El Gobierno no logra reducir el empleo temporal en el sector público y se enfrenta a una multa millonaria de Bruselas por ello. Así lo ha denunciado este jueves el sindicato de funcionarios CSIF, que con las últimas cifras oficiales, ha criticado que la tasa de temporalidad en las administraciones se ha estancado en el entorno del 30%. Esta situación es especialmente grave en la sanidad pública y entre los docentes universitarios, ya que en ambos sectores la mitad de los trabajadores son temporales, según ha destacado el sindicato.
El presidente del CSIF, Miguel Borra, ha informado este jueves de que el propio Ministerio de Función Pública ha comunicado que la Comisión Europea ha abierto a España dos expedientes de infracción que podrían culminar en una sanción millonaria por incumplir la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Esta norma, conocida como ley de estabilidad, solo permite una tasa de empleo eventual del 8% a partir del 31 de diciembre de 2024. Un porcentaje que España rebasa ampliamente.
En concreto, si se toman los datos del Boletín Estadístico de Empleados Públicos de julio de 2024, de los tres millones de trabajadores del sector público que están registrados, algo más de un millón son temporales, esto es el 35,5%. Si lo que se tiene en cuenta es la Encuesta de Población Activa (EPA), que recoge hasta 3,5 millones de trabajadores para las Administraciones y empresas públicas, dicha tasa de temporalidad estaría en el 28%. Ante esta divergencia, Función Pública ha indicado a CSIF que la tasa real estaría estancada en el entorno del 30%, según la versión sindical.
Además de la sanidad y las universidades públicas, otros sectores como la Justicia, con el 31% de temporalidad, o la enseñanza no universtaria (33%) también cuentan con elevadas tasas de trabajadores eventuales. Solo la Administración General del Estado, con una tasa de temporalidad del 9,4%, se acerca a lo exigido por Bruselas; mientras que las comunidades prácticamente tienen cuatro de cada diez empleados con contrato temporal, al igual que los Ayuntamientos.
Además, de las advertencias de Bruselas, numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del propio ordenamiento jurídico español han instado a la conversión en indefinidos de los trabajadores contratados en abuso de temporalidad por el sector público (siempre a través de procesos selectivos, según el Tribunal Supremo). El Gobierno siempre se ha defendido asegurando que ha cumplido con su compromiso de estabilizar (convertir interinos en funcionarios) a poco más de 330.000 trabajadores.
Pese a ello, se dan dos circunstancias que hacen que la tasa de temporalidad pública no ceda. El primero es la lentitud con la que se producen los procesos de estabilización —unos pendientes de ejecutar y otros pendientes aún de convocatoria—. Desde 2021 se han ofertado 544.151 plazas de estabilización en todas las Administraciones, per aún están sin cubrir un tercio (el 33%).
En segundo lugar, CSIF denuncia que “a pesar de las plazas creadas [para estabilización] las Administraciones no han dejado de crear nuevas plazas temporales por sus necesidades de personal”. Esta nueva oferta de empleos eventuales se concentra en su mayoría en los ayuntamientos, cuya tasa de temporalidad es del 43% y supera la media. Según el sindicato, casi el 40% de los 8.132 municipios existentes (3.100 consistorios) “no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad y sobre los procesos de estabilización”. Lo que el secretario de Acción Sindical del CSIF, Francisco Lama, ha calificado como “inaudito”.
Para reconducir la situación, los responsables sindicales proponen eliminar todos los límites a la denominada tasa de reposición, que en algunos sectores aún impide que se sustituyan todas las bajas que se producen en las administraciones. El anterior ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, se comprometió a que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2025 eliminara desde el 1 de enero de ese año cualquier límite a la tasa de reposición, pero la ausencia de un proyecto de cuentas públicas para este año mantiene los topes a la contratación.
En CSIF alertan sobre el rápido envejecimiento de la población funcionaria: más del 60% de los trabajadores públicos ha cumplido ya 50 años. En la Administración General del Estado está previsto que se jubilen el 30% de sus efectivos en la próxima década. Si no se reponen, “supondrá un auténtico colapso en la prestación de servicios públicos esenciales”, ha dicho Borra. La situación de las plantillas públicas se ha agravado con la pérdida, solo en el primer trimestre del año, de 92.000 efectivos, la mayor destrucción de empleo público en un trimestre desde hace más de veinte años. El recorte es superior a la suma de las dos últimas ofertas de empleo público estatal de 2023 y 2024.
Como segunda medida para recortar el abuso de la temporalidad, la central sindical reclama “el establecimiento de sanciones ejemplares a los gestores que incumplan” con la tasa del 8% en cualquiera de las Administraciones u organismos públicos. Y añaden que dichas sanciones deberían implicar “que asuman su responsabilidad civil en caso de incumplimiento”.
Incremento salarial
Los responsables de CSIF han aprovechado su comparecencia de este jueves para volver a exigir al Gobierno que abone el 0,5% de incremento salarial correspondiente al periodo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Y también piden que el Ejecutivo se siente a negociar con los sindicatos la actualización salarial con el IPC para 2025 (lo que supondría un incremento del 2,8%) así como nuevos incrementos retributivos para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que arrastran los empleados públicos de años anteriores.
Borra ha indicado que “ha llegado el momento de una gran movilización en toda España” para reivindicar el incremento retributivo. Y ha anunciado la intención de CSIF de contactar este mismo jueves con los sindicatos CC OO y UGT “para organizar una propuesta conjunta”.
