La guerra en Ucrania, y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, están redefiniendo las políticas de defensa en el norte y el este de Europa. Las amenazas del presidente estadounidense de ignorar sus compromisos con sus aliados al otro lado del Atlántico han impulsado el debate más profundo sobre armamento nuclear en Europa desde hace décadas. Francia se muestra dispuesta a poner su arsenal atómico al servicio de sus socios en el continente; Alemania, Polonia, Dinamarca o Lituania han mostrado cierto interés en las bombas francesas. En paralelo, en otro intento de ampliar el margen de maniobra frente a la amenaza de Moscú, todos los países de la UE fronterizos con Rusia se retirarán del tratado de minas antipersona para reforzar sus capacidades frente a una potencial agresión.
Los más de tres años de invasión a gran escala de Ucrania han elevado la tensión nuclear en Europa. Rusia ha reformado su doctrina para poder responder a ataques convencionales con su arsenal atómico —parte del cual ha sido transferido a Bielorrusia—, ha amenazado con usar armas nucleares tácticas en Ucrania y ha puesto en alerta máxima a “las fuerzas de disuasión” de su ejército. El reciente acercamiento al Kremlin de Estados Unidos —que ha mantenido su paraguas nuclear en Europa durante más de 70 años—, la reducción del apoyo militar a Ucrania y el desprecio con el que la Administración de Trump trata a sus aliados en la OTAN han provocado que varias capitales europeas se planteen alternativas a la dependencia de la primera potencia mundial en materia de defensa.
“Estaríamos más seguros si tuviéramos nuestro propio arsenal nuclear”, declaró Donald Tusk, el primer ministro de Polonia, al Parlamento de su país en marzo. La razón que alegó fue “un cambio profundo en la geopolítica estadounidense”. “En cualquier caso, el camino para ello sería muy largo y tendría que haber un consenso”, matizó Tusk, en un discurso con el que, más que proponer que Varsovia desarrolle una bomba atómica, parecía responder a la oferta que Emmanuel Macron había hecho dos días antes. El presidente de Francia propuso “un debate estratégico sobre el uso de la disuasión nuclear francesa” para extender su protección a los aliados europeos.
Astrid Chevreuil, investigadora del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), incide en que la oferta —poco concreta— de Macron no es nueva. El presidente galo, que ha mencionado en más de una ocasión “la dimensión europea de los intereses vitales de Francia”, ya hizo un anuncio similar a principios de 2020. “Entonces cayó en saco roto, porque justo después irrumpió la pandemia de covid, y era un momento en el que se preveía que Joe Biden sustituiría a Trump en la Casa Blanca”, sostiene Chevreuil. Esta vez, con la guerra en Ucrania y las amenazas de Washington como telón de fondo, ha sido bien distinto. Incluso antes de que se pronunciara Macron, el conservador Friedrich Merz, quien en mayo se convertirá en canciller alemán, reclamó durante la recta final de la campaña electoral el inicio de conversaciones con Francia y el Reino Unido sobre “cómo complementar el escudo nuclear estadounidense”.
Dinamarca, Lituania y Letonia también agradecieron la propuesta de Macron. “No es algo en lo que estemos trabajando, pero ahora mismo necesitamos que todas las opciones estén sobre la mesa”, dijo Mette Frederiksen, la primera ministra danesa. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, elogió “una idea muy interesante” que ofrece “grandes perspectivas”. Y Evika Silina, la primera ministra letona, la calificó como “una oportunidad que merece ser debatida”.
Desde la fundación de la OTAN en 1949, la disuasión nuclear de la Alianza ha recaído en Estados Unidos. Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Turquía albergan armamento atómico estadounidense. La Administración de Trump no ha amenazado específicamente con retirar sus ojivas nucleares de Europa, pero sí con reducir notablemente la cifra de soldados estadounidenses destinados en el continente y con incumplir el compromiso de defender a sus aliados en la OTAN en caso de agresión.
