Finetwork ha paralizado los pagos a Vodafone por el alquiler de su red para prestar servicio a sus más de un millón de clientes, lo que ha derivado en un conflicto entre ambas compañías con denuncias cruzadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en los tribunales de justicia. Los impagos, que comenzaron a producirse desde finales de 2024, ascienden a más de 50 millones de euros, informaron fuentes conocedoras del conflicto.
Según estas fuentes, Vodafone ha ofrecido varias alternativas para solucionar el conflicto, incluyendo reestructuraciones de deuda, condonaciones parciales y facilidades de pago, con el objetivo de preservar la relación comercial y asegurar la continuidad del servicio a los clientes. A pesar de estos intentos, Vodafone ha optado finalmente por iniciar procedimientos legales en varios juzgados, solicitando el embargo de cuentas de Finetwork, y ha pedido la mediación de la CNMC.
Por su parte, fuentes de Finetwork han confirmado la existencia de la disputa legal, pero aseguran que también han iniciado acciones judiciales contra Vodafone, a la que acusan de “incumplimientos graves y esenciales” del acuerdo mayorista alcanzado en 2024. Según la versión de Finetwork, estos incumplimientos han limitado su capacidad competitiva. La compañía exige penalizaciones e indemnizaciones por un mínimo de 150 millones de euros. Por el momento, los procedimientos legales siguen en curso sin resoluciones firmes, mientras que Finetwork ha subrayado que sus operaciones continúan con normalidad.
Operador móvil virtual
Finetwork es lo que en la jerga del sector se conoce como un operador móvil virtual (OMV), es decir, que no tiene red propia y debe usar la infraestructura de otras compañías para ofrecer servicio a sus clientes. En el caso de la empresa alicantina, utiliza la red de fibra y móvil de Vodafone desde el inicio de sus operaciones. A finales de mayo de 2024, y tras tensas negociaciones, renovó al acuerdo de alquiler mayorista que mantenía con Vodafone por un plazo de diez años. Ya entonces se pactó una cláusula entre ambas empresas que no se hizo público: una quita de en torno a los 40 millones de euros a cuenta de la deuda que tenía Finetwork por el anterior contrato.
Con la renovación del acuerdo, los nuevos gestores de Vodafone España, en manos del fondo Zegona precisamente desde mayo de 2024, decidieron dar un voto de confianza a los nuevos gestores de Finetwork, aunque han abierto un comité de análisis conjunto que vigile el cumplimiento de los contratos y de los pagos. Se trata, apuntan las mismas fuentes, de que el conflicto no derive a instancias judiciales lo que pondría en peligro el servicio para miles de clientes.
Este conflicto coincide con la difícil situación de gestión y financiera por la que atraviesa Finetwork. El operador cesó fulminantemente a su consejero delegado, Óscar Vilda, el último día de 2024 y, desde entonces, el puesto está vacante y la gestión corre a cargo de un “comité de transición” encabezado por su máximo accionista y fundador, Pascual Pérez, que quiere imponer a la compañía un giro estratégico.
El origen del problema es que la compañía experimentó un rápido crecimiento a costa de endeudarse con las miras puestas en conseguir un comprador o un inversor para conseguir rápidas plusvalías. Pero es inversor no llegó nunca y la empresa hubo de recurrir a préstamos bancarios que están pesando en su balance.
No es el primer litigio por presuntos impagos que protagoniza Finetwork. La operadora, dentro del furor de patrocinios con el que se lanzó para darse a conocer en el mundo del patrocinio deportivo, mantiene un litigio con la Liga F de fútbol femenino, a propósito de la esponsorización de esta competición en la temporada 2022-2023. Aunque el nombre de la compañía aparecía tanto en la denominación de la competición como en los logos y publicidades, la Liga F denunció el impago de 4 millones de euros pactado por el patrocinio. Desde Finetwork, se argumentó que nunca se firmó tal contrato de patrocinio y que solo se llegó a un “acuerdo de intenciones” que no se materializó en un contrato en firme, por lo que no existe ninguna deuda. El asunto está en los tribunales.
