se sitúa en los 4 meses, mientras que en el peor (con bloqueos o enmiendas) llegaría hasta los 8, más allá de 2025.
Frente a esto, la demanda empresarial ―que encuentra apoyo dentro del Ministerio de Economía― es aumentar la elasticidad del calendario, y permitir una entrada en vigor de la norma más progresiva, que dé tiempo a una conversación más pausada dentro de las empresas. Algo que pone en riesgo nuevamente el cumplimiento de los plazos que se fija el Gobierno sobre su medida estrella para esta legislatura.
Impacto desigual por sectores
Orillar la negociación colectiva conlleva que la contracción del tiempo de trabajo afecte de manera más directa a algunos sectores sobre otros, y por ende, en mayor medida a algunas comunidades por encima de otras. Este es otro de los argumentos que más han repetido los contrarios a la norma y que ahora vuelve como un bumerán. Los sectores intensivos en mano de obra como el comercio o la hostelería son, para sus patronales, espacios en los que la reducción del tiempo castigaría el empleo e impactaría sobre la supervivencia de muchos negocios, especialmente entre aquellos de menor tamaño.
“Resulta que en España hay, por lo menos, un convenio colectivo de una comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma Foral Navarra, que tiene 37,5 horas y el salario más alto de España en hostelería. ¿Qué pasa para que no se pueda hacer eso? ¿por qué en Navarra eso es posible y no se arruina nadie, y son pequeñas empresas, y en Oviedo o en Asturias no se puede hacer? O en Madrid, o en Barcelona”, replicó este miércoles Pepe Álvarez, líder de UGT.
Desde el think tank económico proponen crear “bolsas flexibles de horas” para aliviar esta reordenación forzada de la jornada laboral, en línea con lo que sucede en países como Francia. “[Esta propuesta] reduce intervencionismo, gana flexibilidad, y otorga confianza a la negociación colectiva”, defiende el texto de Fedea, elaborado por Jesús Lahera e Ignacio Conde-Ruiz.
Aumento de los costes laborales
Pese a que desde Trabajo estiman un incremento medio del 2,2% de los costes laborales con la reducción de la jornada, la memoria económica que acompaña al proyecto de ley los sitúa en un margen máximo del 7%, según adelantó El Mundo. Este aumento es al que aluden los responsables patronales de las pymes para alertar del peligro de que muchas pequeñas y medianas no puedan asumirlo.
Para evitarlo, Trabajo propuso durante la negociación bonificaciones a la contratación para estas compañías dentro de un plan de “acompañamiento y formación”, que, pese a quedar fuera del texto definitivo con la salida de CEOE y Cepyme, está dispuesto a recuperar ahora. Sin embargo, desde Fedea rechazan esta idea y, a cambio, proponen “acompañar su implantación mediante negociación colectiva, con un plazo suficiente de transición y medidas de adaptación internas”, al tiempo que se muestran contrarios a que estas ayudas se destinen únicamente a algunos territorios, como Cataluña, “por su dudosa justificación económica y su probable inconstitucionalidad, dado que la competencia en materia laboral corresponde al Estado”.
