Cómo tratar a una extrema derecha en auge en toda Europa, y que en Alemania es ya la segunda fuerza parlamentaria, se está convirtiendo en un rompecabezas —y potencial punto de quiebre— en la nueva coalición de gobierno alemana aun antes de que arranque. Una tensión que amenaza además con extenderse a Bruselas, donde el socio minoritario, el SPD, alega que el pacto de gobierno en Berlín exige que la CDU/CSU del futuro canciller conservador, Friedrich Merz, haga un cordón sanitario estricto a las fuerzas más extremas también en la Eurocámara.
Ello obligaría a un cambio de estrategia de un Partido Popular Europeo (PPE) que, desde el auge ultra en las elecciones europeas del junio pasado, se ha apoyado repetidamente en los grupos más a su derecha, en vez de en la tradicional alianza con las fuerzas proeuropeas.
La frase que puede hacer saltar chispas, tanto en Berlín como en Bruselas, está casi escondida en las últimas páginas del acuerdo de coalición para gobernar Alemania entre los democristianos de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD: “Los socios de la coalición excluyen toda cooperación con partidos anticonstitucionales, antidemocráticos y de extrema derecha a todos los niveles políticos”, señala el pacto para hacer a Merz el próximo jefe de Gobierno germano. “A todos los niveles”, afirma el eurodiputado socialdemócrata René Repasi, significa en todos los sitios. “También en el Parlamento Europeo”, subraya el presidente de los socialdemócratas alemanes en Bruselas y uno de los negociadores de Berlín.
En la mira de este punto del acuerdo está ante todo el partido ultra Alternativa para Alemania (AfD). Su auge en las elecciones de febrero, donde duplicó su fuerza y se situó como segunda formación más votada (20,8%), ha provocado una grieta en el seno de los democristianos sobre hasta dónde debe llegar el cortafuegos o cordón sanitario al que lo someten las demás formaciones. La abrió el diputado de la CDU Jens Spahn, a favor de tratar a la formación ultra en el Bundestag —donde los diputados tienen que elegir ahora a los presidentes de las comisiones parlamentarias que reclama AfD— como a cualquier otro partido en la oposición. La política, dijo Spahn al diario Bild, debe reconocer “a los millones de alemanes que han votado a AfD”, por lo que defendió evitar “trucos parlamentarios” que permitan al partido adoptar un “papel de víctima”. También el vicepresidente de la fracción conservadora en el Bundestag, Johann Wadephul, se mostró abierto a darles presidencias parlamentarias, siempre y cuando los candidatos de AfD “no hayan llamado la atención negativamente en el pasado”. Negarles estos puestos, argumentó, permite al partido mantener “su estatus de mártir”.
Unas declaraciones que desataron de inmediato fuertes críticas, especialmente de los socialdemócratas. Para la ministra de Interior en funciones, Nancy Faeser, “normalizar” a AfD, un partido bajo vigilancia de los servicios de inteligencia como “sospechoso de extremismo de derecha”, sería “irresponsable y supondría olvidar la historia”. Tratarlo como un partido más supondría un “grave error”.
Pero entonces, ¿cómo tratar a AfD? “La normalización y la cooperación con los partidos de extrema derecha los refuerza, porque los legitiman a los ojos de los ciudadanos y los hacen más fuertes”, explica la analista política Thu Nguyen, directora adjunta del Centro Jacques Delors. Por ello, sostiene, el cortafuegos debe mantenerse con independencia de la fuerza electoral de AfD.
En Bruselas, AfD milita en el grupo Soberanistas (ESN), de cuyo apoyo implícito se ha servido ya en varias ocasiones el PPE, liderado por el democristiano alemán Manfred Weber. El eurodiputado ultra René Aust se jactaba en octubre de haber “desmantelado más aún el cortafuegos en el Parlamento Europeo”, después de que varios eurodiputados conservadores, incluido Weber, apoyaran una serie de enmiendas al presupuesto presentadas por ESN que instaban a la UE a financiar vallas para detener la entrada de inmigrantes y crear campos de deportación para demandantes de asilo fuera de Europa, como destacó Politico.
