Un tribunal antiterrorista ha impuesto este sábado la mayor condena dictada en Túnez en un macrojuicio contra la oposición desde el fin de la dictadura del presidente Zin el Abidín Ben Alí en 2011. Cuatro decenas de dirigentes de partidos, ex altos cargos, intelectuales y empresarios han sido sentenciados a penas que oscilan entre los 13 y los 66 años de cárcel, acusados de “conspirar contra la seguridad del Estado”. Se trata figuras políticas de distintas corrientes con el denominador común de haberse opuesto a la deriva autoritaria del presidente Kais Said, quien clausuró el Parlamento en 2021.
Varios de los encausados se encontraban entre rejas dos años después de su detención, otros habían quedado en libertad y el resto han sido juzgados en rebeldía tras haber huido del país. Entre los primeros se encuentra el socialdemócrata Jayam Turki Zaragoza, de 60 años, que cuenta con pasaporte español como hijo de una exilada republicana tras la guerra civil española, quien ha sido condenado a 48 años de prisión.
La Comisión Europea propuso el miércoles incluir a Túnez en la lista de países de “origen seguro”, es decir, considerados respetuosos con los derechos humanos y sin conflictos armados internos. Eso implica que hay pocos argumentos para que sus ciudadanos puedan llegar a las fronteras de los Estados de UE y solicitar asilo. Bruselas busca “racionalizar” las tramitaciones de asilo ante lo que considera un colapso de peticiones.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado de que el procedimiento exprés para que se procesen las demandas de asilo dentro de la UE en un máximo de tres meses, de conformidad con el pacto migratorio que entrará en vigor en algo más de un año, implicará el rechazo de buena parte de las solicitudes al ofrecer menos garantías en la tramitación de los expedientes.
El macrojuicio contra la oposición se ha desarrollado en solo tres audiencias a puerta cerrada, sin la presencia física de los acusados y con acceso restringido a medios y observadores, según informa Efe. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que en el proceso no hubo la “mínima muestra de justicia”, después de haber revisado el sumario y los cargos presentados contra los encausados. HRW ha alertado del aumento de las detenciones “arbitrarias” en Túnez, y de que se ha “intensificado drásticamente” la represión de la disidencia” desde que el presidente Said disolvió el Parlamento y tomo el control sobre el poder judicial.
Los sucesivos procesos políticos han estrechado el cerco para acorralar a la oposición al presidente Said, que gobierna con sesgo autocrático tras haber sido elegido en dos ocasiones en las urnas, la última el pasado octubre sin rivales de entidad y con un 70% de abstención. El pasado 5 de febrero ya fue juzgado en Túnez el líder islamista Rachid Ganuchi, de 83 años, fundador del partido Ennahda, el más votado (40,7%) en las elecciones legislativas de 2019, las últimas a las que pudo presentarse antes de su prohibición. Ganuchi fue condenado a 22 años de cárcel, además de los 10 años de prisión acumulados en dos juicios anteriores y por los que se halla entre rejas desde 2023.
Entre los 40 condenados ahora se encuentran el empresario Kamel Eltaief, sentenciado a 68 años de cárcel, y el exdirigente del partido Ennahda, Nuredín Bhiri, a 43 años. El máximo dirigente de la coalición opositora Frente Nacional de Salvación, Ahmed Nejib Chebbi, recibió una pena de 18 años El intelectual francés Bernard-Henri Lévy fue también condenado a 18 años de prisión, en este caso en rebeldía, ya que se encuentra a salvo en su país.
Entre las figuras de la oposición juzgadas hay islamistas y laicos, socialistas y conservadores. También se encuentra la periodista y portavoz de la coalición de la oposición Chaima Issa. “Nos enfrentamos a un sistema opaco, a un poder que no escucha, que no reacciona y se niega a rendir cuentas”, advirtió Issa al inicio de la vista. “Muchos de los 40 encausados ahora no se conocían antes del juicio. Algunos son conservadores, otros islamistas, otros de izquierdas… ¿Cómo iban a conspirar? Solo tenían en común el ser adversarios políticos del presidente”, han enfatizado los abogados del equipo de defensa.
Las principales acusaciones se sustentan en la declaración de dos testigos protegidos cuya identidad no puede ser revelada. Los cargos apuntan a que la “conspiración” surgió en una invitación a una comida con cuscús en casa de Jayam Turki, a la que asistió el embajador de España junto con otros diplomáticos occidentales, así como dirigentes políticos e intelectuales tunecinos que mantenían contactos habituales, según ha informado el semanario Jeune Afrique.
Uno de los documentos incorporados al sumario, en el que se cuestiona el autoritarismo del presidente Said, a veces en tono sarcástico y se plantean salidas al bloqueo político, es calificado por las defensas como “hoja de ruta para el diálogo nacional”, mientras la acusación le atribuye la función de “plan urdido para la conspiración interna y externa contra la seguridad del Estado”.
“Acusar a alguien de reunirse con el embajador de su país es una acusación absurda”, puntualizó uno de los letrados de la defensa consultados. “Se les ha llegado a acusar de tentativa de cambio de Gobierno por la fuerza, pero en los registros de sus casas solo encontraron material para escribir, no armas…”, remachó.