Proceso complejo y lleno de obstáculos
Sustituir el escudo nuclear estadounidense por uno francés —o uno francobritánico— sería un proceso complejo, costoso y lleno de obstáculos. Las bombas nucleares de la única potencia atómica de la UE solo pueden lanzarse desde aviones o submarinos de fabricación francesa. Y Macron dejó claro que la decisión de utilizar ese armamento “siempre ha sido, y será, del presidente y comandante en jefe de Francia”. La investigadora del CSIS subraya que “en la doctrina francesa todo está en manos del presidente; su disuasión nuclear es una de las más centralizadas del mundo”.
Cédric Perrin, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa en el Senado francés, propuso que los aliados europeos interesados en la extensión de la disuasión nuclear gala colaboren con los costes del mantenimiento del arsenal atómico de Francia, que en 2024 superaron los 5.800 millones de euros.
A diferencia de las de Francia, las fuerzas nucleares del Reino Unido dependen en gran medida de Estados Unidos para el diseño y la fabricación de armamento y el mantenimiento de su arsenal. Además, sus misiles balísticos capaces de portar cabezas nucleares únicamente pueden lanzarse desde submarinos.
Chevreuil considera que en cualquier discusión en París —o en Londres— sobre la posibilidad de extender su disuasión nuclear se tratará de evitar que la Administración de Trump reaccione con el repliegue de sus fuerzas en el continente. Y que se enfrentará al reto de “resultar creíble, tanto a sus aliados como a Rusia”. Una transferencia de armas nucleares francesas también se toparía con trabas legales: París tendría que retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear y en algunos países, como Lituania, sería necesaria una reforma constitucional para poder alojarlas.
Mientras en varias capitales europeas se debate —a puerta cerrada— sobre las armas nucleares, todos los miembros de la UE que comparten frontera con Rusia aceleran sus planes para abandonar el Tratado de Ottawa, que prohíbe la fabricación, el uso, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersona. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia anunciaron el 19 de marzo que se retirarán a lo largo de este año. Finlandia hizo lo propio dos semanas después. Este martes, Karlis Neretnieks, general retirado y director del Colegio de Defensa Nacional de Suecia, reclamó que el país escandinavo también renuncie al Tratado de Ottawa y adquiera cuanto antes minas antipersona.
Noruega, el único miembro de la OTAN y no de la UE que linda con Rusia, asegura que mantendrá el veto a este tipo de minas y rechaza la medida adoptada por sus aliados. “Si empezamos a debilitar nuestro compromiso, facilitamos que en conflictos por todo el mundo se vuelvan a utilizar estas armas, porque reducimos el estigma”, declaró Barth Eide, el ministro de Defensa noruego. Amnistía Internacional o Human Rights Watch también han criticado con dureza el paso dado por Polonia, Finlandia y los países bálticos.
Kalev Stoicescu, presidente del Comité de Defensa en el Parlamento estonio, justifica por teléfono la polémica medida: “Si tenemos que detener hordas invasoras, como vemos que luchan en Ucrania, estaremos listos para usar estos medios, entre comillas, inhumanos”. Stoicescu, que era embajador en Estados Unidos y Canadá cuando se firmó la Convención en 1997 en Ottawa, sostiene que Estonia quiere tener “las manos libres” para hacer frente a “la amenaza que suponen Rusia y Bielorrusia”.
Las minas antipersona, que Rusia ha empleado masivamente en Ucrania, contaminan el terreno y suponen un riesgo para la población durante décadas. En 2023 causaron casi 2.000 muertes y lesiones graves a más de 3.600 personas en 50 países distintos, según el último informe anual del Observatorio de Minas Antipersona. El 84% de las víctimas fueron civiles, principalmente niños y mujeres.
El temor a Moscú ya provocó que Polonia, Finlandia y los países bálticos fueran los últimos miembros de la UE en firmar la Convención de Ottawa. Vilnius, Tallin y Riga lo hicieron entre 2003 y 2005; Helsinki y Varsovia no la ratificaron hasta 2012. Además de iniciar el procedimiento para levantar el veto a las minas antipersona, Lituania se retiró formalmente en marzo de la Convención sobre las Municiones de Racimo, a la que nunca llegaron a adherirse Polonia, Finlandia, Estonia y Letonia.