Las elecciones europeas de 2024 confirmaron el auge de la extrema derecha en Europa, que acabó dividida en tres grupos: los Conservadores y Reformistas (ECR) de la primera ministra italiana, la ultra Giorgia Meloni; los Patriotas del húngaro Viktor Orbán y la líder de extrema derecha francesa, Marine Le Pen, que son ya la tercera fuerza de la Eurocámara con 84 escaños, y los Soberanistas de AfD. Juntos, y esta es la clave, suman suficientes votos como para que el PPE, liderado por la CDU/CSU y donde se integra el Partido Popular español, pueda formar con ellos mayorías, en vez de apostar por aliarse, como venía haciendo, con las tradicionales fuerzas proeuropeas: los Socialistas y Demócratas (S&D, donde milita el SPD) y los liberales de Renew, apoyados habitualmente también por los Verdes.
“Nuestro principal desafío no es tanto competir en el centro político, sino contra los populistas y autócratas de Europa, debemos combatir esta oleada autoritaria en Europa”, afirmaba Weber recientemente en Bruselas, acompañado del líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo. Los populares europeos celebran la semana que viene su congreso en Valencia, una de las regiones donde el PP gobierna apoyándose en Vox, que en Bruselas milita en Patriotas.
Pese a sus aseveraciones, Weber también ha permitido que su grupo saque adelante iniciativas gracias al apoyo de estas fuerzas ultras. Lo que le reprochan sus antiguos aliados no es tanto buscar el apoyo del ECR de Meloni, que aunque a regañadientes consienten ya de forma implícita la mayoría de fuerzas proeuropeas. Es el hecho de que PPE y ECR no suman juntos suficientes votos para imponerse, por lo que han contado, en repetidas ocasiones, con el apoyo de los otros grupos más ultras. Se conoce como la mayoría Venezuela, porque fue durante la presentación de una resolución sobre el candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia cuando se activó esta alianza de conservadores con las fuerzas ultras que ha sido utilizada de forma más o menos explícita en múltiples ocasiones.
“Desgraciadamente, esta mayoría se está produciendo ahora con más frecuencia de lo que cabía esperar, y está reforzando el estatus de los antieuropeos como responsables políticos en el Parlamento Europeo. Por eso debemos tomar contramedidas”, sostiene Repasi. Para el eurodiputado alemán, el acuerdo de Berlín debería frenar esta tendencia. “Perpetuar la mayoría del PPE y de todos los grupos de extrema derecha a la derecha de los liberales sería sin duda un reto inaceptable para la coalición” alemana, sostiene. “Merz no puede permitirse que un grupo parlamentario del PPE dirigido por la CDU/CSU alcance mayorías en el pleno que solo pueden lograrse con Patriotas y Soberanistas”, insiste.
Las demandas de que el PPE decida de una vez a quién quiere de aliado, si la derecha o las fuerzas proeuropeas, vienen de todos los lados. Incluso desde la extrema derecha se manifiesta un cansancio con un “juego” que, indican varias fuentes, no podrán mantener los populares europeos los cinco años de legislatura.
“La CDU/CSU de Merz en Berlín tiene clara su posición política de prohibir cualquier entente con la extrema derecha a cualquier nivel y lo ha convertido en una piedra angular del acuerdo de coalición. En consecuencia, y especialmente en los actuales tiempos perturbadores, la CDU/ CSU dentro del PPE debe mostrar responsabilidad democrática a nivel europeo y avanzar en los objetivos políticos exclusivamente con el centro democrático. Las políticas de extrema derecha no son una opción para Alemania ni para la UE”, dice la presidenta de Renew, Valérie Hayer.
“La mayoría proeuropea y democrática, la que apoyó con su voto a la actual Comisión Europea, es la única mayoría posible y fiable para dar estabilidad al proyecto europeo y los Estados”, acota la presidenta de S&D, Iratxe García, que considera el acuerdo de coalición alemán una prueba de ello. La española celebra el reciente primer acuerdo de cooperación firmado por los cuatro líderes de las fuerzas proeuropeas y democráticas, durante las llamadas negociaciones ómnibus para reducir la carga administrativa de algunas leyes medioambientales. “Es una buena señal, pero no supone una carta blanca, no bajamos la guardia. La confianza en el PPE está muy tocada a causa de la doble alianza a la que llevan jugando desde el inicio de esta legislatura”, advierte.
La analista Nguyen ve, además, una grieta a la que se podrían aferrar los conservadores alemanes. Uno de los problemas es “la interpretación de la palabra cooperación”, señala. “Se podría argumentar, si se quisiera, que una mayoría casual con AfD o el grupo ESN en el Parlamento no constituye cooperación. Así que creo que hay cierto margen para que las votaciones puedan seguir adelante si se argumenta que eso aún no es cooperación”.
