Bruselas (EFE).- Barcelona y otras quince ciudades trasladaron hoy a la Comisión Europea (CE) un plan con medidas para aliviar con urgencia la crisis de la vivienda, que incluye un fondo para movilizar 300.000 millones de euros de inversión y una cláusula para que el gasto público en hogares no compute como déficit.
«El plan es una prueba de nuestro deseo de colaborar en el desarrollo del plan de vivienda asequible de la Comisión Europea» para aliviar «la principal fuente de desigualdad en la UE», dijo en rueda de prensa el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Los impulsores de la iniciativa se la presentaron hoy a la vicepresidenta ejecutiva de la CE para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, y al comisario europeo de Energía y Vivienda, el danés Dan Jørgensen, quien lamentó que «en demasiadas ciudades demasiada gente no puede permitirse un hogar decente», algo «completamente inaceptable», por lo que agradeció las propuesta de municipios que representan a «unos 80 millones de personas».
Ribera llama a «unir fuerzas» entre diferentes administraciones
Ribera llamó a «unir fuerzas» entre diferentes administraciones en un área que es «completamente nueva» para la Comisión Europea, que por primera vez asume responsabilidades en la materia.
El plan, que cuenta también con el respaldo de Ámsterdam, Atenas, Bolonia, Budapest, Dublín, Florencia, Gante, Leipzig, la región metropolitana de Lyon, Lisboa, Milán, París, Roma, Varsovia y Zagreb, pretende inspirar la hoja de ruta sobre vivienda que el la Comisión presentará en 2026.
Sus impulsores parten de la premisa de que los poderes públicos deben intervenir ante un «un fallo de mercado», ya que no existe equilibrio entre la oferta y la demanda pues en los últimos diez años los alquileres han aumentado de media un 60 %, mientras que los precios de compraventa se han disparado un 78 %.
Fondo europeo de emergencia para vivienda asequible
La propuesta de los llamados Alcaldes por la Vivienda (Mayors for Housing) plantea la creación de un fondo europeo de emergencia para vivienda asequible, financiado en parte con recursos no ejecutados del programa Next Generation de recuperación de la pandemia y otras herramientas para atraer inversión.
Las urbes detrás de la propuesta creen que sus municipios necesitan falta 80.000 millones hasta 2030 para construir 200.000 nuevas viviendas sociales y asequibles y rehabilitar un millón de hogares en las ciudades señaladas, lo que supone un ratio de una vivienda social y asequible por cada cien habitantes y cinco viviendas rehabilitadas por cada cien personas.
La extrapolación de esos datos al conjunto de la Unión Europea (UE) arrojan una cifra de 300.000 millones de euros. De esa cantidad, al menos 100.000 millones deberían dedicarse a subsidios y el resto provendría de financiación pública y privada.
El dinero se distribuiría en función de la gravedad de las necesidades, con mayor incidencia en las zonas más tensionadas en base a determinados criterios objetivos de presión inmobiliaria.
Criterios
Para definir esas áreas con especial tensión inmobiliaria, sugieren que se cumplan al menos tres de seis criterios, que consisten en que la evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler esté por encima del IPC entre 5 y 10 años, que un 10 % de la población dedique más del 40 % de sus ingresos a vivienda y que el rendimiento bruto anual de los alquileres supere el 6 %.
Proponen también que se tengan en cuenta las listas de espera para vivienda pública social y asequible, que el mercado tenga menos de un 3 % de vivienda vacía durante largos períodos de tiempo y que exista un porcentaje elevado de viviendas turísticas o temporales.
Emergencia y cláusula de escape
Los artífices del plan, que también han trasladado sus ideas al Parlamento Europeo, creen que la Comisión Europea debería contar con un presupuesto para afrontar los problemas de vivienda de forma estructural. Pero el próximo marco financiero plurianual para 2028-2034 queda demasiado lejos.
Proponen que en el llamado Semestre Europeo, con el que la CE evalúa la economía o el empleo en los Estados miembros, incluya también una revisión de las políticas de vivienda en función de una serie de objetivos relacionados con la vivienda asequible, como herramienta para presionar a las capitales y agilizar las soluciones.
También recomiendan que se reforme la normativa sobre ayudas de Estado para impulsar la construcción inmobiliaria y que se habilite una «cláusula de escape» similar a la que se debate actualmente en el área de la defensa en el marco de los planes europeos de rearme, de forma que el dinero público destinado a vivienda no compute como déficit en los Estados miembros.
Serviría para facilitar el endeudamiento de los países de la UE y las ciudades tensionadas porque los 300.000 millones de euros del fondo no cubrirían todas las necesidades, razonan, y los Estados miembros y las ciudades tendrían que aportar fondos propios.
Rehabilitación
Parte del esfuerzo debería dedicarse a la rehabilitación de vivienda, pues la mitad de las casas europeas se construyeron antes de 1980 y sólo el 5 % de los activos han sido renovados, según datos del Banco Central Europeo.
Esa entidad de crédito estima que las necesidades de inversión para rehabilitar el parque europeo de vivienda, de forma que se mejore la eficiencia y el ahorro energético para cumplir con los objetivos climáticos y abaratar las facturas de los ciudadanos rondan los 275.000 millones de euros anuales.
