Cuando una empresa consigue una posición en el sector o sectores en que opera que le permite establecer su estrategia comercial como le viene en gana y sin tener que tomar en consideración las estrategias de sus competidores más directos. Cuando esa misma compañía puede adquirir, sea cual sea el precio, empresas emergentes (y su tecnología de nuevo cuño) para descartar posibles futuros competidores, cabe concluir que la empresa en cuestión goza de una posición dominante de la que es muy fácil abusar. Y es ahí, con el abuso, cuando empiezan los problemas.
No es por azar que en los últimos 10 años, la Comisión Europea ha adoptado varias decisiones condenatorias e impuesto multas considerables contra Google por repetidas violaciones de las normas de competencia y otros aspectos regulatorios vigentes en la Unión Europea.
En el conocido como caso Google Shopping, la Comisión Europea multó en 2017 a la empresa de Mountain View (California) con 2.420 millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado de búsquedas generales para favorecer su propio servicio de comparación de precios, Google Shopping, en detrimento de sus competidores. Un año después, en 2018, en una nueva decisión, la Comisión Europea volvió a multar a Google con 4.340 millones de euros (la mayor multa impuesta en la historia de la institución), esta vez por prácticas anticompetitivas relacionadas con su sistema operativo Android, al exigir a los fabricantes de teléfonos preinstalar aplicaciones como Chrome y Google Search como condición sine qua non para poder utilizar en sus productos el sistema operativo Android (con el que funcionan la mayor parte de los teléfonos y tabletas del mundo, y sin el cual no pasarían de ser un amasijo inconexo de circuitos integrados, chips y plástico), y acceder a la tienda Google Play.
En el primer caso (Google Shopping), tres años necesitó el Tribunal General de la Unión Europea para, en 2021 y en primera instancia, dar la razón a la Comisión Europea, y otros tantos el Tribunal de Justicia de la UE para, en 2024 y en casación, llegar a la misma conclusión. En el segundo (Google Android), de nuevo el Tribunal General confirmó en 2022 (tras casi cuatro años) la citada multa, aunque la redujo a 4.125 millones de euros.
En una tercera decisión, el caso Google AdSense, la Comisión Europea impuso en 2019 una nueva multa de 1.490 millones de euros por los acuerdos restrictivos de la competencia impuestos por Google a los editores de sitios web, que de hecho impedían a estos últimos mostrar anuncios de competidores de Google. Como en los casos anteriores (lo que es perfectamente legítimo), Google cuestionó ante la Justicia europea esta decisión, en este caso con más suerte, y en septiembre de 2024 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la multa argumentando que la Comisión no había examinado adecuadamente la duración y alcance de las cláusulas contractuales cuestionadas.
La lista anterior está lejos de ser exhaustiva, puesto que la Comisión Europea tiene abiertos y sigue investigando otras prácticas presuntamente contrarias a derecho de Google. Lo que es un hecho es que, en total, le ha impuesto hasta el momento más de 8.000 millones de euros en multas en la última década, sin contar en esa cifra las fijadas por determinados Estados miembros por prácticas atentatorias a la competencia con especial relevancia en sus jurisdicciones respectivas.
Pero con ser ya graves las acusaciones, multas y órdenes ejecutivas de que ha sido objeto Google en este lado del Atlántico, sus problemas más serios y perentorios los tiene actualmente en su propio país de origen.
En efecto, el Departamento de Justicia americano pidió en su día a un tribunal federal que ordenase a Google vender Chrome, su popular navegador web, y escindir Android, su sistema operativo para teléfonos inteligentes, o bien que se le prohibiese hacer obligatorios sus productos y servicios en los teléfonos que usan el sistema operativo Android, con el fin de que la compañía cese en su empeño de monopolizar dichos mercados. La situación se acaba de agravar aún más y drásticamente para Google hace unos días, tras dictaminar un juez federal que, en efecto, la compañía ha actuado ilegalmente para monopolizar parte de su tecnología de publicidad en línea. Esta sentencia sigue a otra del pasado mes de agosto, en la que otro juez federal determinó igualmente, a instancias del Departamento de Justicia americano, que Google había incurrido en conducta anticompetitiva para proteger su monopolio en las búsquedas en línea.
Dichas sentencias abren la puerta a que Google pueda verse imponer más pronto que tarde por la justicia federal americana no ya multas y remedios tendentes a modificar su comportamiento con mayor o menor éxito, sino cambios estructurales radicales que impliquen la venta forzosa a terceros de partes de la empresa en su configuración actual, como único remedio efectivo para evitar el abuso del poder de mercado de que dispone en la actualidad.
En este punto conviene recordar que la Comisión Europea en base a la Ley de Mercados Digitales en vigor, que busca limitar el poder de las grandes tecnológicas mediante una lista de recomendaciones de obligado cumplimiento, tiene abiertos expedientes investigatorios en relación con los mismos abusos, y que podría llegar (lo haga o no la justicia americana entretanto) a imponer remedios estructurales similares a los mencionados anteriormente, como poco antes de dejar su cargo, la anterior Comisaría de Competencia, Margrethe Vestager, advirtió por escrito a Google.
Por supuesto, nada impide a la administración Trump retirar en el último momento los cargos contra Google que hasta ahora ha litigado brillantemente su Departamento de Justicia e intentar llegar a un acuerdo con la compañía mucho menos gravoso para sus intereses. Eso sería, en mi opinión, una forma chusca y contraproducente para los propios consumidores americanos de declinar el famoso Make America Great Again del presidente Trump.
Pero, y quiero hacer hincapié en ello, nada impide tampoco a la Comisión Europea (con Teresa Ribera al cargo de la cartera de Competencia) seguir para adelante con sus investigaciones y concluirlas recordando hoy a Google y mañana a otros grandes grupos en situación similar que cuando la preservación de un mercado abierto y competitivo en el seno de la Unión Europea lo requiera, la adopción de remedios estructurales serán la respuesta europea.
Cecilio Madero fue director general adjunto de Competencia y Antimonopolio de la Comisión Europea hasta 2020
