Entre quienes se han leído hasta las notas al pie de página de los 115 folios del fallo de la jueza federal estadounidense que el jueves declaró culpable a Google de doble monopolio ilegal en el mercado digital, están los expertos de la Comisión Europea. Al fin y al cabo, Bruselas lleva investigando desde 2021 prácticamente la misma “posible conducta anticompetitiva” de la plataforma norteamericana en el sector de la tecnología de la publicidad en línea.
Hace menos de dos años, unos meses después de que el Departamento de Justicia norteamericano presentara la demanda contra Google por abuso de posición dominante en la publicidad digital que ahora podría llevar a una partición del gigante estadounidense, el Ejecutivo europeo también planteó esa posibilidad. No obstante, desde que en junio de 2023 emitiera la opinión preliminar de que “solo la desinversión obligatoria por parte de Google de parte de sus servicios [es decir, dividir la empresa] resolvería sus problemas de competencia”, Bruselas todavía no se ha pronunciado sobre si esa será finalmente la decisión que emita —y que de todos modos acabará dilucidándose ante los tribunales europeos— o si propone una sanción menos grave, que no afecte a la estructura básica de la compañía.
De ahí la importancia de la decisión al otro lado del Atlántico, sobre todo en momentos en que el Gobierno de Donald Trump no pierde ocasión de acusar a la UE de actuar de mala fe contra las plataformas tecnológicas norteamericanas. Además, Google no es la única con cuentas pendientes en Bruselas por lo que las autoridades de Competencia tildan de “prácticas anticompetitivas”: también las tienen Amazon, Apple, Meta o Microsoft. Casi todas tienen además procesos pendientes en Estados Unidos. Las autoridades responsables a los dos lados del Atlántico llevan de hecho cooperando desde el primer mandato de Trump, debido a las similitudes de muchos de los casos. Durante su visita reciente a Washington, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, se reunió con Gail Slater, responsable de la sección antimonopolio del Departamento de Justicia, y con el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson.
“Tomamos nota de la decisión y la estudiaremos con interés. El caso que está analizando la Comisión Europea sigue adelante”, dijo la española poco después de conocer la resolución de la jueza federal estadounidense de Alexandria (Virginia). Esta llegó a la conclusión de que Google violó la ley antimonopolio en los mercados de intercambio de publicidad y en los de herramientas utilizadas por sitios web para vender espacios publicitarios, conocidos como servidores de anuncios. En ese sentido, la compañía también fue hallada responsable de la vinculación ilegal del servidor de anuncios para editores de Google, DFP (que es la evolución de DoubleClick, que compró en 2008 por 3.100 millones de dólares), y el servicio de intermediación, AdX.
Es un cargo muy similar al que Bruselas achaca a la empresa del buscador omnipresente de internet desde mediados de 2023. Según anunció en un comunicado la entonces responsable de Competencia, Margrethe Vestager, se concluyó que, “al menos” desde 2014, Google “abusó de su posición dominante”.
“Ha distorsionado ilegalmente el mercado de la publicidad digital. Ha abusado de su posición”, denunció la danesa. Su equipo consideró que, entre otros, lo hizo “favoreciendo a su propio intercambio de anuncios AdX en la subasta de selección de anuncios organizada por su servidor de anuncios para editores dominante DFP, por ejemplo, informando a AdX con antelación del valor de la mejor oferta de los competidores que tenía que superar para ganar la subasta”.
La Comisión también reprochó a la plataforma haber favorecido AdX “en la forma en que sus herramientas de compra de anuncios Google Ads y DV360 realizan pujas en los intercambios de anuncios”. Así, señalaba Bruselas cuando anunció que podría decidir partir la empresa, “Google Ads evitaba los ad exchanges de la competencia y pujaba principalmente en AdX, convirtiéndolo así en el ad exchange [una plataforma que facilita la compra y venta de inventario de anuncios digitales] más atractivo”.
El caso europeo arrancó en 2021, cuando la Comisión abrió una investigación formal antimonopolio contra el gigante estadounidense —la empresa tecnológica más multada por Bruselas— para determinar si favorecía sus servicios de tecnología de publicidad gráfica online en detrimento de otros prestadores, los anunciantes y los editores en línea, lo que violaría las reglas antimonopolio europeas.
Dos años más tarde, llegaba el duro pliego de cargos con la propuesta de partir la empresa, un extremo inusual —no es habitual que en este punto aún preliminar de la investigación se plantee ya una posible sanción o solución al problema— que daba fe de la gravedad que le concede Bruselas a este caso que debe todavía cerrar. Algo ahora en manos de la española Ribera, aunque no hay por el momento una fecha fijada para ello. Antes, en cualquier caso, Google tiene otro desafío judicial en la otra orilla: Este lunes comienza otro proceso por presunto monopolio en el que el Departamento de Justicia norteamericano pide, entre otras cosas, la desinversión de Chrome, la eliminación de los valores predeterminados de búsqueda y la desinversión de Android.
