Los inspectores de pesca, un cuerpo de 174 funcionarios dependiente de los ministerios de Agricultura y Política Territorial, amenazan con amargar este año la pesca de la almadraba en la costa de Cádiz. Tras más de un mes en huelga indefinida por los abusos que, dicen, están sufriendo por parte de la administración, consideran que han llegado a “un punto muy delicado por los efectos que la huelga va a tener en mayo”, cuando los pescadores comiencen a levantar las redes con el atún rojo, según explica desde la asociación profesional (Apipes) Raúl Barbancho.
El problema de fondo es que creen que deberían cobrar más por ejercer su labor, que exige trabajar en horarios especiales, el uso de todo tipo de transportes (incluidos aviones) y embarques por periodos de más de 15 días en momentos especiales. Su función es controlar, vigilar e inspeccionar la flota para que las capturas cumplan con las tallas mínimas, garantizar que los barcos posean las autorizaciones necesarias, respeten las vedas y paros biológicos o que los aparejos tengan las dimensiones que marca la normativa.
“Tenemos que cumplir un horario de 24 horas según nuestra instrucción horaria, pero no estamos reconocidos económicamente por ello en nuestro complemento específico”, razona Barbancho, que es jefe de servicio en la provincia de Barcelona. “En 2023 establecieron un sistema de especial disponibilidad, voluntario, por el que ofrecen 150 euros a la semana por estar disponibles 24/7. Nos negamos, porque lo que pedimos tendría que estar reconocido en el complemento específico”, insiste. Quieren el mismo trato que reciben otros funcionarios, como los que trabajan en sanidad exterior y sanidad animal.
Fuentes del Ministerio de Agricultura y Pesca explican, por el contrario, que el Gobierno ha desarrollado numerosas medidas para el colectivo: “Estos funcionarios de grupo A2 acceden a la administración con un nivel superior al del resto de funcionarios de ese grupo. Asimismo, reciben un complemento en su sueldo que casi duplica al del resto de funcionarios de esta especialidad del Ministerio de Agricultura; cobran una productividad semestral en función del trabajo por la actividad inspectora, que se ha duplicado para todo el colectivo en los últimos tres años”. Desde Apipes responden que son los que tienen los niveles más bajos y que la Administración está confundiendo peras con manzanas: “Nos comparan con funcionarios que no tienen horarios especiales ni realizan trabajo de campo”. Y rechazan que las subidas sean a través del complemento de productividad, que por su naturaleza no es consolidable en la nómina.
La protesta, que arrancó el 3 de marzo, ha tenido un seguimiento desigual, con jornadas donde el paro fue secundado por el 48% de la plantilla y otras, las mayoritarias, con seguimientos moderados o nulos. Su objetivo, según fuentes de la plantilla, es intensificar el seguimiento en los momentos de campaña, como ocurrió en la pasada de la caballa o la próxima del atún. Del otro lado, el departamento que dirige Luis Planas asegura que garantizará el cumplimiento de los servicios mínimos para actividades esenciales.
Los salarios
Los inspectores de pesca tienen un nivel que va del 22 al 26 en la escala de la administración, con salarios que están en la horquilla de 1.800 a 2.200 euros netos en 14 pagas. Aseguran que los sistemas de ascenso están congelados y que han perdido poder adquisitivo en la última década. “Además, no tenemos reconocida ni la peligrosidad ni la penosidad”, añaden, lo que les permitiría que les aplicasen índices reductores para una jubilación anticipada. También demandan procedimientos de trabajo seguro, tal y como se comprometió el Ministerio de Agricultura y Pesca en 2023. Y recuerdan que todas sus demandas supondrían un incremento de gastos en personal que no llegaría al millón de euros (unos 5.700 euros brutos por trabajador).
Desde el ministerio argumentan que han realizado una nueva evaluación de riesgos y se ha actualizado la instrucción de horarios “que regula la particularidad de las jornadas que desarrollan [y que incluye noches y fines de semana], poniendo al día las compensaciones que pueden generar en días de descanso por trabajar en este tipo de horarios y reconociendo que el trabajo de campo debe realizarse en parejas”. En el ámbito de formación se han puesto en marcha cursos de estándares de capacitación, certificación y vigilancia para la tripulación, así como un curso específico de abordaje de buques a todos los inspectores.
Los funcionarios han sido convocados a una mesa de negociación que se reunirá el próximo martes. Mientras, el nerviosismo recorre la costa. Los alcaldes de Barbate, Conil y Tarifa exigían esta semana una solución que no ponga en peligro la campaña del atún. La diputada socialista y presidenta del PSOE de Cádiz, Mamen Sánchez, se reunió con representantes sindicales del sector almadrabero de Barbate, Tarifa, Conil y Zahara de los Atunes para calmar los ánimos. Javier Garat, secretario de la patronal Cepesca, confía en que el conflicto se resuelva lo antes posible y “con las menores incidencias en la actividad esencial que desarrollan los pescadores”. Dicho en el lenguaje marinero, que la negociación “llegue a buen puerto”.
